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12 DOMINGO 11 12 2005 ABC Nacional Interior no ejecutó la expulsión del salafista que quería hacer algo muy gordo en Madrid Khaled Bakel, detenido el 23 de noviembre, pidió un permiso de residencia en Murcia en 2000 b También, hace un mes, el Esta- do concedió a Mohamed Kafarna, uno de los imputados por colaboración en el 11- M, un permiso de trabajo y residencia hasta 2007 VIRGINIA RÓDENAS MADRID. La política de control de los extranjeros en España ha vuelto a hacer agua. Sucedió con los terroristas involucrados en los atentados del 11- M, contra algunos de los cuales pesaron decretos de expulsión que nunca se ejecutaron, lo que permitió que culminaran sus ataques. Ahora, vuelve a señalar a un Gobierno que el 7 de julio, tras los atentados de Londres, ordenó la alerta máxima e indefinida frente a acciones terroristas en suelo español. El 26 de enero, la Subdelegación del Gobierno en Jaén incoaba un expediente de expulsión por estancia ilegal en España contra el súbdito argelino Khalel Bakel. Pese a que el expediente le fue notificado el 14 de junio, nadie en el Ministerio del Interior hizo nada por hacer efectiva la expulsión. Tal negligencia permitió que este miembro del Grupo Salafista para la Predicación y el Combate (GSPC) integrado en la red norteafricana de Al Qaida, continuara con su actividad de proporcionar a los grupos armados los medios necesarios para ejercer su actividad delictiva según consta en el auto de prisión del juez Fernando Andreu dictado el pasado 29 de noviembre. Agentes de la Guardia Civil conducen a uno de los islamistas detenidos en Alicante el 23 de noviembre Bakel, nacido en la ciudad argelina de Chlef el 8 de abril de 1969, había solicitado en Murcia un permiso de trabajo por cuenta ajena el 18 de mayo de 2000. De él se benefició hasta 2002, cuando pidió otros dos permisos: uno de nuevo en Murcia y otro en Alicante. Los dos quedaron archivados, y el 26 de enero de 2005 se incoó una orden de expulsión que fue ratificada el 10 de mayo y notificada el 14 de junio. Esta decisión gubernativa no tuvo el más mínimo efecto, por lo que Bakel continuó de forma ilegal en España a sabiendas de la propia Administración. AFP Negligencias en pro del 11- M Tres de los terroristas que participaron en la matanza de Madrid, y que se suicidaron en Leganés, tenían decretos de expulsión que nunca se ejecutaron. Allekema Lamari, uno de los cerebros de la matanza, fue detenido en Valencia el 6 de abril de 1997 por pertenecer al GIA. El 19 de mayo de ese año se dictaba un decreto de expulsión que le fue notificado en diciembre de 1998, cuando estaba en prisión. Desde la cárcel, en febrero de 1999, lo recurrió, desestimándose su petición el 12 de junio de 2000. Salió de la cárcel en 2002, se instaló en Tudela impunemente, y nunca se ejecutó su deportación. Rachid Oulad Akcha llegó como estudiante y obtuvo en diciembre de 1995, en Málaga, una tarjeta de residente válida hasta octubre de 1996. En diciembre de ese año, la Delegación del Gobierno le denegó la renovación y en junio de 1998 decretó su expulsión. Oulad lo recurrió y, en septiembre de 2002, se revocó la orden. En enero de 2003 pidió la residencia por arraigo y el 3 de febrero de 2004 se le denegó de nuevo sin que se llevara a cabo su expulsión. Asr Rifaat Anuar vivió tranquilamente en España con un decreto de expulsión dictado en Cádiz el 21 de marzo de 2001 y que le fue notificado el 11 de julio de ese mismo año. El terrorista llegó a solicitar incluso, en marzo de 2002, un permiso de residencia por arraigo que le fue denegado y que recurrió. Dinamita a cambio de droga Según el relato del instructor, Bakel (en teoría expulsado de España en enero) fue el encargado de ponerse en contacto con un grupo de personas que podían proporcionarle dinamita del tipo goma- 2 en Granada. Fuentes de la investigación sospechan que el explosivo iba a ser sustraído en alguna de las explotaciones mineras de la zona por personas que harían el trabajo a cambio de hachís. Exactamente el mismo modus operandi de los asesinos del 11- M, que se hicieron con goma- 2 procedente de una mina asturiana por medio de una transacción con droga. Pero, como concluye el magistrado, no se llegó a un acuerdo y los salafistas siguieron con su misión de recaudar fondos para costear sus objetivos. Entre ellos, como consta en una conversación intervenida por la Guardia Civil, hacer algo muy gordo en Madrid esta Navidad. Concretamente, según declaró uno de los detenidos a los agentes de la investigación, contra unos grandes almacenes del centro de la capital o contra el aeropuerto de Barajas Situaciones paradójicas Una gran paradoja que, según apuntaron fuentes policiales a ABC, hace que por un lado, se actúe con tanta dejadez dentro de nuestras propias fronteras (permitiendo que ciudadanos argelinos y marroquíes vivan ilegalmente) y que por otro se advierta sobre el aumento de la amenaza que en los últimos meses representa la red de Al Qaida y del riesgo concreto que suponen Marruecos y Argelia Una situación confusa que da pie no sólo a que no se expulse a los ilegales, sino a que además se les acoja. Así ha ocurrido con el ciudadano palestino Mohamed Kafarna, imputado por el juez Del Olmo por un presunto delito de colaboración con organización terrorista islamista, ya que pudo haber participado bien en ella o con alguno de sus miembros el 11 de marzo de 2004 y el 3 de abril de 2004 Kafarna logró el pasado 22 de noviembre que la Administración española le diera sus bendiciones con un permiso para trabajar y residir legalmente en nuestro país hasta 2007, el penúltimo trámite para lograr un permanente que le autorice a quedarse a vivir en España para siempre. De Kafarna, médico de profesión, tuvo noticia por primera vez el Cuerpo Nacional de Policía el 18 de septiembre de 2000, cuando debido a su nacionalidad palestina solicitó una exención de visado. Desde entonces ha ido renovando escrupulosamente sus cédulas de inscripción. El 18 de junio de 2001 pidió un permiso de trabajo por arraigo, acogiéndose al proceso de regularización extraordinario decretado por aquellos días, que se le concedió hasta febrero de 2003 y que renovó en agosto de ese mismo año, según consta en los archivos de Interior. Curiosamente, el palestino, que fue detenido el pasado 1 de abril en la denominada Operación Saeta solicitó el 9 de marzo de 2004, exactamente dos días antes de la matanza, un título de viaje o autorización para extranjeros que desean cruzar nuestras fronteras, que le fue concedido el mismo 11- M. Sin embargo, según se confirma en el sumario que ha podido conocerse gracias al levantamiento del secreto, nadie le ha preguntado al palestino sobre el destino y razón de esa salida de España.