Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC DOMINGO 4 12 2005 61 El Gobierno afirma que aprobará la Ley de Dependencia antes de que finalice el año lidad cultural, económica y social de Baleares y algo similar explica Juan Antonio Ruiz Vivo, portavoz del Gobierno murciano la televisión es un instrumento de identidad cultural, y lo que ahora vemos es la identidad de Canal 9, de TV 3, de Castilla- La Mancha. Murcia es una isla televisiva) Pero, más allá de las buenas intenciones, los expertos hablan de un discurso circular que cambia según cada partido esté en el gobierno o en la oposición. Los últimos acusan de manipulación a los primeros, y prometen cambiar la situación. Y luego, cuando llegan al poder, se invierten los términos Diferencias irreconocibles Es un despilfarro absurdo, en nuestras comunidades y en las del PSOE afirma Juan Manuel de la Fuente, consejero del PP en la televisión de Castilla- La Mancha. ¿Qué diferencia hay entre las públicas y las otras? No tienen nada de servicio público En el caso de la radiotelevisión vasca, según Carlos Urquijo, diputado del PP, que se suma a este debate, ha servido para dar voz en cincuenta ocasiones a miembros de la ilegalizada Batasuna Las quejas se multiplican comunidad a comunidad, momento en el cual Eduardo García Matilla recuerda que a la BBC siempre la critica el Gobierno y la defiende la oposición ¿Y los espectadores? Alejandro Perales, presidente de la Asociación de Usuarios de la Comunicación, cree que debe de haber una televisión de proximidad, y que, cuanto más pluralidad, mejor. La cuestión es determinar el modelo, decidir si el sector público tiene que competir en el mercado publicitario... Nosotros creemos que hay que dimensionar sus costes y cubrir contenidos que no tienen por qué ser marginales pero tampoco comerciales. Pero ahora, públicas y privadas no se diferencian, y las primeras compiten deslealmente en el mercado Esta semana, sí, ha cambiado la cara vista de la televisión. La TDT ya está en cientos de miles de hogares, lo que promete un nuevo panorama audiovisual con decenas de nuevos canales, autonómicas privadas y canales locales públicos. Sólo en la Comunidad valenciana podrían emitir diecisiete de estas emisoras, una en cada comarca. La cara oculta, empero, sigue tal cual, con una factura anual de 1.200 millones. El problema no es cuánto cuestan las autonómicas- -dicen los expertos- sino la programación que se hace con ese dinero cultura, utilidad para los ciudadanos, pero lo cierto es que hay unos presupuestos desorbitados, con enormes partidas dedicadas al cine internacional o al fútbol y con nuevos canales creados para tener más influencia política La Forta no puede gastar dinero en películas de Hollywood opina también Juan Luis Manfredi, consultor de comunicación, autor de la tesis La televisión pública europea en el contexto del Estado del bienestar y de las políticas audiovisuales de comunicación Manfredi cree que los gobiernos autónomos utilizan la televisión como fuente de poder, realidad que está muy lejos de su objetivo inicial de servicio público. Por resumir, lo importante no es cuánto se gasta sino por qué y cómo. Hay que repensar la televisión pública para que sea digna de ese nombre María Umbert, directora general del Ente Público de Radiotelevisión balear, tiene su argumento para la inversión la IB 3 responde a la necesidad de disponer de un medio de comunicación público y propio que refleje la rea- ABC Bruselas investiga la financiación del servicio público audiovisual LAURA VILLENA BRUSELAS. El eco de la fortuna que las televisiones públicas supone para las arcas del Estado ha llegado a Bruselas. Tras recibir quejas de las privadas Antena 3 y Tele 5 por la financiación del servicio público audiovisual nacional y regional español, la Comisión Europea abrió una investigación sobre las ayudas estatales. Tras la investigación, el Ejecutivo europeo pidió al Gobierno español, en abril de este año, la introducción de ciertos cambios en el régi- men de financiación de su ente público. Bruselas pide en primer lugar que se definan con nitidez los costes de las cadenas públicas y se aclare cuándo se trata de un servicio público y cuándo de una actividad comercial, para asegurarse de que no hay compensaciones de más por parte del Estado. Por otra parte, ha solicitado que las actividades comerciales respeten los criterios de mercado. La Comisión Europea decidió abolir también la exención de tasas y la garantía ilimitada del Estado. El caso español no deja de ser un mero ejemplo de lo que ocurre en el resto de Europa. Países como Francia, Italia, Holanda, Irlanda y Portugal entre otros, figuran entre los que cuentan con un panorama audiovisual público similar al español. Ello ha despertado la ira del gigante europeo que ha lanzado ya investigaciones en todos ellos por el enorme impacto que estos regímenes de financiación tienen sobre la competencia y las reglas del mercado.