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18 Nacional LUNES 28 11 2005 ABC ANTONIO DORADO Presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales La justicia de proximidad supone volver al feudalismo judicial Los secretarios judiciales perciben con preocupación una situación de desgobierno de la Justicia que atribuyen a la falta de voluntad o capacidad del ministro. Por ello, dicen estar dispuestos a llegar hasta el final para defender el modelo de Justicia que nació del extinto Pacto de Estado TEXTO: NIEVES COLLI -Están ustedes muy enfadados con el ministro de Justicia... -Lo que estamos es profundamente decepcionados. Cuando al principio de la legislatura aseguró que su primordial objetivo era desarrollar la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) tanto en lo relativo a la nueva oficina judicial como en las potenciadas competencias del cuerpo de secretarios judiciales, hizo que mantuviéramos una ilusión en nuestra profesión y en una nueva Administración de Justicia más moderna, eficaz, eficiente, y que asegurara un mejor servicio público, como demanda y merece el ciudadano. Sin embargo, estamos casi en el ecuador de la legislatura y poco o nada se ha hecho para el desarrollo de aquella ley de 2003, que era fruto del consenso plasmado en el Pacto de Estado que el propio López Aguilar firmó en representación del PSOE, y del consenso igualmente alcanzado con las comunidades autónomas. Lo que todos percibimos, y los ciudadanos también, es un escenario de desgobierno en la Administración de Justicia que nos preocupa extraordinariamente, pues la deriva de los acontecimientos es desalentadora para quienes, como nosotros, creemos en una Justicia como servicio público moderno y de calidad. -Tras un año de movilizaciones, los funcionarios han visto atendidas algunas de sus reivindicaciones. ¿Los secretarios judiciales no confían en que les ocurra lo mismo? -Llevamos casi dos años con pocas, inconsistentes y vacías reuniones con los responsables ministeriales, sin que se alcancen en ellas los objetivos mínimos propuestos, y cuando se han alcanzado algunos acuerdos han sido parciales y provisionales, e incluso en muchas ocasiones han sido incumplidos por el Ministerio. Sabemos que el camino es difícil y complicado, pero la impresión que nos da todo esto es que o falta voluntad política o capacidad política para ir adelante con las propias responsabilidades y proyectos. Una u otra circunstancia son realmente preocupantes. ¿Qué les hace sospechar que la intención del Gobierno es transferirles a las comunidades autónomas? -En el Gobierno de la Nación, el PSOE a través del Ministerio de Justicia nos asegura que no habrá transferencias de los secretarios judiciales y que se mantendrá nuestro carácter de cuerpo nacional dependiente del propio Ministerio; sin embargo, el mismo PSOE en Cataluña propone un estatuto en el que se reclama la transferencia, y en Galicia, también el PSOE la ha pedido recientemente de forma expresa. Este doble juego es el que nos preocupa, pues desconocemos a día de hoy las reales intenciones del partido en el gobierno. ¿En el terreno práctico, cómo va la implantación de la nueva oficina judicial, en la que el secretario judicial asume toda la responsabilidad de dirección? -Pues eso mismo nos preguntamos nosotros todas las mañanas. Y es que aún no se ha comenzado. No se ha desarrollado reglamentariamente la LOPJ, no hay experiencias piloto en marcha ni se encuentran aún en el Parlamento las reformas procesales que se prometió estarían en junio de este año 2005. En definitiva, el trabajo que depende del propio Ministerio aún no está hecho. A principios de año se nos presentó un ambicioso plan de implantación y se nos dijo que se comenzaría en octubre de 2006; ahora se nos dice que será en el primer trimestre de 2007, y mucho nos tememos que esto va a ser un suma y sigue. Nosotros sabemos que se puede y se debe empezar ya a implantar la oficina del siglo XXI de manera gradual y serena, como dice la propia LOPJ. ¿Se suman ustedes al rechazo del No entiendo por qué tanto esfuerzo para un modelo que coloca a la mitad de los ciudadanos ante jueces no profesionales modelo de justicia de proximidad? -Por supuesto, y por varias razones, pues el se basa en una filosofía contraria a la de la oficina judicial por la falta de profesionalidad de los que deben impartir la justicia y de los funcionarios que deben asistirles, y por la organización estructural de la oficina en sí misma. Por otro lado, significaría volver al feudalismo judicial dada la radical intervención que en ella se reserva a los ayuntamientos. Me dicen que en la clausura, este sábado, del Congreso de la APM, el ministro ha centrado gran parte de su intervención en la justicia de proximidad. No lo entiendo, no entiendo cómo se centran tantos esfuerzos en algo que no sólo torpedea la oficina judicial diseñada en la LOPJ, sino que además coloca a casi la mitad de los ciudadanos ante la tesitura de recibir administración de justicia no profesional. -El Ministerio asegura que todos sus proyectos se someten a consenso, pero ustedes dicen sentirse engañados ¿Por qué? -Las reformas procesales se han diseñado con retraso, precipitación y sin hacer una sola consulta a quienes debemos aplicarlas; el plan de implantación de la oficina judicial se ha diseñado sin preguntar a nadie, ni siquiera a quienes, como nosotros, debemos dirigir esa nave; no sabemos qué se está haciendo en materia de edificios judiciales nuevos ni en materia de aplicaciones informáticas, necesarias para que todo esto se mueva Cuando se nos consulta, como para nuestro aún no nato reglamento, se incumplen los acuerdos que se alcanzan; y cuando no se nos pregunta y damos nuestra opinión siempre alumbrada por la experiencia, se desprecian nuestras observaciones técnicas. Tal vez eso sea consensuar, no lo sé. ¿Hasta donde van a llegar? -Hasta donde sea preciso para defender una oficina judicial moderna y eficaz, base de una justicia igual para todos los ciudadanos independientemente del territorio y de una justicia de calidad; y, por supuesto, hasta donde sea preciso para defender a los secretarios judiciales como cuerpo nacional y único, incompatible con la transferencia de este colectivo. Llegaremos donde sea preciso llegar. La APM reclama más dinero y más jueces contra la violencia de género N. C. MADRID. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) mayoritaria en la carrera judicial, ha reclamado al Ministerio de Justicia más jueces y más medios económicos para eliminar las disfunciones que se han puesto de manifiesto desde la puesta en marcha de los Juzgados de Violencia contra la Mujer y poder garantizar así la plena eficacia de la ley integral y el decidido paso que supone en la lucha contra esta lacra social. Esta asociación, que este fin de semana clausuró en Valencia su XVI Congreso Nacional, considera impres- cindible aumentar la planta judicial especializada en este tipo de delitos e incrementar al mismo tiempo la dotación presupuestaria, pues nada o poco se puede conseguir sin jueces y sin dinero Esta es una de las conclusiones aprobadas por la APM, asociación que también reiteró su preocupación y su rechazo a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial proyectada por el Gobierno, especialmente en lo que se refiere a la llamada justicia de proximidad y a la creación de los consejos de justicia autonómicos. De la primera, la APM afirma que dibuja un modelo atractivo y demagógico de la Justicia, que su diseño no respeta la Constitución y que puede llegar a generar desigualdades entre los ciudadanos en función de la localidad en la que residan. Respecto de los consejos autonómicos, la APM volvió a advertir que su creación provocará la fragmentación del Poder Judicial, y que esto provocará que quede más expuesto a la influencia del poder político autonómico. La APM eligió en Valencia a su nueva ejecutiva, de la que, por primera vez, no formará parte ningún miembro de la circunscripción de Madrid, la tercera en número de asociados detrás de Andalucía y Comunidad Valenciana. Su presidente seguirá siendo José Ramón Ferrándiz mientras que Antonio García, magistrado del TSJ vasco, ha sido elegido portavoz.