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88 Economía JUEVES 24 11 2005 ABC Patronales de 22 países reclaman el libre comercio en el Mediterráneo b Los empresarios elevan ante la El rifirrafe entre CC. OO. y UGT por el patrimonio histórico llega hoy al Congreso PP, IU y CC votarán en contra del decreto por el que los ugetistas recibirán 151 millones b Un día antes de que se vote en el Los Veinticinco estudiarán hoy una nueva reforma del azúcar b La presidencia británica y la CE aplazaron hasta hoy el comienzo de las negociaciones a nivel comunitario y aprovecharon el día de ayer para encuentros bilaterales LAURA VILLENA. SERVICIO ESPECIAL BRUSELAS. La tarde de ayer, en Cumbre Euromediterránea de Barcelona su petición de fomentar el crecimiento económico de los vecinos del sur A. CAPARRÓS VALENCIA. La patronal española CEOE y su homóloga europea Unice, junto a la Unión Mediterránea de Confederaciones Empresariales, consensuaron ayer un documento que se elevará a la Cumbre Euromediterránea de jefes de Estado y de Gobierno que comenzará el domingo en Barcelona. Más de 70 representantes patronales procedentes de veintidós países se reunieron ayer en Valencia, tal y como sucedió en 1995, antes incluso de que arrancara el conocido como Proceso de Barcelona. La comunidad empresarial euromediterránea reiteró ayer que su objetivo prioritario es la creación de una Zona de Libre Comercio en el próximo lustro entre los países de la Unión Europea y los del sur del Mediterráneo. En ese sentido, los ministros de Asuntos Exteriores del área acordaron el pasado mes de mayo la hoja de ruta para lograr una unidad económica que, a día de hoy, parece estancada. Más allá de la libre circulación de mercancías, las patronales reunidas ayer en Valencia consideran que debe hacerse efectiva la liberalización del comercio de servicios y la implantación de la libertad de establecimiento Para los empresarios euromediterráneos (desde Alemania hasta Jordania) estas medidas supondrían un impacto directo en el flujo de inversión directa extranjera Además, abogan por la liberalización del comercio de productos agrícolas y pesqueros, así como la armonización de legislaciones y normas técnicas con la UE Congreso la convalidación del decreto, el líder de CC. OO. mostró en papeles que el Gobierno no acredita la cantidad que dará a UGT MAITE VÁZQUEZ DEL RÍO MADRID. El malestar en CC. OO. por la devolución del patrimonio histórico a UGT, que asciende a 151 millones de euros, coincidiendo con el proceso de negociación de la reforma laboral y el sistema público de pensiones, ha llevado a sus dirigentes a presentar a los partidos políticos un documento sellado por la secretaría del Consejo de Ministros en el que se afirma que no queda acreditada suficientemente la incautación o vinculación del patrimonio requisado a UGT en la dictadura También han encargado un informe externo a PriceWaterhouse en el que se concluye que se atenta contra la libertad sindical. José María Fidalgo, secretario general de Comisiones Obreras, afirmó ayer que más que una devolución se puede entender como una subvención y anunció que si hoy se convalida el Real Decreto el asunto podría ser objeto de litigio aunque mostró su deseo de no tener que llegar a dar ese paso. CC. OO. ha encargado a PriceWaterhouse un informe en el que se llega a la conclusión de que el Real Decreto es un atentado contra la libertad sindical porque pretende subvencionar con erario público a un solo sindicato con una argumentación artera Por ello, Fidalgo recalcó que la medida no se entiende por ser injustificada y reprobable como tampoco se entiende la urgencia con que se ha llevado a cabo. Es más, Fidalgo dijo que se ha mentido cuando desde el Ministerio de Trabajo se aseguró que se había consultado a la cúpula de CC. OO. cuando la cúpula se ha enterado por la prensa Desde que se aprobó el Real Decreto, el pasado 8 de noviembre, CC. OO. ha informado a todos los grupos parlamentarios pidiéndoles que no convaliden hoy el Real Decreto y que creen una comisión parlamentaria para justificar el patrimonio a devolver. De momento, PP, IU y CC confirmaron a este periódico que hoy votarán en contra de la convalidación, mientras que CiU tomará su decisión poco antes de la votación. Fidalgo insistió ayer en que no va en contra de UGT sino que se trata de una cuestión democrática y política como es el derecho de la libertad sindical. En este sentido, explicó CC. OO. y UGT se siguen reuniendo para seguir con la unidad de acción en el diálogo José María Fidalgo ERNESTO AGUDO El Real Decreto se convertirá en proyecto de ley A última hora de la tarde de ayer todos los grupos parlamentarios esperaban a conocer la postura que mantendrá ERC en la votación. Fuentes consultadas por ABC confirmaban que con toda probabilidad votarán a favor de la convalidación, aunque propondrán una segunda votación para que el Real Decreto se tramite como proyecto de ley, informa I. Anguera. Ninguno de los grupos parlamentarios se opondrá a este trámite, ya que con el mismo se dará la transparencia que exige CC. OO. No obstante, todo dependerá también del voto de CiU, que de ser favorable podría dar el apoyo suficiente al grupo socialista para seguir adelante con el Real Decreto. Pese a todo, aunque se tramite como proyecto de ley, es muy probable que la devolución a UGT sea anterior a que se apruebe el proyecto. la que estaba previsto el comienzo de las negociaciones de los Veinticinco sobre la reforma del azúcar, acabó por ser dedicada a encuentros bilaterales entre la Comisión Europea, la Presidencia de turno británica y los Estados miembros. El intercambio de pareceres a nivel comunitario fue aplazado para hoy, cuando la nueva propuesta elaborada por Bruselas tras sus encuentros bilaterales se ponga sobre la mesa a la espera del visto bueno de los Veinticinco. Bruselas está trabajando duro para llegar a un acuerdo hoy mismo y evitar, así, la convocatoria de un consejo extraordinario antes de la conferencia ministerial de Hong Kong, que tendrá lugar en tres semanas. España fue uno de los países con los que la Presidencia mantuvo conversaciones bis a bis esta madrugada por ser uno de los menos conformes con la proposición presentada el martes. Según el Gobierno español, la oferta compromiso de Bruselas debe mejorar en muchos aspectos para que los Estados miembros le den luz verde. Las peticiones españolas se centran es tres cuestiones: la rebaja de los recortes del precio del azúcar del 39 al 30 el aumento del período de aplicación de la reforma de los cuatro años actuales a cinco, y mayores compensaciones para los productores de azúcar que podrían verse obligados a abandonar la producción y cerrar sus fábricas. Un as en la manga para España Esta propuesta española de reducir los recortes a un 30 ha sido respaldada por Portugal, Polonia, Grecia, Italia, Finlandia, Letonia, Lituania, Hungría, Irlanda y Eslovenia. El apoyo de estos diez países, que continúan defendiendo la rebaja, podría ser el as que España tiene en la manga para encauzar las negociaciones hacia su terreno, aunque para algunos países productores, la propuesta española sigue sin ser un consuelo y piden un recorte de precios que no supere el 15 Hasta ayer, las compensaciones ofrecidas por Bruselas se centraban en que un 10 de la ayuda para la reestructuración se destine a remolacheros y contratistas de maquinarias, y en ayudas hasta 2010 para quienes se enfrenten al cierre de su fábrica. Políticas de vecindad Los empresarios también elevaron un documento en el que solicitan medidas para estimular el crecimiento económico y el empleo de los países socios mediterráneos En ese sentido, el secretario de Estado de Relaciones con la UE, Alberto Navarro, aseguró que de los 15.000 millones previstos para políticas de vecindad en el marco de las Perspectivas Financieras de la Unión para el periodo 2007- 2013, al menos dos tercios irán destinados a los vecinos del sur del Mediterráneo Las patronales congregadas ayer en Valencia también acordaron incrementar los procesos de cooperación tecnológica e industrial y la promoción de inversiones conjuntas para aprovechar un potencial que no ha sido plenamente explotado social. También descartó que las diferencias sobre la reforma de las pensiones se deban al patrimonio sindical, ya que estas discrepancias surgieron en 2001, cuando UGT no firmó el acuerdo. Desde UGT se mostró su malestar en un amplio comunicado por poner en duda un patrimonio plenamente acreditado que le fue expoliado.