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90 JUEVES 15 12 2005 ABC Economía Hacienda permitirá a las comunidades autónomas participar en la gestión del IRPF El PP denuncia que hay un proyecto para transferir personal a las agencias regionales y ceder la inspección b El Ministerio de Economía asegura que se mantendrá una base de datos única en la agencia estatal y que no se cederán las facultades de inspección del impuesto YOLANDA GÓMEZ MADRID. La propuesta de financiación autonómica del Ministerio de Economía, alternativa al proyecto de Estatuto catalán, incluye la participación de las comunidades autónomas en la gestión del Impuesto sobre la Renta. En el sistema actual, la Agencia Tributaria estatal recauda y gestiona el tributo y luego entrega una parte de esta recaudación, el 35 a las comunidades autónomas. Lo que se plantea ahora es, por un lado, la posibilidad de incrementar el porcentaje de recaudación del IRPF que se cede y, además, se estudian las fórmulas para permitir que las agencias tributarias autonómicas, que podrán crear las comunidades, participen en la gestión de este impuesto. El portavoz del PP en la comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Francisco Utrera, denunció ayer que existe un proyecto en la Agencia Tributaria, todavía en fase preliminar, para ceder a las comunidades la gestión de la inspección y el control de toda la parte del IRPF que no afecta a las actividades económicas. La cesión, añade el diputado popular, incluiría además la transferencia de personal de la agencia estatal a las autonómicas para realizar estas funciones. Utrera apunta, además, que la unidad informática de la Agencia está preparando programas para trocear la información y poder dársela a las comunidades autónomas. Advierte, en este sentido, que este proceso es muy peligroso, ya que no sólo supone un aumento del coste de la gestión, sino que además, como sucede en Alemania, puede suponer una pérdida irreparable para la unidad de información. El diputado popular asegura que este tipo de medidas demuestran que el Gobierno da prioridad a la satisfacción de intereses territoriales, antes que a la lucha contra el fraude fiscal. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, contestó al diputado popular en la citada comisión que lo que hay son buenas relaciones con las comunidades autónomás y que, eso sí, hay que hacer una reflexión sobre la cooperación o los consorcios con las agencias regionales. Desde el Ministerio de Economía se insistió más tarde a ABC en que de lo que se trata es de que las comunidades El vicepresidente económico, Pedro Solbes, defiende que las comunidades tengan espacios fiscales propios autónomas participen de manera consorciada en la gestión del IRPF Aunque no se explica muy bien en qué consistirá ese consorcio, el Departamento de Pedro Solbes insiste en que se mantendrá una base de datos única con la información de todos los contribuyentes que residen en el territorio español, salvo los del País Vasco y Navarra, de modo que se puedan seguir prestando servicios como el facilitar a los ciudadanos los datos fiscales para que realicen su declaración de la renta, e incluso la confección de la propia declaración. Respecto a la inspección del IRPF, Hacienda señala que la potestad se mantendrá en la agencia estatal, aunque las comunidades autónomas puedan intervenir en la comprobación de las deducciones que ellas mismas han creado. EFE El citado consorcio podría suponer también que las agencias autonómicas aumenten su participación en los órganos de gobierno de la actual agencia tributaria y en la toma de decisiones. La colaboración se extendería también, según el proyecto del Ejecutivo, al proceso de presentación de declaraciones que los contribuyentes podrían entregar no sólo en las delegaciones de la Agencia estatal, sino también de la Las empresas del Ibex critican que la CNMV pretenda que limiten su información a los medios ABC MADRID. El borrador enviado por la Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a las empresas cotizadas, en el que propone limitar y regular sus convocatorias de encuentros o conferencias con analistas, inversores institucionales y medios de comunicación, ha provocado un fuerte malestar entre la mayor parte de las compañías del Ibex 35 de la Bolsa, según ha sabido ABC. El borrador de la CNMV, sometido en este momento a información y consulta, ha sido considerado por la mayoría de empresas y también por parte de las asociaciones de prensa como una limitación de sus derechos, además de ser de difícil aplicación por parte de las compañías. Sobre todo, el hecho de que obligue a las empresas a prever con excesiva antelación las reuniones, así como que la CNMV se reserve el derecho a enviar a sus funcionarios a las mismas, son dos de las iniciativas más criticadas, desde ámbitos empresariales. El organismo regulador que preside Manuel Conthe reconoce la necesidad que tienen las sociedades cotizadas de mantener informados a analistas, inversores institucionales y medios de comunicación, pero les recuerda en el borrador que esto debe ser compatible con la prohibición que la Ley del Mercado de Valores establece sobre difusión selectiva de información relevante, esto es, con la obligación de tratar por igual a todos los inversores. También ha causado un profundo rechazo el punto cinco de la misiva, que dice que las sociedades planificarán las reuniones y, en especial, el turno de preguntas, con el fin de evitar que al responder de forma improvisada a preguntas inesperadas, los directivos de la sociedad descubran información que pueda ser considerada relevante. Como cautela, al término de la reunión difundirán un resumen de las respuestas dadas, cuando no sea mera reiteración, sin matiz adicional alguno, de la información ya hecha pública