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20 Nacional VIERNES 25 11 2005 ABC López Aguilar cierra un preacuerdo con los sindicatos tras un año de movilizaciones La firma definitiva depende de un sondeo de las centrales entre los funcionarios b CSI- CSIF y CC. OO advierten de El presupuesto de Justicia aumentará un 12,8 por ciento el próximo año N. C. MADRID. La subsecretaria de Justicia, Ana María de Miguel, expuso ayer ante la Comisión de Presupuestos del Senado el proyecto económico que maneja el Ministerio que dirige Juan Fernando López Aguilar para el próximo ejercicio. Según los datos que aportó, el gasto total ascenderá a 1.394 millones de euros, un 12,8 por ciento más que en 2005. En una nota de prensa, el Ministerio de Justicia asegura que es el mayor incremento de los últimos ocho años. La cantidad total se repartirá entre el propio Ministerio de Justicia- -al que corresponderán 1.285 millones de euros (147 más que en 2005) el Centro de Estudios Jurídicos- -13 millones- la Mutualidad General Judicial- -86,4 millones- y la Agencia Española de Protección de Datos- -9,5 millones- Parte de ese incremento será absorbido por la subida salarial prevista para el próximo año por lo que, según fuentes consultadas por ABC, no habrá un aumento real de la inversión en Justicia Por el contrario, el Ministerio sostiene que los presupuestos previstos para 2006 consolidan a la Justicia como el segundo servicio público básico del Estado Así, se prevé la creación de al menos 18 Juzgados de Violencia sobre la Mujer, 93 nuevas unidades judiciales y 100 plazas de fiscales, lo que supone el 58 por ciento del objetivo comprometido para toda la legislatura Treinta millones de euros se destinarán a la implantación de la nueva oficina judicial. que no es un cheque en blanco aunque elogian el cambio de actitud del Ministerio y consideran que supone un avance NIEVES COLLI MADRID. Un año después de que los sindicatos empezaran las movilizaciones- -incluida la convocatoria de cuatro jornadas de huelga general- el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y los representantes de cinco centrales sindicales de ámbito nacional- -CSI- CSIF, CC. OO, UGT, SAP y USO- -firmaron ayer un preacuerdo que recoge algunas de las reivindicaciones de los funcionarios de ese sector. Sin duda, un paso adelante en las difíciles relaciones de ese departamento con los trabajadores, aunque aún no se pueden lanzar las campanas al vuelo. El Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, trata de cerrar uno de los frentes que tiene abiertos. CC. OO y CSI- CSIF- -los más combativos aunque también los más representativos- -han condicionado la firma de un acuerdo definitivo a la consulta que van hacer entre los trabajadores de la Administración de Justicia. Si los funcionarios rechazan la oferta- -advierten ambos sindicatos en una nota conjunta- -no suscribiremos finalmente el acuerdo La fecha límite para la firma es el próximo 20 de diciembre. López Aguilar y los representantes sindicales firman el preacuerdo nueva oficina judicial. Y los funcionarios, añade, juegan un papel esencial En el capítulo de retribuciones, el preacuerdo incluye el compromiso del departamento que dirige López Aguilar de poner en marcha un programa de productividad dirigido al control del absentismo. Con efectos económicos a partir del próximo 1 de enero, se sufragará con una cantidad equivalente al 3 por ciento de la masa salarial, que se distribuirá entre los funcionarios. Los trabajadores que acumulen hasta cuatro días de ausencia dentro de cada semestre, percibirán con carácter EFE Cambio de actitud Los sindicatos, que elogian el cambio de actitud de Justicia, también quieren dejar claro que el compromiso asumido se refiere exclusivamente a las cuestiones estatutarias y retributivas recogidas en el preacuerdo y recuerdan que quedan muchas otras que seguiremos reivindicando Esto no es un cheque en blanco advierten fuentes sindicales. Desde Justicia se asegura que el preacuerdo supone incrementos salariales para los trabajadores- -se refiere a los que prestan sus servicios en los territorios bajo gestión del Ministerio- -que en total alcanzan el 19,5 por ciento; aumentos a los que habrá que sumar la subida general que reciben los funcionarios. Un comunicado difundido ayer asegura que, junto a la mejora de determinados aspectos retributivos, se preven modificaciones legislativas y reglamentarias que asegurarán una mayor equiparación en las condiciones de trabajo de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia así como un aumento progresivo de plazas en la oferta de empleo público. El texto del preacuerdo subraya la necesidad de que todos los operadores de la Administración de Justicia lleguen a posiciones de consenso con el fin de llevar a buen puerto las reformas que exige la implantación de la mensual 47 la cantidad disminuirá a 29 si acumulan entre cinco y ocho días. El funcionario que se ausente más de ocho días quedará fuera del programa, que excluye de la penalización, entre otros conceptos, vacaciones, permisos legalmente establecidos, bajas por maternidad, licencias por enfermedad o accidente laboral, ausencias por enfermedad debidamente justificadas o faltas de funcionarias víctimas de violencia de género. El preacuerdo también preve, entre otras, modificaciones del régimen disciplinario, del sistema de ingreso o de las condiciones para la promoción. Interior busca en los ordenadores de los islamistas los fondos que enviaron a terroristas argelinos ABC MADRID. La Guardia Civil ha comenzado a desentrañar los ordenadores portátiles y de sobremesa incautados a la célula islamista desmantelada en Alicante, Granada y Murcia con el objetivo de encontrar nuevos datos sobre el envío de dinero que hizo desde España a cuentas bancarias de Argelia vinculadas, según las autoridades de este país, con el Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, organización que forma parte de la red norteafricana de Al Qaida. Los agentes dan prioridad a esta línea de investigación por cuanto uno de los principales cometidos del grupo desarticulado era recabar fondos en nuestro país para financiar a la mencionada organización salafista, una escisión del GIA. Además del material informático, la Guardia Civil intervino a los once argelinos detenidos un lector de tarjetas de crédito para clonarlas y pasaportes de Marruecos, Rumanía, Argelia y Francia, así como permisos de conducir y células de identidad francesas. Y es que los arrestados también se dedicaban a la falsificación de documentos, que entregaban a otros islamistas para facilitarles su tránsito por Europa. De ahí que la Guardia Civil haya abierto también líneas de investigación con Alemania, Holanda, Reino Unido, Bélgica y Dinamarca, ya que los detenidos mantenían frecuentes contactos con islamistas residentes en estos países. Sobre esta operación, denominada Gamo el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, afirmó ayer que sigue abierta en varias provincias aunque por razones operativas no especificó en cuáles. Mientras, el concejal de Comercio del Ayuntamiento de Alicante, Juan Zaragoza, acusó al Gobierno de favorecer la entrada de terroristas islamistas en Alicante al haber permitido el segundo barco con Orán un día después de que la Guardia Civil detuviera en la provincia a ocho argelinos presuntamente vinculados al terrorismo islamista. Según Zaragoza, para quien la espectacular operación llegó un poquito tarde en el ferry viene gente muy buena pero también se cuelan terroristas. Por otra parte, ayer volvieron a la normalidad dos de los comercios registrados el pasado miércoles. Si en la pastelería Alí Babá era constante la presencia de magrebíes que comentaban la detención ante el mismo establecimiento de uno de los sospechosos, la carnicería situada en la calle Muñoz despachaba como cada día, pese a que el arrestado, dueño del comercio, pasa por ser el posible líder del grupo.