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18 Nacional LA POLÍTICA DEL CEMENTO Y DEL LADRILLO EN LA COSTA MEDITERRÁNEA SÁBADO 17 12 2005 ABC Cifras millonarias, proyectos deslumbrantes y dimisiones sonadas J. R I. B. VALENCIA ALICANTE. Las polémicas en la Comunidad Valenciana por la política urbanística constituyen una historia de cifras millonarias, proyectos deslumbrantes, dimisiones sonadas y disputas internas en el PP y el PSOE. En la provincia de Alicante, la aprobación en la capital del denominado Plan Rabasa una actuación que prevé la construcción de 15.000 viviendas de las que la mitad figuran como protegidas, ha logrado condicionar la vida política municipal y parte de la autonómica. El proyecto, impulsado por el PP, fue adjudicado a un solo constructor sin ser incluido en el Plan General de Ordenación Urbana, todavía en fase de elaboración, y recibió el apoyo del grupo socialista contra el criterio del entonces secretario general del PSOE local, quien acabó renunciando al cargo al quedarse solo en su oposición. Si bien la dirección de los socialistas valencianos acabó por defenestrar a sus concejales en Alicante y rechazar la planificación, la dirección del PSOE en la Comunidad Valenciana no ha tenido empacho en consentir que en la vecina población de Elda, de gobierno socialista, se haya dado luz verde a un macroproyecto que, con 7.500 viviendas y un campo de golf, ocupa una superficie equivalente al 10 por ciento del término del municipio. La nueva Ley Urbanística Valenciana zanjará el jueves una década de polémica La Generalitat cree que lobbies europeos quieren desviar inversiones b La Generalitat ha anunciado que va a cumplir con sus obligaciones en el plazo marcado por las autoridades comunitarias. No así- -dicen- -el Gobierno central J. REIGADAS M. CONEJOS VALENCIA. El próximo jueves, día 22, las Cortes Valencianas aprobarán en sesión extraordinaria la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que supondrá la derogación de la actual normativa en vigor, la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y que se espera que traiga la ansiada paz social a una Comunidad sobresaltada por polémicas, ultimátum varios y virulentos debates sobre la política del cemento y del ladrillo en la costa mediterránea. El problema se inició cuando la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística de 1994, aprobada por el Gobierno socialista de Joan Lerma, comenzó a recibir un goteo de quejas ante la Unión Europea en su etapa de ejecución, en su gran mayoría bajo gobierno del PP. Los pequeños propietarios, en especial europeos con residencia en la Comunidad Valenciana, trasladaron su preocupación a las autoridades comunitarias que, asustadas por la avalancha de 15.000 reclamaciones, decidieron enviar este verano una delegación compuesta por tres eurodiputados para inspeccionar in situ el problema. Mientras, el Consell ya había redactado una nueva ley y la había presentado a tramitación a la Cámara autonómica. En medio de la vorágine, el informe no vinculante de los eurodiputados se votó el pasado martes en el Parlamento Europeo. En él, se critica la LRAU, se alaba la futura LUV, se recomienda una moratoria para la transición de ambas legislaciones y se denuncia la corrupción comprobada existente en la Comunidad, eso sí, sin aportar ninguna sentencia judicial que lo acreditara, lo que llenó de indignación a la Generalitat. Solamente 24 horas más tarde, la Comisión Europea sorprendía al Consell con un ultimátum de tres semanas para que cambiara la ya en tramitación parlamentaria LUV para adecuarla a las normas europeas, bajo amenaza de acabar en la Justicia continental. Las autoridades de Bruselas desconocían que todas sus dudas y exigencias sobre competencias autonómicas ya habían sido incorporadas en el nuevo texto gracias a un centenar de enmiendas presentadas por el PP y que su advertencia de tres semanas no tenía sentido porque la ley se va a aprobar la semana que viene, sólo ocho días después de su ultimátum. Otra cuestión, obviamente, son las competencias sobre contratación, también objeto de polémica, que son estatales. Lobbies europeos El caso de Benicásim En la provincia de Castellón, los populares han sufrido sus discrepancias internas, como en el caso de Benicásim, cuando dos concejales del PP rompieron la disciplina de voto y se aliaron con la oposición en el rechazo de un proyecto urbanizador con campo de golf y 3.000 viviendas. Las presiones de la dirección del partido consiguieron que un concejal dimitiera y ocupara su cargo un edil de confianza y que el otro aceptara finalmente votar de acuerdo con las consignas de su formación para dar luz verde al proyecto. La provincia de Valencia tampoco se escapa a la controversia, como ha ocurrido con el Manhattan de Cullera un macroproyecto de cinco millones de metros cuadrados con 4.800 viviendas, edificios de hasta 42 plantas y un puerto deportivo con 800 amarres en la desembocadura misma del río Júcar. En Tavernes de Valldigna, cuatro millones de metros cuadrados son preparados para construir tres hoteles, dos campos de golf, una marina interior con mil amarres, una desaladora, 5.000 viviendas y un parque industrial, proyecto por el que ha dimitido un directivo de Bancaja por haber comprado terrenos antes de hacerse públicas las intenciones de su empresa de presentar el PAI. El polémico informe de los parlamentarios europeos tiene un origen, según el portavoz del Gobierno valenciano, Esteban González Pons, meramente económico El argumentario empleado por el portavoz se basa en la supuesta existencia de lobbies europeos interesados en que las inversiones de fondos que están llegando a la Comunidad se desplacen a otros lugares, como los Balcanes o la costa italiana como consecuencia de la mala imagen que se quiere trasladar de la costa valenciana Estamos en el momento de que los fondos de inversión hagan su balance y si los fondos alemanes, ingleses o franceses detectan que hay una Comunidad que tiene mala fama, se irán a otro lado añadió. La batería de titulares en algunos rotativos británicos en contra del modelo urbanístico valenciano tendría esta explicación para el consejero portavoz, quien deja entrever el tufillo político que está detrás de esta campaña de desprestigio, porque nuestro modelo no es ni mejor ni peor que el andaluz, el catalán, el del sur de Francia o el de la costa italiana Esteban González Pons tiene su propia visión del peculiar funcionamiento del Parlamento Europeo, ya que no hay más que ver cifras de inversión publicitaria en algunos periódicos y tener claro cómo se mueve este Parlamento