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ABC DOMINGO 18 12 2005 13 ETA continúa su campaña de extorsión a empresarios con un atentado contra una empresa de Guipúzcoa ERC advierte a Zapatero que tiene un problema y CiU le recuerda su compromiso con Cataluña El PSC admite la lejanía entre la propuesta de Solbes y la del tripartito, e ICV la ve centralista y miedosa ha de implicar a fondo para que las negociaciones puedan realmente saldarse con un acuerdo y concluir con un buen acuerdo para Cataluña En la línea de lo afirmado días atrás en el Foro ABC, el presidente de CiU, Artur Mas, afirmó que la alternativa del Solbes al modelo de financiación nos deja sin el grano y con toda la paja por lo que, a partir de ahora, se tendrá que negociar a fondo. Mas considera que el documento mutila completamente el Estatuto, por lo que es absolutamente inaceptable A su juicio, la fórmula resulta peor que la contenida en el Estatuto de 1979. También hubo decepción en el PSC, que mediante su portavoz, Miquel Iceta, reconoció que estamos lejos de la propuesta del Gobierno, aunque precisó que se trata de un punto de partida para la negociación Según Iceta, ahora lo que toca es negociar para aproximar posiciones y llegar a un acuerdo que el PSC considera no sólo necesario, sino posible El dirigente socialista entró en detalle: No tendría sentido hacer un Estatuto para crear una Agencia Tributaria en Cataluña que sólo gestionase los impuestos de la Generalitat y puso de manifiesto la necesidad de concretar más la capacidad normativa catalana, así como los principios o criterios a la hora de formular los mecanismos de solidaridad y nivelación El portavoz del grupo parlamentario de ICV- EA, Joan Boada, consideró del todo inaceptable la propuesta alternativa del Gobierno al apartado de financiación del nuevo Estatuto catalán por ser muy cerrada, centralista y miedosa Las propuestas en materia de financiación que el Gobierno ha remitido a los partidos catalanes suponen la desaparición del sistema ad hoc que el Estatuto catalán habría previsto. Los recortes del Ejecutivo son de fondo y no se reducen a meras correcciones técnicas Uno de los puntos clave del proyecto, limpio como una patena ABC MADRID. La propuesta que el Gobierno ya ha hecho llegar a los partidos catalanes impulsores del Estatuto no deja lugar a dudas: el modelo de financiación ad hoc que Cataluña propone para sí es inaceptable y los recortes que hará el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero son radicalmente opuestos a las pretensiones del Parlamento catalán. Cataluña no recaudará todos los impuestos, sino los propios y los que el Estado tenga cedidos u opte por ceder en el futuro; su Agencia Tributaria existirá, pero consorciada con la estatal, no de modo independiente o autónomo; en ningún caso habrá un cupo decidido por Cataluña para ceder al Estado como forma de solidaridad no habrá un trato de privilegio para Cataluña respecto a las demás Comunidades; no habrá competencia exclusiva de Cataluña para regular su Hacienda; no habrá derechos históricos como careta o excusa para prebendas financieras favorables; y no habrá una relación financiera bilateral al margen de la letra de la Lofca ni la supremacía de una norma estatutaria sobre la estatal. El Estatuto no impondrá nada al Estado. Así de tajante es la tesis del Gobierno, que ha supuesto un jarro de agua fría para los negociadores nacionalistas. Desde ahora y hasta el día 27, empieza una dura negociación. Estas son las principales correcciones del Ejecutivo: cepto que aduce que en aplicación de los principios de proximidad y subsidiariedad, lo establecido en el presente Estatuto es aplicable de forma preferente en caso de conflicto normativo con la legislación del Estado Es inconstitucional atribuir esa preferencia al Estatuto. Cataluña, así como por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos que se determinen corresponde a la Agencia Tributaria de Cataluña El Gobierno resta así de modo severo muchas de las facultades que el Parlamento catalán concedía a su Agencia. Responsabilidad fiscal. El artículo del Estatuto que prevé la capacidad normativa y responsabilidad fiscal de la Generalitat sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña deberá ser modificado. La responsabilidad fiscal tiene un alcance jurídico difuso y deja la puerta abierta a una gestión autónoma de tributos incompatible con la Carta Magna. Sin exclusividad. El Gobierno plantea suprimir la palabra exclusiva del artículo que prevé que la Generalitat tiene competencia exclusiva para ordenar y regular su Hacienda Agencia Tributaria. Se eliminará cualquier referencia que apunte a la desaparición en el territorio catalán de la Agencia Estatal Tributaria o a su sustitución por la catalana. Ambas convivirán, con la sumisión de la segunda a la primera en la gestión en favor de Cataluña de los impuestos propios del Estado. Sin derechos históricos. La remisión a los derechos históricos de Cataluña recogidos en una disposición adicional no podrá ser una excusa para obtener beneficios financieros en detrimento de las demás autonomías. Sin equiparación al PIB ni cupo foral. El Ejecutivo no acepta la obligación que impone el Estatuto de invertir en Cataluña el equivalente de lo que contribuye esta Comunidad al PIB nacional. Quebraría el principio de solidaridad entre regiones. Tampoco admite la equiparación, en un máximo de 15 años, de la financiación por habitante catalán y año a la vigente para las Comunidades que gozan de un concierto económico al margen del régimen general (País Vasco y Navarra) Recaudación de impuestos. Para el Ejecutivo es improcedente el artículo que atribuye a la Generalitat la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos estatales soportados en Cataluña También lo es el que concede ese cometido a la Agencia Tributaria de Cataluña. El Gobierno suprime tal cual estos preceptos y propone la siguiente redacción, que supone un vuelco de las aspiraciones nacionalistas: La gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos los tributos propios de La legislación estatal, preeminente: El Gobierno no acepta el artículo del Estatuto que establece una preeminencia del Estatuto sobre las leyes del Estado. Por ello, plantea suprimir el pre- Cataluña no gestionará todos los impuestos; sólo los propios y los que le pueda ceder el Estado