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ABC DOMINGO 4 12 2005 Opinión 5 CARTA DEL DIRECTOR IGNACIO CAMACHO REFORMA DE CONTRABANDO Construir un pacto con fuerzas nacionalistas para reformar de hecho la Constitución, a través de su letra o de su espíritu, supone en primer lugar un engaño a los ciudadanos que fueron a votar sin ser advertidos de tales intenciones, y en segundo término constituye una política suicida que acabará determinando una España de dos velocidades E L consenso constitucional no es un mito ni una leyenda urbana, como parecen sostener algunos arúspices del zapaterismo, presos del iluminado delirio de la Segunda Transición. El consenso constitucional fue un acuerdo de la inmensa mayoría de los partidos españoles- -desde la derecha dura al comunismo- -para construir a base de cesiones mutuas un marco de convivencia nacional que ha hecho posible más de un cuarto de siglo de estabilidad democrática, progreso económico, cohesión social y desarrollo autonómico. Y que ha permanecido vigente, a trancas y barrancas, a medida que la sociedad española evolucionaba hacia nuevas formas de vida. Por alguna razón, no explicada de manera suficiente, alguien ha decidido clausurar ese consenso, enviarlo al desván de la Historia y sustituirlo por un nuevo pacto, de menor apoyo ciudadano, en el que los nacionalismos parecen llamados a desempeñar un rol de primer orden. Precisamente los nacionalismos que más cuestionaron el orden constitucional, del que sin embargo se han aprovechado para desarrollar amplísimas cotas de un autogobierno que ahora consideran insuficiente y caducado. Ese alguien no es otro que el presidente Rodríguez Zapatero, cuyos seguidores más iluministas hablan ya sin tapujos del viejo PSOE para referirse a los sectores socialistas- -quizá mayoritarios- -que aún consideran vigente el acuerdo fundacional de la actual democracia española. Y que tienen, como los demás ciudadanos, el derecho a mostrar su perplejidad y su asombro por el hecho fehaciente de que el Gobierno ha emprendido un programa de reformas de fondo que no figuraba en el contrato con el que se presentó a las elecciones. Manifestantes, ayer, en la concentración en defensa de la Constitución convocada por el PP Pero eso es lo que nadie parece comprender, al menos desde la dirección del Gobierno. (Digo la dirección porque en el Gabinete se sientan algunas personalidades que sí lo entienden con toda nitidez) Construir un pacto de largo alcance con fuerzas nacionalistas, y reformar de hecho la Constitución, bien a través de su letra o de su espíritu, supone en primer lugar un engaño a los ciudadanos que fueron a votar sin ser advertidos de tales intenciones, y en segundo término constituye una política suicida para la estabilidad del país y del Estado, que acabará determinando una España de dos velocidades económicas y sociales. Justo el peligro que se logró evitar durante los primeros años de desarrollo constitucional. CHEMA BARROSO La base de este impulso renovador la constituye la vaga consideración de que la Transición ha quedado superada y es necesario darle una vuelta de tuerca con un difuso horizonte programático. Ocurre, sin embargo, que este nuevo pacto, cualesquiera que sean su naturaleza y alcances, va a tener por fuerza una base mucho más estrecha que el de 1978, ya que excluye de partida al partido que representa a casi un 40 por ciento de los españoles. De ahí que el consenso constitucional siga siendo, de largo, el más eficaz y válido; en democracia, el éxito se mide por la capacidad de recabar apoyos, y las políticas de cohesión e igualdad contenidas en la Carta Magna gozan en este momento de mucho más respaldo que el aventurerismo excluyente con el que se las trata de sustituir. Diríase, incluso, que en el propio seno del Partido Socialista hay muchos más partidarios de mantener el espíritu de mayorías transversales que de cambiarlo por el inestable acuerdo con unos nacionalismos poco comprometidos no sólo con la idea de igualdad, sino con el concepto esencial de una nación de ciudadanos. La idea de nación de naciones es un dislate que irrita a cualquier progresista mínimamente consciente del valor de la igualdad de las personas por encima de los territorios. Por mucho que los intereses políticos del PSOE y del PP sean en este momento divergentes hasta un grado inaceptable de enfrentamiento, el acuerdo de fondo que sostiene la estructura ideológica de ambos partidos es más profundo que las diferencias tácticas o estratégicas de la batalla por el poder. Es al presidente Zapatero a quien corresponde la iniciativa para enderezar este rumbo errático que puede conducir, quizá no a la ruptura del Estado, pero sí a la quiebra de la cohesión social y política de la nación. No vale culpar a la oposición de imposibilitar el consenso con políticas crispadoras o con intransigencias de máximos, que pueden ser reales pero nunca alcanzarán la importancia decisiva de la acción de Gobierno. Es el Gobierno el que tiene la responsabilidad de marcar la dirección correcta. Por antonomasia, porque es el Ejecutivo el encargado de proponer las políticas y tomar las decisiones. Y también porque este cambio estratégico no figuraba en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones. Contrasta, en este sentido, el énfasis pactista que Zapatero puso durante su periodo como líder de la oposición con la iniciativa excluyente que caracteriza su etapa de primer ministro. Fue Zapatero el que supo expresar con acierto y responsabilidad las virtudes de los grandes pactos de Estado horizontales, entre las dos únicas fuerzas que pueden sostener el núcleo del Gobierno de la nación. Sin embargo, no ha sabido hasta ahora dar una sola razón convincente de su empeño por marginar al PP de los grandes acuerdos y del diseño mismo de las políticas de Estado, en beneficio de unos socios tan coyunturales que ya está barajando, tan sólo año y medio después, la posibilidad de sustituirlos por otros no mucho más fiables- -aunque sin duda con mayor responsabilidad- -en la firmeza de su compromiso con España. Al cumplirse una nueva efemérides de la Carta Magna, la necesidad de renovar su compromiso de acuerdos máximos es más necesaria que nunca, y así lo percibe con toda claridad la opinión pública. El Estatuto catalán supone un desafío a los principios de unidad nacional consagrados en la Constitución, y sobre todo ponen en solfa los conceptos, democráticamente sagrados, de la igualdad entre los ciudadanos. Y eso no lo va a arreglar Zapatero con un maquillaje nominalista a base de birlibirloques retóricos y retruécanos conceptuales. La Constitución del 78 puede y acaso deba ser reformada, pero el único camino legítimo para hacerlo es mediante un acuerdo ciudadano tan amplio o más que el que la hizo posible. Todo lo demás es trampa, enredo, matute, asechanza y contrabando. Es decir, un timo a la voluntad política de los ciudadanos. director abc. es