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4 Opinión SÁBADO 17 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA PUNTA DEL ICEBERG L presidente del Banco Central Europeo, Jean- Claude Trichet, no pudo ayer ser más explícito al señalar que el gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio, pudo haber infringido el código de conducta de la entidad europea. Investigado por el uso de información privilegiada en la frustrada opa de BPI sobre Antonveneta, su situación se tambalea después de que la Fiscalía italiana haya decidido investigar también al presidente de Unipol, Giovanni Consorte, en relación con la compra de acciones de la Banca Nazionale del Lavoro (BNL) la entidad que hace meses suscitó un pulso financiero entre la aseguradora, con el favor del gobernador del Banco de Italia, y el BBVA. La convulsión que las actuaciones judiciales han provocado en Italia tiene cierto paralelismo con los episodios vividos en 1992, cuando el antiguo fiscal de Manos Limpias, Antonio di Pietro, desveló una inmensa red de corrupción político- financiera. La Fiscalía atribuye a Consorte los delitos de ocultación de información, manipulación de mercado y obstaculización a las autoridades de vigilancia, lo que coloca a Fazio contra las cuerdas. E EL DOBLE FONDO DE LA REFORMA JUDICIAL L Consejo de Ministros aprobó ayer una reforma de la Justicia cuya trascendencia de cara a la opinión pública está velada por su complejidad técnica. Sin embargo, la alteración simultánea de las competencias del Tribunal Supremo y de los Tribunales Superiores de Justicia es, por principio, una reforma con un importante significado institucional, porque incide directamente en el diseño constitucional de la Administración de Justicia. No en vano, los únicos Tribunales ordinarios a los que se refiere la Constitución- -dejando a un lado el Jurado- -son el Supremo y los Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas. Pero, además, esta reforma, y las que próximamente aprobará el Gobierno en materia de Justicia, está directamente relacionada con el movimiento de revisiones estatutarias que ha impulsado el PSOE desde su llegada al poder. De hecho, durante el debate en el Congreso sobre el nuevo Estatuto de Cataluña, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vinculó expresamente las previsiones estatutarias sobre la Administración de Justicia con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Reforma que ayer aprobó el Consejo de Ministros. Aún están pendientes otras reformas judiciales, como la que pretende instaurar la Justicia de proximidad o los Consejos autonómicos de Justicia. Cuando este conjunto de iniciativas esté aprobado, se podrá comprobar si están fundados los temores actuales de que el resultado final consistirá en el debilitamiento de las dos principales instituciones unificadoras del Poder Judicial: su Consejo General y el Tribunal Supremo. Ciertamente, la reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros se apoya en un diagnóstico generalmente compartido: hay un exceso en la carga de trabajo del Alto Tribunal. También es cierto que tal afirmación admite matices, porque no todas las Salas del Supremo tienen igual índice de saturación. Pero lo que no está tan claro es que la solución a este problema consista en restringir la casación del Supremo a la unificación de doctrina, que es tanto como hacer de este Tribunal únicamente un reparador de contradicciones entre órganos inferiores o con su jurispru- E dencia- -función que ya prevé la Ley de Enjuiciamiento Civil con el epígrafe de interés casacional desplazando el interés de los ciudadanos que se ven perjudicados por sentencias erróneas, que, sin embargo, tendrán vedado el acceso al Supremo si no contradicen la doctrina de otros Tribunales o la propia del Alto Tribunal. La necesidad de reformar la casación es compartida por todos los sectores judiciales. La conveniencia de ampliar las competencias de los TSJ, también. El Gobierno del PP modificó el proceso civil, primero, y la Ley del Poder Judicial, después, en este sentido, con el voto en contra del PSOE. Pero hay que observar con extraordinaria prevención el hecho de que ambas reformas se acometan como vasos comunicantes y hayan sido vinculadas políticamente por el propio Gobierno para dar cobertura al proyecto de Estatuto catalán, que prevé para el TSJ de Cataluña la competencia sobre recursos de casación en materia de Derecho estatal. La reforma judicial no acaba aquí y seguirá con unos órganos autonómicos- -Consejos de Justicia- -que podrían tener competencias para, en última instancia, designar jueces con destino en los Tribunales radicados en las Comunidades Autónomas. No es una especulación: es lo que propone el proyecto de Estatuto de Cataluña, a cuyo servicio el Gobierno ha puesto las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El Gobierno juega con ventaja al aprovechar los problemas reales de la Justicia para proponer soluciones que, ante todo, sirven a intereses ajenos. La reforma de la casación no precisa ningún acompañamiento estatutario. El aumento de competencias de los TSJ no tiene por qué alimentarse de las del Tribunal Supremo. La mejora de la primera instancia judicial no requiere jueces de proximidad no profesionales vinculados al poder local. La eficacia del Poder Judicial no necesita la creación de Consejos autonómicos que hagan la competencia desde dentro al Consejo General previsto por la Constitución. Y, sin embargo, esto es lo que prevé el Gobierno, para interna satisfacción de nacionalistas y preocupación de los demás. Antonio Fazio AP CONTHE RECTIFICA BLIGADO por la propia magnitud del error, la CNMV reculó ayer en su intención de controlar las relaciones de las empresas con la prensa. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conthe- -que se reunió con los responsables de la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) y la Federación de Asociaciones de prensa de España (Fape) tuvo que aceptar la evidencia y desistir de un proyecto que pretendía ejercer un intolerable control previo de la información. Conthe, otra vez, obligado a rectificar. O EL PSE CONSOLIDA A IBARRETXE D ESDE su salida del Gobierno vasco en 1998 no se había producido un apoyo del PSE a los Presupuestos de aquella Comunidad Autónoma. De hecho la aprobación de las cuentas públicas en el Parlamento de Vitoria ha generado situaciones insólitas y no pocos escándalos. Incluso los Presupuestos ahora vigentes están impugnados ante el TC por un error en la votación a cargo de una diputada socialista. Pero la situación ha cambiado por completo: el PSE retiraba ayer su enmienda a la totalidad y el pleno de la Cámara rechazaba sin problemas las presentadas por el Partido Popular. Todo apunta a una cómoda tramitación del proyecto en las próximas semanas, como contrapartida del reciente apoyo del PNV en el Congreso de los Diputados, obtenido por el PSOE mediante un compromiso en torno a la red de alta velocidad ferroviaria, conocida como Y vasca. La reacción de los diferentes partidos refleja fielmente el nuevo mapa político. Los nacionalistas se jactan ahora de la centralidad del Ejecutivo de Vitoria. Patxi López- -siempre incapaz de llamar a las cosas por su nombre- -habla de la actitud positiva de su Grupo, negando que sea el anticipo de acuerdos futuros, y solo María San Gil ha puesto el dedo en la llaga: el PSE renuncia a ser alternativa de gobierno. En rigor, se ha convertido ya en un soporte del nacionalismo, liquidando la acción concertada del movimiento constitucionalista. La estrategia de Zapatero quedó definida en su día con la defenestración de Redondo Terreros. Desde entonces, todos y cada uno de los pasos conducen en la misma dirección. No parece importarle que se trate ahora de consolidar a un lendakari investido gracias al PCTV y que no ha renunciado de ningún modo a su plan soberanista. Tampoco importa que los Presupuestos incluyan partidas en beneficio de una política relativa a los presos de ETA que rompe definitivamente el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Al contrario, Ibarretxe espera agazapado su oportunidad, siguiendo atentamente la evolución del Estatuto Catalán. Se empecina así el presidente del Gobierno en un planteamiento que conduce sin remedio a la destrucción del modelo territorial vigente. SABER LA VERDAD C INCO meses después, los familiares y amigos de las víctimas mortales del retén contra incendios que fallecieron el pasado verano en Guadalajara exigirán hoy en una concentración por las calles de la ciudad castellano- manchega saber la verdad y que se haga justicia pues denuncian el olvido de la Administración y las presiones a los testigos. A la manifestación no asistirá el presidente de Castilla- La Mancha. Su argumento resulta más que discutible: No tengo por costumbre hacerlo, salvo que sea un problema de falta de libertad o de garantías constitucionales