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ABC JUEVES 15 12 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC LA EXCEPCIÓN ESPAÑOLA POR XAVIER PERICAY ESCRITOR La LOE, en el fondo, no es más que la vieja LOGSE con unos cuantos remiendos. O sea, un fraude. Porque, encima, han pasado quince años, una generación, y estamos donde estábamos, si no peor. Y porque un país que ha hecho dejación... H ARÁ cosa de tres meses, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que agrupa a la gran mayoría de los países desarrollados, presentó su informe anual sobre educación. Una mirada a la educación 2005 se llamaba. Como es natural, en esa mirada había de todo. Pero, en lo concerniente a España, y por no faltar a la costumbre, no había más que malas noticias. La principal, la que mereció grandes titulares, se refería al hecho de que nuestro país se hallaba a la cola del mundo desarrollado en cuanto al porcentaje de alumnos que obtenían el título de bachiller- -un 68 por ciento- y que por detrás sólo estaban la República Eslovaca, Turquía y México. Con todo, en el mismo informe figuraba también otro dato que, a pesar de su relevancia, no fue tan destacado por los medios ni provocó apenas comentarios. Resulta que España es el único país de la OCDE donde las personas con estudios universitarios no tienen más posibilidades de encontrar trabajo que las personas que carecen de esta clase de estudios. Sí, el único. En ninguno de los demás países incluidos en la muestra, ni siquiera en los del furgón de cola anterior, una licenciatura vale menos en el mercado laboral. ello deberían remontarse en primera instancia hasta 1970, hasta la entrada en vigor de la Ley General de Educación de Villar Palasí. Fue entonces cuando se empezó a ceder. En el esfuerzo y en el rigor. Es cierto que la ley Villar suponía un gran avance social en la medida en que prolongaba la escolarización obligatoria hasta los 14 años, pero también lo es que el precio a pagar era altísimo: por un lado, la supresión de las reválidas en el bachillerato, único mecanismo de evaluación externa existente; por otro, la extensión de la responsabilidad docente de los maestros a una franja de edad- -de los 12 a los 14- -para la que no estaban preparados. Y, lo que es peor, ambas medidas no parecían obedecer a ninguna necesidad; tan sólo a un igualitarismo mal entendido, directamente importado de los adoquines revolucionarios del mayo francés. No sé si esa excepción española la van a tener presente nuestros diputados hoy en el Congreso cuando debatan las enmiendas a la Ley Orgánica de Educación. Pero, dado que se trata de la quinta ley educativa en veinte años y dado que todos los indicadores coinciden en señalar que vamos de mal en peor- -el último informe PISA de 2003 situaba a los alumnos españoles de 15 años por debajo de la media en comprensión lectora y en resolución de problemas- tal vez no estaría de más que sus señorías dedicaran algo de su tiempo a reflexionar sobre el significado de semejante singularidad. De hacerlo, seguramente se apercibirían de que en las últimas décadas se ha producido en la enseñanza española un corrimiento de ciclos. A la vieja primaria le corresponde ahora, mutatis mutandis nuestra secundaria, incluidos los dos cursos de bachillerato; al viejo bachillerato, nuestros estudios universitarios, y a la vieja universidad, nuestros posgrados y nuestros másters, es decir, los únicos títulos que pueden permitirle a uno aventurarse hoy en día en el mundo del trabajo con ciertas garantías, aunque, eso sí, después de haberse rascado el bolsillo. Aun así, aun admitiendo que nuestros diputados se den cuenta de la magnitud de ese proceso y de sus penosas consecuencias- -no sólo el bachillerato no sirve ya para gran cosa en la vida; tampoco la carrera- dudo mucho que alcancen a comprender cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí. En efecto, para Pero esta ley no fue más que un primer paso. La zancada llegó con los gobiernos socialistas y, en especial, con la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990. Era la gran oportunidad para la izquierda. La había estado aguardando durante años. Ahora, con la colaboración interesadísima de los nacionalismos periféricos- -que ya controlaban la gestión académica en su territorio y a los que la nueva ley permitía fijar casi la mitad de las programaciones- podría llevar por fin a la práctica lo que hasta entonces habían sido meros ensayos de laboratorio. Los pedagogos, claro está, cogieron el mando del asunto. Tenían no pocos apoyos en eso que algunos llaman la comunidad educativa En primer lugar, el cuerpo de maestros, gran beneficiario de una operación que, al convertir la franja de edad conquistada en 1970 en el primer ciclo de una secundaria obligatoria alargada hasta los 16 años, iba a reportar a buena parte de sus miembros tantas rebajas en el horario laboral como mejoras en el sueldo. Luego, los sindicatos, controlados en su gran mayoría por los propios maestros, que, a cambio de colaborar en la reforma, obtuvieron la igualación del profesorado- -ese cuerpo único en el que ya casi no se distinguen niveles, y en el que tanto da ser maestro, agregado o tener la condición de catedrático- unas oposiciones a su medida y las lógicas prebendas para sus afiliados. Y luego, en fin, muchísimos padres de alumnos, encantados de que sus retoños fueran superando con el nuevo sistema educativo, y sin apenas dificultades, cuantos obstáculos académicos iban encontrando en el camino. Porque ese era, al cabo, el propósito de todos los pedagogos progresistas- -y me temo que estoy incurriendo en una redundancia- -que tomaron parte en la gestación de aquella ley. Se trataba de igualar por abajo, de intentar educar al alumno sin que este precisara aprender, de convertir la escuela- -son palabras de Jean- François Revel- -en una suerte de falansterio de convivencia; en definitiva, de hacer en las aulas la revolución que habían sido incapaces de hacer en la calle. Ni que decir tiene que ello comportaba renunciar a la autoridad y a la tradición, verdaderos pilares de la enseñanza. O, lo que es lo mismo, comportaba negar todo valor a la disciplina, a la responsabilidad, al esfuerzo, al rigor, a la transmisión del conocimiento, al ejercicio de la memoria. Lo lograron. A la vista está. Tras quince años de vigencia de la LOGSE, sólo interrumpidos por la aplicación durante unos pocos meses de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) -una tentativa seria y bienintencionada de paliar en la medida de lo posible el desastre, que fue liquidada sin contemplaciones por el Gobierno surgido del 14 de marzo de 2004- España es el único país de la OCDE donde tener un título superior vale lo que vale no tenerlo. No mucho, la verdad. Y ahora el Congreso de los Diputados se apresta a votar una nueva ley. Aunque ha venido precedida de una campaña donde se ha insistido en el carácter participativo de la propuesta, y aunque en los últimos días se han sucedido los gestos, las reuniones y las transacciones, la LOE, en el fondo, no es más que la vieja LOGSE con unos cuantos remiendos. O sea, un fraude. Porque, encima, han pasado quince años, una generación, y estamos donde estábamos, si no peor. Y porque un país que ha hecho dejación de la responsabilidad de educar difícilmente podrá aspirar a grandes metas. Como máximo, a seguir siendo una triste excepción.