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ABC VIERNES 9 12 2005 Opinión 7 UU. es necesario comenzar atacando al icono: es sabido que, con todo su carisma, Kennedy fue incapaz de conseguir que el Congreso aprobara su ambicioso programa de expansión de los derechos civiles y eliminación de las discriminaciones por razones raciales. Fue la veteranía de muchos años en el Senado de su sucesor Lyndon Johnson la que logró ese objetivo. Y en la mente de todos está la imagen del sabio y afable anciano Ronald Reagan, quien pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la segunda mitad del XX. No resulta fácil, en cambio, definir la contribución a su país y al mundo del mucho más joven Bill Clinton. LA ESPUMA DE LOS DÍAS SIEMPRE VÍCTIMAS DEL TERROR APATERO ve el fin de ETA como una esperanza cierta mientras la voz ilegal de Arnaldo Otegui critica a quienes, por vivir la democracia como un drama entorpecen el proceso de paz. Indudablemente, la voz de un líder democrático debe siempre ofrecer esperanza como intenta Rodríguez Zapatero. Otra cosa es generar expectativas sin que se divisen verazmente, bajo riesgo de capitidisminuir el capital de seguridad que es imprescindible para la libertad. Acabar con ETA, por supuesto, es un proceso que en la más provechosa de las circunstancias- -provechosa para todos los españoles- -puede requerir de gestos. VALENTÍ En ese rango, el combaPUIG te contra ETA adoptó en España un trazo específico que no es equiparable con otros casos: contar con las víctimas, darles su dolido protagonismo, asumir su verdad, saber que han existido y que hay entre nosotros quienes les honran y recuerdan todos los días. Es por eso que a veces la democracia es un drama. No vayamos a esperar que Otegui entienda eso. No hay certidumbre de lo mismo con el proceso de paz en Irlanda del Norte. Ahora la Cámara de los Comunes debate un fleco legislativo de los acuerdos del Viernes Santo de 1998. Desde entonces, no pocas víctimas o parientes de víctimas del IRA han topado con sus verdugos en plena calle. En virtud de la más positiva aspiración a concluir con décadas de terror, el gobierno de Tony Blair impulsa parlamentariamente una iniciativa por la cual incluso los terroristas en fuga puedan volver a casa con la garantía de que no irán a la cárcel. El horizonte es definible: perdón a cambio de seguridad, olvidar a los muertos para que no haya más muertes. Según The Washington Post el Sinn Fein- -brazo político del IRA- -calcula en unas pocas docenas el número de esos fugitivos, mientras que quienes se oponen a la nueva ley afirman que los terroristas en fuga son unos ciento cincuenta. En el proceloso quid pro quo que deriva de aquel Viernes Santo, esa amnistía subrepticia para terroristas fugitivos de la ley corresponde de forma consecutiva a la declaración del IRA sobre abandono de las armas. En el Reino Unido hay quien piensa que Tony Blair está pidiendo demasiado de las víctimas del terror. En los Comunes se ha dicho que el proyecto de ley traiciona a las víctimas del IRA y erosiona el imperio de la ley. Tras la liberación impune de los terroristas convictos y confesos, veríamos el retorno de quienes esquivaron en su día el peso de la ley. Regresarían sin disculpas, tal cual. Ahí procede pensar sobre las razones de la injusticia. Tal vez la justicia sea cosa de la Cámara de los Lores. Z suficiente para concluir que los longevos han sido mejores gobernantes; y a esta conclusión se llegaría también tras hacer la corrección que deriva del hecho de que ha habido más líderes maduros que jóvenes. En Europa, el argumento que se sostiene queda firmemente respaldado exponiendo la lista de magníficos septuagenarios y sexagenarios que presidieron los destinos del continente en la meseta del siglo: Winston Churchill, en cuyo caso el comentario sobra; De Gasperi y Adenauer, que dirigieron la reconstrucción moral y material de Italia y Alemania tras la II Guerra Mundial; y De Gaulle, que fundó el primer régimen político estable y aceptado por todos los franceses de la edad contemporánea. En lo que hace a EE. A pesar de estos datos irrefutables, la obsesión juvenil ha conservado un inexplicable prestigio, que se manifiesta, entre otras cosas, en frases tópicas de continua aparición en la política y hasta en el mundo de la empresa, como las que propugnan el rejuvenecimiento de los cuadros o la jubilación de la vieja guardia Ese prestigio ha dado lugar a no pocos errores de juicio. De este modo, el digno continuador de De Gaulle, Pompidou, prefería como sucesor (por encima, como no, de la vieja guardia del gaullismo) a un jovencísimoChirac, enérgico e hiperactivo, pero carente de proyecto político propio, como los últimos diez años han puesto de manifiesto. Otro ilustre sexagenario septuagenario, Mitterrand, decía que su sucesión en el partido socialista francés tendría que hacerse saltándose una generación, y así eligió al también muy joven Laurent Fabius, brillantísimo sin duda, pero cuya designación como primer ministro se reveló prematura. Por último, es pronto para formar juicio definitivo sobre el presidente Rodríguez Zapatero, pero algún síntoma hay ya de que su elección se hizo sobrestimando indebidamente su juventud. ¿Cómo defenderse del juvenilismo? En primer lugar, rechazando sus postulados y afirmando los valores de la edad y la experiencia. Hay que evitar patéticos errores, como el que cometió sir Malcolm Rifkind, de cincuenta y nueve años, otro candidato descartado para el liderazgo tory, quien declaró durante su campaña el pasado verano que no era tan viejo como la gente creía, y que estaba lleno de vitalidad y energía. En segundo lugar, asumiendo con humor la propia edad, como hizo una vez, con su inimitabley tranquila seguridad, Ronald Reagan. Dijo así el presidente: Se exagera mucho con la cuestión de mi edad. Cuando el presidente Andrew Jackson terminó su segundo mandato en 1837 tenía casi setenta años y se encontraba en plena forma. Y lo sé porque él me lo dijo PALABRAS CRUZADAS ¿Son justas y acertadas las nuevas medidas laborales para los funcionarios? ALENTAR LA IGUALDAD NO de los avances relevantes del último siglo es la igualación en derechos de hombres y mujeres. No ha sido un camino fácil, tropieza con prejuicios milenarios. El permiso de paternidad es otra piedra para vadear ese tumultuoso río. Advierte que la responsabilidad tras el parto es de ambos y que vida laboral y vida familiar no deben disociarse. Desde el punto de partida de la igualdad no cabe la especialización unívoca por sexo. Podemos preguntarnos por quién paga, a quién se endosan esos diez días cobrados y no trabajados. No estamos ante un coste apreciable, trasladado al porciento de la jornada laboral media en una vida profesional, se trata de alguna FERNANDO G. URBANEJA milésima. Cuantas medidas rodeen el aprecio de la natalidad y el estímulo de la familia con responsabilidades compartidas, merecen apoyo; que el Estado incorpore esos derechos a su modelo básico de contrato laboral, animará a otros a incorporarlo en convenios y en la práctica ordinaria, igual que las fiestas de guardar, ¿o no es la mejor fiesta un nacimiento? Dirán que los diez días de libranza no garantizan armonía familiar ni paternidad responsable, pero cada cual sabrá lo que hace con sus derechos, eso viene después de reconocerlos. LOS FUNCIONARIOS TENEMOS OBLIGACIONES OY funcionario. Siempre he pensado que esto confiere, más que derechos que debemos reivindicar, privilegios que debemos agradecer, singularmente dos. Primero, me pagan los contribuyentes. Segundo, gozo de un empleo fijo para toda la vida, puesto que nadie puede privarme de mi cátedra. Tan extraordinaria situación ha de poseer contrapartidas. Por ejemplo, no creo que los funcionarios podamos tener derecho de huelga. Y no he hecho huelga nunca. Ni siquiera el famoso 14 de diciembre de 1988, cuando fui a la facultad, la hallé cerrada, me colé por una ventana que encontré abierta en la planta baja del pabellón prefabricado de EcoCARLOS R. nómicas en la Complutense, adonde iba BRAUN y sigo yendo todos los días, como es mi obligación, y vagué por los pasillos desolados en mudo testimonio de que allí había un funcionario dispuesto a cumplir con su deber. Si los trabajadores tienen derechos, no los puede conceder graciosamente el poder a costa de la sociedad, y mucho menos a los funcionarios antes que a los demás. Las condiciones de trabajo han de ser libres en el sector privado. Y en el público deben compensar los privilegios de que gozamos los funcionarios con las obligaciones que comporta lo que, hermosa y gráficamente, llamamos servicio público. U S ¿Y usted qué opina? Déjenos su mensaje o su voto en la página web www. abc. es el debate vpuig abc. es