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20 Nacional MIÉRCOLES 14 12 2005 ABC El empresario clave de la trama de facturas falsas en torno a Terra Mítica niega el fraude I. R. T. VALENCIA. El empresario Vicente Conesa, que declaró ayer como imputado ante el juez que instruye el caso por la trama de facturas falsas en torno a Terra Mítica, negó ayer cualquier irregularidad contable en las empresas de las que es administrador único. La Fiscalía considera que Conesa, a través de dos de sus sociedades (C- 3 Ingeniería de la Construcción y Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimiento) es la pieza fundamental de un entramado empresarial que habría conseguido defraudar al fisco 4,4 millones de euros en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades correspondiente a los ejercicios 2000 y 2001. Conesa, empresario que en 1995 ya se vio envuelto en un escándalo político por los encargos que recibía del entonces alcalde de Benidorm, el hoy portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, rehusó responder al fiscal y sólo a preguntas de su abogado negó ayer haber falsificado facturas y haber defraudado a Hacienda. Su esposa y sus dos hijos también imputados, que figuran como apoderados o representantes legales de las sociedades, se declararon ajenos a las mismas y desconocedores de la actividad que desempeñan. Ayer declararon ante el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia nuevo de los 23 imputados por el fiscal por varios presuntos delitos de falsedad documental y fraude fiscal. El CGPJ reprende a Justicia por enviar cartas a los tribunales contrarios a sus reformas Le recuerda que debe pedir al propio Consejo los acuerdos de las Salas de Gobierno la oposición de la minoría, toma posiciones en la polémica entre Luis López Guerra y los presidentes de dos tribunales superiores NIEVES COLLI MADRID. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado a Luis López Guerra, secretario de Estado de Justicia, que cuando desee conocer el contenido de los acuerdos adoptados por las Salas de Gobierno de los distintos tribunales no debe dirigirse directamente a sus presidentes, sino al órgano de gobierno de los jueces. La decisión de dar este tirón de orejas al número dos del Ministerio de Justicia se adoptó ayer en la Comisión Permanente del CGPJ por tres votos a dos y es consecuencia de los escritos que López Guerra remitió el mes pasado a los presidentes de los tribunales superiores de justicia de Asturias y de Castilla y León para que le informaran del contenido de los acuerdos en los que sus Salas de Gobierno criticaban la creación de los consejos autonómicos de justicia y la llamada justicia de proximidad, acuerdos de los que el Gobierno había tenido conocimiento, según se decía en la carta, por los medios de comunicación. López Guerra también les pedía que cesaran en sus críticas a los proyectos legislativos del Gobierno. La polémica protagonizada por el secretario de Estado y los presidentes de los dos tribunales ha llevado a la Comisión Permanente del CGPJ a tomar posiciones. A propuesta de los vocales de la mayoría conservadora, el asunto se trató en la reunión de ayer y se zanjó con la aprobación de dos acuerdos, ambos con los votos a favor de los tres miembros del grupo mayoritario y con los votos en contra de los dos representantes de la minoría progresista. b La Comisión Permanente, con EFE Zapatero defiende la Constitución N. C. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, hizo ayer una encendida defensa de las leyes- -y en especial de la Constitución- -y recordó la necesidad de someterse a ellas como única fórmula para evitar la arbitrariedad, el despotismo, el abuso de poder y la barbarie y como único instrumento válido para garantizar la convivencia democrática. Zapatero pronunció ayer un discurso en el acto de entrega de despachos a la última promoción de abogados del Estado, un cuerpo que en 2006 cumplirá 125 años. y, en consecuencia, es a este órgano constitucional- -añade- -al que puede dirigirse interesando su conocimiento y notificación En este caso, el resultado de la votación en el seno de la Comisión fue el mismo y los vocales de la minoría progresista se opusieron por entender lógico el interés de López Guerra por conocer de primera mano, del propio órgano emisor el conteni- do del acuerdo. El secretario de Estado, además, remitió al CGPJ copia de la petición cursada a los presidentes de los dos tribunales. Entre otras críticas, las Salas de Gobierno advertían que las reformas proyectadas por el Gobierno no garantizan la independencia de la justicia y las consideran una cesión a los intereses nacionalistas. Los dos acuerdos El primero de dichos acuerdos reconoce a las Salas de Gobierno de los tribunales superiores asturiano y castellanoleonés la competencia para expresar sus críticas con la actuación del Ejecutivo. La Comisión Permanente entiende que no existe reproche de legalidad aunque no constituya una de las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) les confiere. En opinión de los vocales del grupo minoritario, la ley no proporciona a las Salas de Gobierno ese respaldo competencial El segundo acuerdo es el que reprocha a Luis López Guerra que se dirigiera a los presidentes de los dos tribunales de forma directa. El CGPJ recuerda al secretario de Estado que corresponde al órgano de gobierno de los jueces conocer en primer término los acuerdos que adopten las Salas de Gobierno El Gobierno aprobará el viernes la reforma del recurso de casación N. C. MADRID. El Consejo de Ministros aprobará el viernes para su remisión al Congreso de los Diputados la primera hornada de la reforma judicial. Se trata de la modificación de veintiún normas procesales para su adaptación al nuevo modelo de oficina judicial impulsado por el último Gobierno del Partido Popular, así como de la ley que reforma la doble instancia penal y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, una de las piezas clave del proyecto del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, para esta legislatura. Fuentes del Ministerio explicaron ayer que el proyecto que sacará adelante el Gobierno ha sufrido algunas modificaciones de carácter técnico de acuerdo con las sugerencias hechas por el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial. Las mismas fuentes precisaron que la reforma pretende potenciar a los tribunales superiores de justicia con el objeto de descargar al Tribunal Supremo. Por ello, los recursos de casación sólo podrán plantearse, con el fin de unificar doctrina, cuando los órganos inferiores hayan dictado sentencias contradictorias entre sí. La resolución que dicte el Supremo tendrá efecto sobre el caso concreto. El proyecto concederá a la jurisprudencia del Supremo carácter vinculante para todos los juzgados y tribunales de España