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4 Opinión MIÉRCOLES 21 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LEY MORDAZA EN CATALUÑA C AL QAIDA EN ESPAÑA A última operación policial contra grupos vinculados con el terrorismo islamista demuestra la intensidad con la que el yihadismo internacional ha tomado España como base logística preferente. En 2005, el número de presos por esta causa ha aumentado un 52,3 por ciento respecto de 2004, según datos de la Audiencia Nacional. La cifra no sólo revela la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también un incremento preocupante de la extensión en nuestro país de los grupos de apoyo a Al Qaida. El lunes pasado, la Policía realizó dieciséis detenciones en Málaga, Sevilla, Granada, Lérida y Palma de Mallorca, lo que permitió desmantelar una célula directamente relacionada, según el Ministerio del Interior, con el autoproclamado emir de Al Qaida en Irak, Abu Musab Al Zarqaui. Este grupo estaría enviando dinero y captando candidatos a suicidas para ponerlos a disposición del terrorista jordano, responsable de los más atroces atentados cometidos en Irak. Nada, por tanto, de insurgencia o resistencia sino puro y simple terrorismo contra ciudadanos civiles, miembros de la Policía iraquí y militares de una fuerza multinacional avalada por el Consejo de Seguridad de la ONU. El balance contra el terrorismo islamista es, por ahora, positivo, si bien aún se mueve en el terreno de la actuación policial y falta consolidar un respuesta judicial acorde con las valoraciones del Ministerio del Interior sobre la trascendencia de esas operaciones. Las cortas condenas impuestas por la Audiencia Nacional a los integrantes de la célula del 11- S fueron una seria advertencia en este sentido, por lo que, más allá de reiterar insistentemente el número de detenidos por la Policía, como hace el Gobierno, conviene insistir en la solidez de las pruebas para plantear imputaciones judiciales por delitos terroristas- -integración o colaboración- y no por delitos comunes como narcotráfico o falsedades. También se impone un cambio de perspectiva política acerca de este grave problema, porque, para obtener el máximo rendimiento del encomiable esfuerzo policial que se está desarrollando, es necesario dejar de explicar la odiosa querencia de los terroristas integristas por España sólo por la situa- L ción geoestratégica de nuestro país, como puerta de entrada a Europa desde el Magreb. Aunque resulte incómodo afirmarlo, la laxitud de la política migratoria española es un acicate para las organizaciones terroristas, estímulo que se beneficia del miedo a cometer una incorrección política si se reconoce que la seguridad colectiva también tiene su capítulo en el control de los flujos migratorios y en la aplicación de las normas de expulsión previstas por la legislación de extranjería. Así se podría haber evitado el bochorno de conocer que algunos detenidos en otras operaciones antiterroristas tenían pendiente una orden de expulsión o, para mayor oprobio, se les había regularizado su situación administrativa. La amenaza terrorista en España se ha multiplicado por dos. Al Qaida no ha sustituido a ETA, aunque la tentación para creerlo así es muy fuerte en determinados sectores interesados en propalar expectativas de paz con los etarras, reconvertidos, por fuerza de la comparación, en terroristas menores. Pero como no es así, el Gobierno tiene la obligación política con la sociedad española y la responsabilidad con sus socios occidentales de destinar los medios económicos y humanos que sean necesarios para sostener una lucha antiterrorista que se plantea a largo plazo, con riesgos aún desconocidos y con unos métodos específicos, impuestos por la compleja estructura del terrorismo islamista, cuyo campo de actuación se proyecta sobre toda la comunidad democrática y sus aliados musulmanes. Aunque España abandonó la coalición internacional que derrocó a Sadam Husein y que ha facilitado la transición de Irak hacia la democracia- -precaria y acosada por el terrorismo, pero democracia- nuestro país no sólo no se ha librado de la amenaza integrista, sino que ésta se ha extendido en el doble sentido de ser una base privilegiada para su logística internacional y un objetivo constante de sus planes de atentados. Nadie en su sano juicio podría repetir ahora la sandez de la antes oposición socialista sobre el comando Dixán porque el terrorismo integrista ya ha demostrado su capacidad para superar cualquier límite conocido al uso de la violencia. ON la única oposición del PP, el Parlamento catalán sacó ayer adelante una nueva ley audiovisual que puede suponer uno de los varapalos más serios que sufra el artículo 20 de la Constitución- -que consagra la libertad de expresión- -en su cuartode siglo de existencia. El cuatripartito parece que no se ha resistido a la tentación del control de la información (propia de otros sistemas políticos) que emitan las 96 emisoras locales de televisión- -37 públicas y 59 privadas- así como las cadenas públicas de ámbito autonómico, además de las 200 emisoras de radio municipales y una sesentena de radios locales privadas que operan en ese territorio. Y ya tiene su ley mordaza Entre otros puntapiés al texto constitucional hay uno aún más sobresaliente que supone el arrebatar la jurisdicción a los tribunales para otorgársela a un órgano, el Consejo Audiovisual, que podría sancionar con hasta 300.000 euros o tres meses de suspensión de las emisiones a aquellos medios públicos o privados que, según su criterio, incumplan la nueva normativa. Entre sus funciones está el determinar qué información es veraz o no, potestad que se hurta a los jueces. El recurso de inconstitucionalidad debe ser inmediato, así como la queja de las asociaciones profesionales que no han de tolerar este regreso al pasado. Policía audiovisual. Josep Borrell EPA EL PARLAMENTO EUROPEO AMAGA E nuevo amenaza tormenta en Bruselas. Tras el relativo alivio que supuso que el último Consejo Europeo sacara, aunque con fórceps, un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión, los grupos mayoritarios de la Eurocámara expresaron ayer su recelo por esas cuentas, sintetizado en la postura hecha pública por su presidente, Josep Borrell, que animó a los eurodiputados a enmendar el texto acordado por los jefes de gobierno de los Veinticinco antes de dar su visto bueno. Blair le advirtió que hay muy poco margen de enmienda. Por ello es probable que sólo se trate de un toque de atención, de un gesto de cara a la galería, a no ser que Estrasburgo esté decidido a abrir una nueva crisis que unir al fiasco de la Constitución y a la traumática pelea por el reparto del dinero. Es de esperar que en la negociación a tres bandas (Comisión, Consejo, Parlamento) se haga de la necesidad virtud, se limen las asperezas y se evite un choque institucional de imprevisibles consecuencias. UN CRIMEN ESPELUZNANTE D E L crimen cometido el pasado fin de semana en un cajero de Barcelona ofrece aspectos de una crueldad fuera de lo común. Tres jóvenes, uno de ellos menor de edad, asesinaron a una indigente después de propinarle una paliza, regresar a la oficina bancaria y rociarla con gasolina con objeto de quemarla viva. La secuencia de los hechos resulta espeluznante, incluso en estos tiempos en que las imágenes violentas se adueñan a todas horas de los medios de comunicación. No es un caso aislado. La ley del más fuerte impera en ciertos colegios e institutos, y muchos profesores y no pocos niños y adolescentes padecen cada día sus trágicas consecuencias. Tampoco sirve una explicación sociológica ni caben atenuantes de tipo psicológico. Al parecer, se trata de tres jóvenes perfectamente integrados. Nada que ver, por tanto, con los sucesos de hace algunas semanas en los barrios periféricos de París y de otras ciudades francesas. Ni siquiera se intuyen posibles motivaciones políticas o ideológicas que- -siendo, por supuesto, intolerables- -ayudarían tal vez a determinar el perfil de los agresores. Estamos en presencia de la expresión radical de un fenómeno por desgracia muy extendido. La violencia se ha convertido en un asunto banal. Humillar a otros seres humanos y satisfacer con los más débiles los peores instintos son comportamientos que los jóvenes contemplan una y mil veces en el cine, la televisión y los videojuegos. La familia empieza a fallar estrepitosamente, no ya como vehículo de transmisión de valores morales, sino incluso de las pautas más elementales de la vida civil. Con demasiada frecuencia, la escuela no cumple su función formativa, ni sirve para la integración de los futuros ciudadanos. En este contexto, los poderes públicos deben replantearse seriamente su política social y educativa, más allá de la lucha partidista o de la retórica al uso. Algo falla cuando se cometen este tipo de infamias sin que susciten una reflexión colectiva más allá del horror transitorio. La naturaleza humana es capaz de caer muy bajo, pero lo mínimo que cabe exigir a una sociedad civilizada es que impida la existencia de estas agresiones salvajes.