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26 Internacional TRES DÉCADAS DE PENA DE MUERTE EN EE. UU. MIÉRCOLES 30 11 2005 ABC La ejecución número 1.000 deberá esperar El reo que iba a ser ajusticiado hoy en Virginia ha visto su pena conmutada por la cadena perpetua b Robin Lovitt ya no será el ejecutado número 1.000; el triste honor corresponderá a Kenneth Lee Boyd, citado con la muerte el próximo viernes en Carolina del Norte PEDRO RODRÍGUEZ. CORRESPONSAL WASHINGTON. La pena de muerte- -quizá la brecha más profunda entre Estados Unidos y el resto de las democracias occidentales- -va a celebrar estos días una macabra efeméride desde la moratoria que el Tribunal Supremo dio por terminada en 1976. Ayer, después de cumplir con la tradición de una cena pantagruélica, Ohio ejecutó al reo número 999. Se trataba de John Hicks, un violento drogadicto negro ajusticiado por estrangular a su suegra para robarle dinero con el que alimentar su adicción a un derivado de la cocaína. Además de ahogar el día siguiente a su hijastra de cinco años para eliminar testigos. El retorcido quería que el macabro listón del cumplimiento de mil sentencias a la pena capital recayese también en otro afroamericano: Robin Lovitt. Un reo de Virginia condenado por apuñalar seis veces con unas tijeras al manager de unos billares a las afueras de Washington para robarle la recaudación del día. Su cita con la inyección letal estaba prevista para esta noche a las tres de la madrugada hora de España, en una prisión situada a unos cien kilómetros de la histórica capital sureña de Richmond. La efímera moratoria del Supremo P. R. WASHINGTON. La restitución de la pena de muerte en EE. UU. se basa en dos decisiones del Tribunal Supremo. En 1972, en el caso Furman versus Georgia la máxima autoridad judicial sentenció que la pena capital estaba siendo aplicada de forma inconstitucional en muchos Estados de la Unión, al ser utilizada de forma discriminatoria contra negros. En 1976, el Supremo, en el caso Gregg versus Georgia declaraba la constitucionalidad en ese Estado sureño, abriendo las puertas a la validación de similares castigos penales en el resto de la Unión. En la práctica, esta moratoria de apenas diez años, terminaría el 17 de enero de 1977 con el fusilamiento en Utah del asesino Gary Gilmore, inspirando el libro de Norman Mailer La canción del verdugo Las últimas y recordadas palabras de Gilmore ante el pelotón de fusilamiento fueron Let s do it (Hagámoslo) Gary M. Gilmore, el primer reo ajusticiado tras reimplantarse la pena de muerte AP Sin margen para el error Los opositores a la pena de muerte han utilizado esta ocasión para relanzar la polémica sobre un recurso penal sin margen para el error, cada vez menos aplicado y que atraviesa por sus niveles más bajos de popularidad en las últimas tres décadas. Para Lovitt, la única esperanza era una excepcional intervención del gobernador Mark Warner. Un demócrata en la recta final de su mandato pero con evidentes aspiraciones presidenciales de cara los comicios de 2008. Como Bill Clinton en su época en Arkansas, Warner no es famoso por su clemencia. Sobre la posibilidad de conmutar la pena de muerte de Lovitt por una cadena perpetua, el gobernador Warner dejó saber que continuaba dando a este caso la consideración seria y de oración que se merece Finalmente, apenas 24 horas antes del momento fatídico, Warner decidía conmutar su cita con una inyección letal por una pena de cadena perpetua. Los abogados de Lovitt- -entre los que figura Kenneth Starr, el implacable fiscal independiente a cargo de los principales escándalos de la era Clinton- -insistían en que este caso es desgraciadamente ideal para demostrar que la aplicación de la pena capital en Estados Unidos no es precisamente infalible. Empezando por el hecho de que las tijeras utilizadas en este crimen y Robin Lovitt debía ser ejecutado hoy AFP La pena capital es legal en 38 Estados de la Unión, pero su aplicación se concentra en Virginia y Texas otras evidencias fueron ilegal y prematuramente destruidas por un funcionario judicial. Impidiendo la posibilidad de análisis de ADN que hubieran podido respaldar la insistencia de Lovitt en declararse inocente. La condena de Robin Lovitt también adolecía de otros problemas desgraciadamente habituales en este tipo de casos: confusas identificaciones por parte de testigos presenciales (uno de ellos se declaró seguro al ochenta por ciento ignorancia de condiciones especiales como abusos infantiles sufridos por el acusado; o utilización de informantes carcelarios con un notorio historial de testificar cualquier cosa para lograr sentencias reducidas o mejores condiciones. En opinión de Jack Payden- Travers, activista de Virginia que espera organizar hoy una masiva protesta a nivel nacional, el caso de Lovitt resultaba especialmente atroz, descarado y sospechoso. Insistiendo en aprovechar esta triste oportunidad para denunciar la complacencia demostrada por Estados Unidos a la hora de permitir una ejecución cada diez días. Para Amnistía Internacional, es lamentable que el gigante americano no figure entre los 121 países que han abolido la pena de muerte. El triste honor de ser el ajusticiado número 1.000 recae ahora en Kenneth Lee Boyd, quien tiene su cita con la muerte el próximo viernes en Carolina del Norte por asesinar a su esposa y a su suegro. Pobres, negros o sin defensa Dentro de su renovado alegato contra la pena capital, Amnistía Internacional ha vuelto a calificar este tipo de sentencias como inefectivas, arbitrarias e inútiles a la hora de disuadir a los criminales Quejas acompañadas de estadísticas que ilustran cómo un desproporcionado porcentaje de los hombres y mujeres ejecutados en la era moderna de la pena de muerte en EE. UU. eran pobres, negros o acusados sin una defensa competente. Con 122 casos de personas injustamente condenadas a muerte. Como parte de estos argumentos críticos también se recalca que la pena de muerte en EE. UU. no es uniforme, sino que parece ser más bien un fenómeno regional o cultural con un 80 por ciento de las ejecuciones concentradas en Estados sureños. Clasificación donde Texas y Virginia acumulan casi la mitad de los reos ejecutados desde 1976. En la actualidad, hay 3.400 condenados, incluidos 118 extranjeros.