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ABC SÁBADO 17 12 2005 Nacional 15 La vicepresidenta De la Vega durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros EFE El Gobierno limita el poder del Supremo para reforzar a los tribunales autonómicos Niega que la reforma de la casación implique diecisiete justicias distintas parte de la reforma judicial proyectada por el Ejecutivo generaliza la segunda instancia penal y pone las bases para implantar la nueva oficina judicial NIEVES COLLI MANUEL MARÍN MADRID. El Gobierno dio ayer luz verde a la primera parte de una amplia reforma de la Justicia al aprobar durante la reunión del Consejo de Ministros la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que, en primer lugar, limitará las competencias del Tribunal Supremo para, al mismo tiempo, potenciar las de los tribunales superiores de justicia de las Comunidades Autónomas, y que, en segundo término, generalizará la garantía de la segunda instancia penal. Además, el Ejecutivo sacó adelante la plasmación del nuevo modelo de oficina judicial- -aprobado por el PP en 2003- -en 21 normas procesales, que han sido modificadas para permitir por fin su implantación. La segunda parte de esta ambiciosa reforma- -creación de consejos autonómicos y Justicia de proximidad- -saldrá adelante, previsiblemente, el próximo viernes. La regulación del nuevo recurso de casación responde a una vieja reclamación del propio Supremo para descargar de trabajo al alto Tribunal y constituye también uno de los puntos clave de la reforma judicial que el PP incluyó en su programa electoral. La situación, sin embargo, no se presenta ahora tan pacífica, pues a la inexistencia de un pacto de Estado en materia de Justicia entre PSOE y PP se suma el hecho de que la modificación por parcelas de la LOPJ está ligada políticamente a la tramitación parlamentaria b La primera Otros acuerdos Medio Ambiente. El Consejo de Ministros aprobó ayer una serie de medidas urgentes para regular las transacciones de derechos de agua entre cuencas diferentes. (Más información en sección de Sociedad) Contratos del sector público. El Consejo analizó un informe sobre el anteproyecto de la Ley de Contratos del Sector Público para transponer la directiva de la UE de coordinación de procedimientos de adjudicación de contratos públicos. Se reducirán los costes para los licitadores. Transportes públicos. Suscripción de contratos con Madrid y Barcelona para financiar el transporte regular de viajeros por carretera. Madrid recibirá 168 millones en 2006 y Barcelona 136. Cuatro microcréditos por valor total de 10 millones a entidades de Perú, Haití y Albania. de la propuesta de Estatuto para Cataluña. Desde el PP, su secretario general, Ángel Acebes, denunció que la reforma aprobada ayer supone un primer paso para dejar como la patena el proyecto de Estatuto catalán y advirtió al Gobierno de que su partido estará muy atento al diseño que se dé a la casación para evitar que se ponga en peligro la supremacía del Supremo y que éste sea suplantado por los tribunales superiores de Justicia, en los que recaerá una parte de sus competencias. La vicepresidenta del Gobierno, Teresa Fernández de la Vega, negó la posibilidad de que la reforma suponga la creación de diecisiete justicias diferentes, una por cada comunidad autónoma, e hizo hincapié en que el Supremo será el garante en toda España de la igualdad y la seguridad jurídica Quien diga lo contrario- -concluyó- -está faltando a la verdad o no se ha leído la ley Tres son los aspectos cruciales del proyecto aprobado ayer por el Gobierno. En primer lugar, el nuevo tratamiento del recurso de casación, que se aplicará sólo cuando se produzcan infracciones en el ordenamiento jurídico estatal y que se orientará a la unificación de doctrina. Así, podrá plantearse ante el Supremo cuando se produzcan contradicciones entre las sentencias de los órganos inferiores o cuando se incumpla la doctrina de este Tribunal y del Constitucional. El techo judicial en materia de derecho autonómico o foral serán los tribunales superiores de las Comunidades Autónomas. Cumplir la doctrina del TEDH El segundo gran bloque lo constituye la generalización de la segunda instancia penal, con lo que España cumplirá por fin lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos así como la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los tribunales superiores asumirán la competencia de revisar las sentencias dictadas por las audiencias provinciales, mientras que tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional se crearán salas específicas de apelación. En tercer lugar, el anteproyecto aprobado ayer incluye la modificación de 21 leyes procesales con el fin de facilitar la puesta en marcha de la nueva oficina judicial. Este nuevo modelo establece una clara distribución de competencias entre el juez- -que se dedicará sólo a su función jurisdiccional- -y un reforzado cuerpo de secretarios judiciales.