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ABC LUNES 12 12 2005 11 Quintana exige ahora a Castilla y León y Asturias que pidan perdón a la Xunta por criticar al BNG Denuncian el desamparo de la comarca de Arosa ante el incremento de muertes por narcotráfico El Gobierno intenta encarrilar esta semana la financiación del Estatuto de Cataluña El vicepresidente Solbes ya ha trasladado al tripartito su planteamiento b El Ejecutivo mantiene su negati- va a renunciar a la titularidad estatal del IVA y Sociedades, mientras que podría ceder hasta el 50 por ciento del IRPF G. LÓPEZ ALBA M. MARÍN MADRID. El Gobierno intentará encarrilar esta semana la financiación de Cataluña, uno de los aspectos más complejos planteados por la reforma del Estatuto y clave para que pueda prosperar. Según fuentes próximas a la negociación, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya remitió la semana pasada una propuesta por escrito a Antoni Castells, consejero de Economía de la Generalitat y padre de la fórmula que recoge el texto aprobado por el Parlamento catalán, que se comprometió a responder esta semana. La propuesta elaborada por Solbes, según las fuentes consultadas, mantiene el modelo de los espacios fiscales propios que implica que el Estado conserva la titularidad exclusiva de determinados impuestos al tiempo que otorga a las comunidades mayor capacidad normativa y se abre a compartir la gestión y recaudación de impuestos especiales, como los que afectan a los hidrocarburos, alcohol y tabaco, así como la cesión de un mayor porcentaje del IRPF, que se calcula que podría llegar hasta el 50 por ciento- -ahora es el 30 por ciento- Así, se mantiene el rechazo a la cesión del IVA y del Impuesto de Sociedades, ya que la titularidad exclusiva del Estado sobre determinadas figuras impositivas es la que justifica la existencia de la Agencia Tributaria del Estado según subrayan fuentes gubernamentales. Asimismo, la propuesta de Solbes sigue reservando al Estado la definición de la cuota de solidaridad interterritorial, si bien prevé compensar a las comunidades que realizan CiU mantiene sus reticencias a una cumbre sin tener nada atado BARCELONA. CiU mantiene que una negociación a dos bandas- -el tripartito por una parte y la federación nacionalista por la otra- -con el PSOE es la estrategia política que más conviene al Estatuto y a los partidos catalanes para conseguir acuerdos al alza con el Gobierno antes de que empiecen los trabajos de la Comisión Constitucional. Por ello, es de momento reticente a participar en una cumbre entre el cuatripartito y el PSOE- -que podría ser esta semana o la próxima- sin tener nada atado o sin que se haya producido un avance cualitativo Nosotros no estaremos en la foto de una cumbre sin acuerdos visibles aseguró un portavoz de CiU, porque sería dar argumentos al PP des aunque razonablemente bien según personas que intervienen en la misma. Justicia: remisiones a la LOPJ Uno de los capítulos en que el acuerdo está ya bastante ahormado es el relativo a la Justicia. El ministro Juan Fernando López Aguilar parece haber logrado que se acepte el criterio de que las pretensiones del nuevo Estatuto se reconduzcan mediante remisiones a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y al Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. La reforma de la LOPJ, que el Gobierno tiene previsto aprobar en una de las próximas reuniones del Consejo de Ministros, daría satisfacción a buena parte de las demandas catalanas, si bien fuentes gubernamentales rechazan la acusación del PP de que por esta vía se pretenda realizar una reforma estatutaria encubierta Basta releer nuestro programa para comprobar que esa reforma, y los principios que la inspiran, forman parte de nuestros compromisos electorales. Cuando se conozca el texto se verá que, lejos de ceder a las pretensiones del Estatuto, se recortan subrayaron fuentes gubernamentales. El Ejecutivo mantiene un rechazo total a la posibilidad de que el cuerpo de funcionarios de Justicia se someta exclusivamente al control de la Generalitat, a la imposición del catalán como lengua de obligado conocimiento y requisito sin el cual un juez no podrá ejercer en la comunidad y a alterar la estructura jerárquica y de unidad de criterio en el Ministerio Fiscal. Como contrapartida se potenciará el uso de las lenguas cooficiales y se reforzarán los órganos de coordinación. El Gobierno no ve inconveniente en atribuir nuevas competencias a los Tribunales Superiores de Justicia para que asuman funciones de última instancia, salvo cuando el Supremo tenga que unificar la doctrina. JAIME GARCÍA cional y no en nombre del Consejo de Estado. Rubio Llorente siempre ha sido partidario de que estas reformas se sometan a consideración de los ciudadanos en un referéndum conjunto, para evitar que uno individual sobre la sucesión a la Corona se convierta en un plebiscito. Por ello, no es de extrañar que esta pueda ser una de las recomendaciones que contenga el informe que se traslade al Gobierno. En cuanto a la inclusión de la denominación del nombre de las Comunidades autónomas, Rubio Llorente ha considerado que se trata de una reforma aparentemente trivial siempre y cuando, eso sí, a los nombres no les siga otro calificativo, tipo nación En el primer caso bastaría con la reforma del artículo 137 de la Constitución. En el segundo ya se estaría hablando de modificar el artículo 2, que el Gobierno se niega a tocar. Se darán más facultades a los Tribunales Superiores, sin romper la unidad judicial un mayor esfuerzo fiscal per cápita, como Cataluña o Baleares- -gobernada por el PP- La cuadratura del círculo que se intenta lograr en este punto es que ninguna comunidad pierda, pero reciban un poco más las que más aportan La negociación para acordar los aspectos más espinosos antes de que- -en febrero- -comience sus trabajos la Comisión Constitucional del Congreso avanza con muchas dificulta-