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6 Opinión JUEVES 15 12 2005 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA JAVIER MARTÍNEZ- TORRÓN CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE NO TODO DA LO MISMO STÁBAMOS tan acostumbrados a ser súbditos que, después de casi treinta años de vida constitucional, apenas nos hemos dado cuenta de que somos ciudadanos. Ello tiene, con su grandeza, algunas servidumbres, como, por ejemplo, saber y entender que no todo da lo mismo. Asistimos cada día al espectáculo político, no siempre edificante, que organizan nuestros representantes, aquéllos a quienes hemos distinguido con nuestros votos, y, aún en el disgusto, miramos para otro lado. Un mal entendimiento de la paz y el sosiego nos invita a ser cómplices pasivos de los desmanes que, ¡en nuestro nombre! organizan quienes tienden a ser mejores servidores de sus M. MARTÍN respectivos partidos que FERRAND valedores de la voluntad y el criterio de sus electores. Me gustaría saber, de verdad, cuántos votantes del PSC, la franquicia con la que opera el PSOE en Cataluña, no sienten algún escrúpulo ante el pacto que dio paso al tripartito. ¿Son todos tan fervorosamente nacionalistas y es tanta su intención soberanista como señala el pacto del Tinell y quieren refrendar la hipotética prórroga que ya propugnan Pascual Maragall, Josep Lluis Carod- Rovira y Joan Saura? ¿Todos los militantes y votantes del PSC suscriben sin pestañear, sin una duda, la proclama de su líder en el sentido de que la nación catalana será leal a España? No todo da lo mismo cuando se abordan cuestiones que afectan a la médula de nuestras convicciones, salvo que se llegue a la convicción de no tener ninguna. Esa promesa de lealtad con la que Maragall le hace un brindis al sol incita a la sospecha. Cataluña es parte integrante y fundamental de España, aunque no sea ése el deseo de los caciques separatistas. No puede, dentro del espíritu constitucional que nos agrupa, ser leal ni desleal: es parte de un todo. Otra cosa es que el no siempre lúcido president, en el calor del segundo aniversario de su inesperada y tardía grandeza, cuando perder unas elecciones le llevó a la Generalitat, esté, con su proclama de lealtad, dando un nuevo grito que, instalado en una alta representación del Estado, resulta absolutamente improcedente y, en sí mismo, totalmente desleal. El pasotismo instalado entre nosotros tiende a quitarle importancia a todo lo que pasa; pero un mínimo sentido cívico y la conciencia de ser, verdaderamente, ciudadanos debe obligarnos, cuando menos, a ejercer el derecho al pataleo y evidenciar el disgusto que nos produce que, en nuestro nombre, se perpetren acciones que van contra nuestra voluntad y traicionan nuestro criterio, el que nos llevó a las urnas con una papeleta determinada y no con otra. José Luis Rodríguez Zapatero, al que, más que a nadie, todo le da lo mismo con tal que resulte progre debiera intervenir en este caso para establecer la distancia conveniente entre la franquicia socialista y la casa central. E UN SERVICIO MUY PÚBLICO El autor analiza tres de las aristas de la reforma educatica que traerá la LOE (clases de Religión y de Educación para la Ciudadanía y financiación de los centros concertados) para las que propone soluciones con el fin de alcanzar el consenso que requiere una materia esencial LGUNAS de las cosas que se vienen oyendo en las últimas semanas sobre educación y religión recuerdan aquella frase con la que el famoso yanqui de Mark Twain describía, irónicamente, al ficticio Rey Arturo: Tenía una lengua tan suelta, un ánimo tan bien dispuesto, y una información tan equivocada Hay, además, una polarización de actitudes que no es un buen síntoma. A menudo se intenta despachar al interlocutor- -al enemigo -con una vehemencia sospechosamente excesiva. Y, sobre todo, se tiene la impresión de que se han perdido los puntos de referencia esenciales. Son tres los grandes temas que es preciso abordar, del modo más desapasionado posible. Del primero de ellos, la enseñanza de la Religión en los colegios públicos, ya se han dicho demasiadas cosas, y no siempre acertadas. Casi nadie discute- -salvo unos residuales fundamentalistas de la no- religión -que los centros ofrezcan la posibilidad de estudiar religión católica a aquellos alumnos que voluntariamente deseen recibirla. La mayor fuente de problemas es que, según los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, esa enseñanza ha de impartirse en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales El Episcopado está, desde luego, en su derecho de exigir una interpretación estricta de esa cláusula. Aunque no deberíaignorar que muchos ciudadanos- -incluidos bastantes católicos- -no comparten que sea lo más adecuado, y que ha sido abundante causa de innecesarias tensiones entre jerarquía eclesiástica y poderes públicos. ElGobierno, piense lo que piense, se encuentra vinculado A por la norma concordataria, que es derecho del Estado español: la rule of law- -el sometimiento del Ejecutivo a la ley- -también se aplica aquí. Y no debería olvidar dos hechos. Por un lado, que la gran mayoría de los padres elige en los colegios públicos educación católica para sus hijos (más del 72 por ciento en el curso pasado; la cifra se aproxima al 100 por cien en los centros católicos) Por otro lado, que a un Estado religiosamente neutral le interesa apoyar la enseñanza religiosa, sobre todo en su dimensión ética. Ser un buen ciudadano exige una elevada dosis de virtudes cívicas. Y éstas se basan en valores morales comúnmente compartidos en Occidente, de matriz judeo- cristiana y posteriormente secularizados: es decir, asumidos como propios por la sociedad civil. Sorprende que Gobierno y Episcopado no sean capaces de ponerse de acuerdo en un tema de interés mutuo. Quizá parte de la solución pase por lograr un acuerdo en el segundo gran tema: la financiación pública de los centros privados, quepara algunos obedecería a una graciosa concesión del Estado. A veces se olvida que la concepción contemporánea de la enseñanza como interés público no significa que su gestión corresponda sólo al Estado. Lo que al Estado compete es garantizar que la enseñanza se imparta en las debidas condiciones de calidad y que sea accesible a todos, como ocurre con la salud o el transporte público. No hay enseñanzas de primera o segunda categoría dependiendo de quien presta el servicio. Que un servicio sea público significa que la sociedad lo necesita, no que el Estado lo acapara.