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ABC DOMINGO 4 12 2005 Nacional 21 ÁLVARO DELGADO- GAL ESTO SE ESTÁ PONIENDO RARO mediados de semana, militantes de ERC, pastoreados por dos diputados del mismo partido, se encadenaron frente a la sede de la COPE y armaron la de San Quintín. El gesto extemporáneo y las caretas que cubrían los rostros evocaban dolorosamente los desplantes a que nos tiene habituados HB. Zapatero afeó el acto, aunque no con la claridad que las circunstancias exigían. Habló de intimidaciones análogas a la SER, lo que resulta falaz por dos razones. Primero, porque la SER no ha sufrido un episodio semejante. Segundo, porque ningún diputado de la derecha se ha personado ante la cadena para autorizar con su presencia la acción de alborotadores enmascarados. Por supuesto, el presidente acumulaba motivos para no ser más explícito. ERC es aliada del Gobierno, y esto la convierte en intangible de momento. Todo esto es grave. Pero es aún más grave cuando se coloca en contexto. En 1998, Pujol decidió no renovar la licencia a varios postes de la COPE en Cataluña. El razonamiento expreso fue que la ley de política lingüística que ese mismo año se había votado en el Parlament exigía porcentajes de emisión en catalán incompatibles con la renovación de las licencias. El Tribunal Superior de Cataluña aceptó el recurso presentado por los afectados, y las emisoras han seguido funcionando hasta ahora. El Tribunal Supremo acaba de avalar la renovación de la licencia, basándose en que la medida de la Generalitat implicaba la aplicación de una norma con efecto retroactivo. Por debajo, sin embargo, de los silogismos técnico- jurídicos, subsisten hechos políticos insoslayables. La decisión de Pujol no estaba inspirada, resulta claro, en un prurito de carácter formalista. Es cierto que Pujol ha sido, por lo general, un hombre prudente. Y es verdad también que ha gastado unos modos que, en términos comparativos, se nos antojan ahora exquisitos. Ello no quita, no obstante, para que el ex presidente haya hecho todo cuanto estaba en su mano para ahogar el pluralismo en la región del nordeste. Los excesos actuales constituyen, en gran medida, una consecuencia diferida de los hábitos, procedimientos y mañas que se incubaron durante la larga etapa pujolista. La determinación de suspender las concesiones rompía una ley no escrita: la de la renovación automática. Principio indisociable de la libertad de expresión, en peligro máximo cuando la capacidad de seguir hablando depende de la voluntad o buena disposición de quien ocupa el poder. De los tiempos aún próximos de hegemonía convergente, a los actuales, la situación se ha deteriorado en proporciones dramáticas. Dos factores merecen ser tenidos en cuenta. El pri- A mero, es terrorífico. En el 98, el jefe convergente acudió a un pretexto artificioso para silenciar a sus enemigos políticos. En el 2005, por el contrario, los argumentos son directamente ideológicos. CiU, PSC y ERC han iniciado un ataque concertado contra la cadena, alegando que éste difunde contenidos ofensivos para Cataluña, la convivencia y la verdad. Sobrecoge que puedan decirse estas cosas en una democracia. En una democracia, los límites a la libertad de expresión ha de ponerlos el Cogido Penal, no la interpretación que de la verdad o la convivencia tengan a bien hacer los agentes políticos. Que uno de los más locuaces sea Montilla, el guardián facultativo del espacio audiovisual, añade escándalo al escándalo. El segundo factor es futurológico. La COPE ha continuado emitiendo gracias a que, en materia contencioso- administrativa, existe todavía algo parecido a una justicia de rango nacional. El caso es celebrable, con independencia de la simpatía que nos merezca la cadena de los obispos. ¿Persistirán estas garantías cuando la justicia se haya fragmentado según las líneas de fisura de los poderes regionales? No se pongan a contar con los dedos de la mano, porque son insuficientes. Dependeríamos de la amabilidad o complacencia... de 17 gobiernos autónomos. Y en el terreno de la libertad de expresión no se dan las disidencias que se registran en otros. Verbigracia, el fiscal. Todos querrán mandar todo lo que puedan. Y lo harán si se les ofrece la oportunidad. Una última observación. En el 2002, se sacó una ley en virtud de la cual la no renovación automática de licencias sólo podría suspenderse si se producía una vulneración de los derechos fundamentales. La decisión, además, debía estar respaldada por una sentencia firme del Supremo. Da la sensación, sin embargo, de que el Consejo Audiovisual de Cataluña está experimentando unas urgencias censorias notables. ¿Se cambiará la ley? ¿Se sostendrá que la COPE vulnera derechos fundamentales? ¿Más, por ejemplo, que el diario Gara Esto, señores, se está poniendo raro. Muy raro. En una democracia, los límites a la libertad de expresión ha de ponerlos el Código Penal, no la interpretación que de la verdad o la convivencia tengan a bien hacer los agentes políticos