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4 Opinión JUEVES 15 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil POLÍTICA DE SUPERVIVENCIA STÁN acojonados Más allá de la falta de sutileza de Carod- Rovira, la expresión es reveladora de la complejidad del paisaje político nacional. En el fondo, el líder de ERC no hace sino marcar su territorio y presionar a Zapatero, colocado en mitad de un peligroso cruce de caminos y obligado a hacer de la necesidad virtud. Las palabras de Carod ponen de manifiesto que el Estatuto catalán es un arma de doble filo para un Gobierno que no encuentra la manera de reconducir un asunto que, pese a las cortinas de humo desplegadas por el PSOE Prestige Irak) le quema en las manos. Por un lado, CiU, que maneja sus bazas a conveniencia y sitúa al presidente del Gobierno en la difícil tesitura de elegir el compañero de viaje para la difícil singladura que viene. Entre tanto, IU aprieta y amenaza con plantar cara tras año y medio de fuegos pirotécnicos. Obligado a sobrevivir vendiendo favores al nacionalismo, Zapatero no ha dudado ahora en llenar el zurrón del PNV (4.000 millones de euros para la Y vasca) a cambio de asegurarse su apoyo en los Presupuestos del Estado. Nada resulta tan costoso como la política de supervivencia. E LA ESCUELA DEL PP A iniciativa del Partido Popular de crear un sistema educativo común en las Autonomías que gobierna, sobre la base de las competencias que habilitará la futura Ley Orgánica de Educación, representa un salto cualitativo en su política de oposición y pone al Ejecutivo socialista frente a sus propias y profundas contradicciones. Las reacciones socialistas al anuncio hecho por el PP demuestran que la sorpresa no ha sido bien digerida. Mientras la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, criticaba las medidas propuestas por el PP porque ya están, a su juicio, en el proyecto de Ley, el portavoz parlamentario socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificaba la iniciativa popular como un acto de insumisión y el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, como un comportamiento antijurídico Son argumentos antagónicos, descalificados por su desmesura, que revelan el acierto estratégico de la decisión del PP de coordinar entre sus gobiernos autonómicos un sistema educativo basado realmente en unos contenidoscomunes de Historia, Geografía y Literatura, entre otras medidas tendentes a aprovechar las competencias de las autonomías para reconducir la LOE hacia un modelo de escuela pública de mayor exigencia y calidad. Una primera interpretación de este anuncio hecho por el PP lleva a la confirmación de que la LOE no garantiza un sistema educativo común para toda España y de que la enmienda que establece unos porcentajes fijos de los horarios escolares para los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas permite, en la práctica, a las Comunidades Autónomas modelar a su gusto el currículo escolar. El PSOE no contaba con que este precepto, destinado, sobre todo, a satisfacer a los gobiernos vasco y catalán, fuera reconvertido por otros gobiernos autonómicos en la base para un sistema educativo integrador y nacional, en el que los hechos diferenciales de cada comunidad sean compatibles con el estudio de los vínculos comunes a todos los españoles. Para el Gobierno quedaba fuera del guión la posibilidad que la LOE se vuelva contra él mismo y que después de haber buscado la ruptura entre las organizaciones cívicas opuestas a la reforma y el aislamiento político del PP, sea éste el que se encarame sobre el proyecto gubernamental para ofrecer a la so- L ciedad española un modelo que, de antemano, se sabe que cuenta con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos porque, entre otras cosas, favorece la vertebración cultural del país. Es una consecuencia más del erróneo planteamiento del PSOE de gobernar como si el PP no existiera y de aprobar leyes abocadas a una vigencia precaria por su falta de consenso. En un sentido político, el proyecto educativo del PP es un golpe directo a la imagen del PSOE como partido nacional. Su golpe de mano pone en el campo del PSOE la pregunta de si los socialistas serían capaces de hacer algo similar en la actualidad. Es decir, si el PSOE podría comportarse como un partido cohesionado y ofrecer a los ciudadanos españoles un proyecto político común- -sea educativo o de otra naturaleza- -que no estuviera esclavizado por sus socios nacionalistas o simplemente mutilado por el federalismo o confederalismo de sus ramas catalana, vasca o gallega. Porque el problema del PSOE es que no tiene un discurso homogéneo para toda España y esto lo inhabilita para defender algo como lo que ha hecho el PP, es decir, una oferta educativa común, por ejemplo, para Andalucía, Castilla- La Mancha, Extremadura y Cataluña. La incapacidad del PSOE para emprender este tipo de políticas vertebradoras llega a los ciudadanos con más facilidad de lo que piensan sus estrategas, porque la sociedad española está saturada de políticas de fragmentación y quiere políticas de cohesión que reflejen la existencia de unos intereses nacionales que los pactos con los nacionalistas postergan con lamentable facilidad. El desarrollo del Estado autonómico no exige levantar aduanas educativas entre comunidades autónomas, ni cercenar las posibilidades formativas de los estudiantes españoles en aras de un localismo sin futuro. No está escrito en ninguna tabla que el futuro del modelo territorial tenga que discurrir a caballo de la partición sistemática de las competencias del Estado para reducir su presencia hasta lo simbólico allí donde lo exijan las demandas nacionalistas. El valor de la iniciativa del PP es que son gobiernos autonómicos- -paradójica manifestación del Estado de las Autonomías- -los que se ofrecen a cubrir el vacío estatal que está causando la política del PSOE. Josep Lluis Carod- Rovira YOLANDA CARDO COGESTIÓN DEL IRPF Y LA PUERTA DE ATRÁS COGIÉNDOSE al extraño neologismo de la acción consorciada el Gobierno se dispone a dar un confuso paso que hará posible que las comunidades participen en la gestión del IRPF. Por el momento, ni en Hacienda son capaces de aclarar hasta dónde alcanza el término, ni los beneficios de un nuevo mecanismo que no hace sino introducir incertidumbres y que se instala cómodamente en el terreno de las ocurrencias. Mientras llegan las explicaciones, se puede adelantar que esta cogestión puede deparar zonas de sombra y la ausencia de control por parte de la Agencia Tributaria de la información que manejen las autonomías, como ahora ocurre en el País Vasco. Tan inconcretos son los términos que no sería de extrañar que se tratase de abrir una puerta de atrás por donde se colasen otras fórmulas fiscales o aspiraciones como las que plantea, con letra más gruesa, el Estatuto catalán. El objetivo puede ser la corecaudación, un paso atrás, sobre todo si no se determinan con claridad los límites y la inexpugnabilidad de las competencias de la Agencia Tributaria. UN OPTIMISMO POCO COMPRENSIBLE XCEPTUANDO a los propios británicos, el presidente del Gobierno español ha sido el único que ha considerado claramente positiva la última oferta de la presidencia en la negociación de las perspectivas financieras. En un océano de calificaciones negativas que incluyen desde el seco anuncio de veto por parte de Polonia al inaceptable de Francia o Italia, caben pocos matices para tratar de encontrar donde ha visto Rodríguez Zapatero esa claridad en una situación a todas luces extremadamente difícil. Teniendo en cuenta que en términos puramente matemáticos España pierde quinientos millones de euros en relación con la última oferta de la presidencia luxemburguesa que el jefe del Ejecutivo rechazó en un gesto que pocos comprendieron, resulta difícil discernir de dónde proviene tanto optimismo. Si se trata de otra de sus inefables proclamaciones de optimismo patológico Rodríguez Zapatero haría bien en dejar a un lado su característica tendencia al buenismo y dedicarse a trabajar en profundidad sobre un pro- A E blema en el que España se juega mucho. No parece una buena idea que, como la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, el objetivo sea cerrar un acuerdo como sea Porque lo que se sustancia en la cumbre que empieza hoy no es una declaración de buenas intenciones o un comunicado conjunto, sino los presupuestos comunitarios para los próximos siete años. El trabajo a desempeñar en Bruselas es delicado, pues se trata de combinar una defensa firme y sin fisuras de los intereses de España con la preservación de los objetivos colectivos de la Unión. Todos los demás jefes de delegación intentarán llevarse la mejor tajada de los presupuestos comunitarios y además tendrán en mente las consecuencias políticas que podría suponer para Europa un segundo fracaso. Cada cual debería medir al mismo tiempo sus posiciones y las de sus colegas, y navegar entre las alianzas que haya sido capaz de trenzar previamente. La UE no es una ONG y el presidente del Gobierno no puede aceptar la teoría del mal menor en un asunto vital para los intereses de España.