Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 Opinión LUNES 5 12 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil ESPEJO ANDALUZ E DETENCIONES AL MARGEN DE LA LEY A Audiencia Provincial de Madrid ha estimado que existen indicios más que suficientes para juzgar por los delitos de detención ilegal y falsedad a los tres policías imputados en el llamado caso Bono La apertura del procedimiento correspondiente supone un notable varapalo al fiscal general del Estado, anticipado ya por el juez de instrucción cuando decidió archivar la causa contra los dos militantes del PP detenidos tres días después de la hipotética agresión al ministro de Defensa. No eran muy sólidos ciertamente los argumentos aportados por la Fiscalía al afirmar que la actitud vociferante convertía a los detenidos en sospechosos, extraña fórmula para la aplicación de un tipo penal que debe caracterizarse siempre por la más exquisita precisión al describir la conducta antijurídica. Poco después de la manifestación de la AVT del 22 de enero, José Antonio Alonso hablaba de mentiras respecto de cualquier interferencia en la acción policial, y el delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, aseguraba que algunos envilecen la política aprovechando una manifestación pacífica. Las referidas resoluciones judiciales dejan en mal lugar estas opiniones tan contundentes y una eventual sentencia condenatoria haría insostenible la posición de los responsables de Interior. Recuérdese que el primer instructor policial del caso- -luego relevado- -ha declarado que, en opinión de los agentes allí presentes, no había motivo para detener a nadie, y también que otro responsable asegura que un mando intermedio impuso la práctica de una actuaciones que tienen serios visos de ilegalidad. La interferencia política resulta más que probable. Por ello, el ministro tendrá que ofrecer explicaciones muy concretas. Las desavenencias- -por todos conocidas- -entre los titulares de Interior y Defensa aparecen también en el horizonte de unas actuaciones cuyo origen se sitúa, según aseguran las Fuerzas de Seguridad, en la imprudencia de Bono al acudir a la manifestación sin advertencia previa. El Gobierno, por tanto, no puede mirar hacia otro lado y desviar la culpabilidad hacia los policías afectados, cuya hoja de servicios no ofrece motivos para la sospecha y que gozan por ahora, como cualquier ciudadano, de la pre- L sunción de inocencia. Alonso y Méndez deben asumir su responsabilidad por la actuación de los funcionarios a sus órdenes, puesto que ni el más ingenuo observador puede suponer que los agentes actuaron por cuenta propia. Da la sensación de que se trató de buscar un culpable a toda costa y no se reparó en medios, aunque fueran ilícitos, para satisfacer alguna voluntad política. Las concentraciones en lugares de tránsito público y las manifestaciones se han convertido en instrumento cotidiano de la vida social. El artículo 21 de la Constitución reconoce este derecho fundamental, cuyos límites están precisados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: entre ellos no se encuentra- -faltaría más- -la prohibición de gritar contra el Gobierno, que tiene el deber específico de facilitar el ejercicio libre y pacífico de una facultad de los ciudadanos que cuenta con el máximo arraigo en el Estado democrático. Por lo demás, cualquier atisbo de discriminación entre manifestantes afines y hostiles al Gobierno merece la más rotunda y severa condena. El Estado de Derecho exige un respeto escrupuloso a las formas y procedimientos en materias que afectan a la libertad de las personas. Es un hecho muy grave acudir tres días después a la casa de los ciudadanos afectados, cuando ya no podía existir peligro alguno para el orden público, si es que alguna vez lo hubo. Decirles que estaban detenidos antes incluso de prestar declaración supone, como precisa la Audiencia, una inaceptable confusión, ya que o se está detenido o se está en libertad, y no caben figuras intermedias en nuestro ordenamiento jurídico. Aún más sorprendente resulta la imputación de que el jefe de la Brigada de Información, el inspector y el agente se pusieran de acuerdo para rehacer las diligencias puesto que la manipulación de documentos de tan notable trascendencia procesal constituye una actuación intolerable para las garantías jurídicas. Los jueces dirán lo que proceda con arreglo a Derecho. En el ámbito político, sale muy mal parado del caso un Gobierno que parece necesitar en los últimos tiempos un cursillo acelerado acerca de cuáles son sus obligaciones en materia de derechos fundamentales y libertades públicas. L sistema de financiación previsto en el proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña resulta inasumible para el Gobierno y el PSOE, porque supone una ruptura con el régimen general que afecta a todas las Comunidades y provocaría, en consecuencia, un aluvión de reivindicaciones en cascada por el agravio comparativo que supondría su aprobación en el Parlamento. La fórmula pagar por renta, recibir por población partiría por la mitad la estructura financiera de no pocas autonomías. Todo parece indicar que la solución puede venir de Andalucía, cuyo borrador de reforma estatutaria, en el que también está la mano de Mercé Barceló, puede servir de espejo al modelo catalán, siempre, claró está, que el tripartito y CiU no decidan romper el cristal en el que habrían de mirarse. Pasqual Maragall EFE PATATA CALIENTE L final, el conflicto laboral de Seat se sitúa en el escenario más inconveniente para la Generalitat catalana, obligada a decidir sobre el ERE que han intentando negociar sin éxito la dirección de la empresa automovilística y los sindicatos. El período de consultas del Expediente de Regulación de Empleo presentado hace un mes para despedir a 1.346 trabajadores ha finalizado sin acuerdo. Ello obligará a la consejería de Trabajo e Industria a mediar y decidir, lo que coloca al Gobierno de Pasqual Maragall en la peligrosa tesitura de hacer de juez en un conflicto que le salpica directamente. Difícil papel de árbitro en una batalla de intereses enfrentados. Patata caliente que habrá de cocinar con tiento para no quemarse los dedos y salir trasquilado. A LA REVOLUCIÓN ENLOQUECIDA A retirada de los principales candidatos de oposición ha convertido las elecciones legislativas de ayer en Venezuela en un nuevo plebiscito para el controvertido presidente Hugo Chávez, decidido a llevar al país hacia la catástrofe. Demostrado técnicamente que el sistema electoral no era fiable para asegurar la limpieza de los resultados, lo único que queda por determinar es cuánta gente acude a votar, y quién no, para volver a comprobar, como ya sucedió en el caso del referéndum revocatorio del año pasado, que el régimen chavista ha dividido en dos al país y el coronel golpista no tiene la menor intención de remediarlo. Es más: ya se ha anunciado que quienes no hayan acudido a votar este domingo deberán afrontar las correspondientes represalias por parte del Gobierno. La postura de la oposición, abandonando el proceso electoral, habría sido condenable sin matices si se hubiera producido en circunstancias de normalidad democrática. A falta de ello, la decisión de retirar las candidaturas y pedir la abstención debería ser contemplada como L una consecuencia indeseable, fruto de las evidentes carencias democráticas del chavismo. Ahora, con la mayoría aplastante de los diputados de la Asamblea Nacional, Chávez tiene ya las manos libres para reformar a su antojo la Constitución que él mismo había redactado, de manera que no le temblará el pulso para arreglar las cosas y seguir en el poder mas allá de 2012. El ritmo de la revolución bolivariana se acelerará de forma enloquecida con las riendas de todos los poderes en manos de Hugo Chávez, en un periodo de especial bonanza por los elevados precios del petróleo. Pero ya sabemos que el mandatario venezolano no utilizará estos ingresos extraordinarios para resolver los graves problemas económicos del país. Lamentablemente, se ha producido la combinación de un poder institucional prácticamente totalitario y una lluvia de petrodolares, ambos en manos de un dirigente sin vocación democrática, lo que lleva a Venezuela a alejarse cada día más de los márgenes propios de un Estado de Derecho. PREDICAR Y DAR TRIGO A Administración ha presentado sus nuevos planes para potenciar la investigación durante el próximo año. Naturamente, lo vende a su manera: que si más fondos para proyectos, que si más posibilidades para solicitar financiación, que si una nueva Agencia... Los científicos, hartos de las promesas incumplidas del Gobierno, desconfían de tanta palabrería y están en pie de guerra. El presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España, Joan Guinovart, se muestra extremadamente crítico con los resultados cosechados y ha expresado su profunda inquietud O sea, que no. Que una cosa es predicar y otra, dar trigo. L