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4 Opinión JUEVES 24 11 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil SERIA ADVERTENCIA E manera diplomática, pero contundente, el embajador de Estados Unidos en Madrid aseguró ayer que espera que el Gobierno no lleve a cabo la venta de material militar a Hugo Chávez. Eduardo Aguirre aprovechó su intervención en el Fórum Europa para subrayar que las relaciones bilaterales son como una carretera con veinte carriles, con velocidades diferentes Ahora, con la venta de armamento a Venezuela, la velocidad se ha ralentizado hasta lo testimonial, tanto que la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, ha excusado su presencia en la cumbre Euromediterránea que comienza este fin de semana en Barcelona. Poner patas arriba la política exterior- -materia que siempre ha de tener un hilo conductor ajeno a vaivenes- -como han hecho Zapatero y Moratinos tiene estos graves inconvenientes. D MONTILLA, EN ENTREDICHO A fuerte polémica que ayer se desató en el Congreso de los Diputados con motivo de las preguntas planteadas por el Partido Popular sobre José Montilla demuestra que la situación del ministro de Industria puede convertirse en un lastre cada vez más pesado para el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El Ejecutivo tiene en contra la percepción de una parte sustancial de los ciudadanos que considera que en torno a Montilla hay un caso de financiación irregular del Partido de los Socialistas de Cataluña y que los evidentes beneficios financieros que ha recibido esta formación política no son ajenos a la condición de ministro que aquél ostenta en la actualidad. Más allá del aluvión de informaciones que se han publicado sobre la financiación del PSC, las relaciones con La Caixa y la responsabilidad personal de Montilla, lo cierto es que este asunto se ha convertido objetivamente en un grave problema para el Ejecutivo, en un momento especialmente delicado de la legislatura. Porque a nadie se le puede ocultar el peso específico del ministro de Industria en el Gabinete socialista y en el PSC, donde su figura se ha erigido como contrapunto a la del propio presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. Por eso, la situación generada alrededor de su persona atañe a la propia estrategia socialista en la tramitación del Estatuto catalán. Nada peor para el PSOE que Montilla se sitúe en el centro del huracán político y económico, con los frentes del proyecto estatutario y la opa de Gas Natural abiertos de par en par. En la sesión de control, el PP confrontó la situación de Montilla con el Código de Buen Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros en febrero pasado, poniendo en evidencia la contradicción entre algunos de los principios éticos que recoge esa declaración y determinados comportamientos objetivos. El saldo fue negativo para el Gobierno. La respuesta del Ejecutivo no fue convincente, incluso movió a la hilaridad cuando la vicepresi- L denta primera refrendó al ministro de Industria apelando, entre otros méritos, a la Ley de Comercio, con la que se pretende reducir la morosidad. Sin duda, de todos los argumentos posibles para defender a Montilla éste era el menos conveniente, dadas las circunstancias. El problema del Gobierno es, fundamentalmente, la falta de argumentos de peso para trasladar a la sociedad la convicción de que no hay problema ético y o estético alguno en que una entidad financiera condone al PSC seis millones de euros, que el primer secretario del PSC sea José Montilla, que José Montilla sea ministro de Industria y que aquella entidad financiera esté actualmente inmersa en una OPA cuya autorización, en última instancia, está en manos del Ejecutivo. No se trata en ningún caso de establecer una relación de causalidad, sino de subrayar la inconveniencia, también para los propios intereses del Ejecutivo y de la propia Caixa, de mantener una estrategia de defensa numantina de un miembro del Gobierno sin más argumentario que su excelencia como ministro. No se trata de valorar la gestión de Montilla, sino de aclarar las dudas generadas en torno a su persona por unos hechos concretos. Los ciudadanos valoran sus instituciones por el balance de resultados, pero también por criterios menos aprehensibles, basados en percepciones e impresiones sobre las personas que las dirigen. Y esto es lo que pesa sobre Montilla y, por extensión, sobre todo el Gobierno, en un asunto espinoso que cada día se complica más. El crédito del Gobierno socialista ante la sociedad pública no se recupera recurriendo al y tú más sino ofreciendo argumentos solventes. Lo que menos le interesa al Ejecutivo es embarcarse, precisamente ahora, en una campaña de descalificaciones sin matices. Si la defensa de Montilla se sustenta en la voluntariosa intervención que hizo ayer la vicepresidenta del Gobierno, habrá que convenir que resultó escasamente convincente. Condoleezza Rice AFP AL QAIDA SIGUE AQUÍ AS Fuerzas de Seguridad prosiguen su lucha contra el terrorismo islámico instalado en España. Ayer, la Guardia Civil detuvo a diez individuos en Alicante, Granada y Murcia, a los que el Ministerio del Interior vincula a la red de Al Qaida y que tenían conexiones con células inscritas en otros países europeos. El islamismo radical sigue siendo una amenaza de primer nivel para occidente, incluso en España, donde ya no funciona la excusa de Irak, pues hace más de un año que no hay un solo soldado español en ese país. La peligrosidad de estos sujetos no debe llevar nunca al desistimiento en su persecución, ni a la trivialización de su capacidad criminal, como hicieron el PSOE y sus actules socios en sus tiempos de oposición con el famoso comando Dixán L EXPULSIONES IRREGULARES E L demoledor informe del Defensor del Pueblo sobre los sucesos de Ceuta y- -en especial- -de Melilla refleja un cúmulo de errores materiales y jurídicos en la actuación del Gobierno. Según el alto comisionado de las Cortes, las expulsiones fueron radicalmente incorrectas la asistencia letrada a los afectados casi nula y el empleo de las concertinas en superficie constituye una medida cruel y desproporcionada. Resulta significativo el contraste entre la flexibilidad excesiva a la hora de regularizar inmigrantes frente a la rigidez absoluta ante la crisis de las avalanchas, descrita con todo rigor en el informe hecho público por María Luisa Cava de Llano, adjunta primera de la Institución. Da la impresión de que el Ejecutivo, enfrentado a un grave problema de orden público y ante el desgaste de imagen que ello suponía, prefirió ignorar que las garantías jurídicas son la seña de identidad del Estado de Derecho. Según los datos aportados, tres de los 73 subsaharianos devueltos por España a Marruecos gozaban de la condición de refugiados. En su conjunto, la actuación de las Fuerzas de Seguridad- -que conviene recordar estuvieron sujetas a la presión evidente del asalto a las vallas por parte de miles de inmigrantes ilegales- -no se ajustó a la legalidad vigente, al utilizar el procedimiento de devolu- ción cuando lo correcto era aplicar el mecanismo de expulsión. Por lo demás, el hecho de que una única letrada se hiciera cargo de la asistencia a 120 personas lo dice todo acerca de la escasez de medios con que se pretendía hacer frente a la crisis. Conviene resaltar las críticas que dedica el informe al despliegue del Ejército en la frontera, en el sentido de que su preparación no es la más idónea para una actuación de contención de los irregulares. Si se trataba de ganar la batalla de la imagen o de utilizar un mecanismo de disuasión, los resultados fueron poco afortunados. Más allá de la coyuntura, la razón última de las avalanchas tiene que ver con un efecto llamada sin duda malinterpretado por gentes desesperadas, que son víctimas de una odiosa explotación. Es obvio que el Gobierno no puede jugar con la retórica del optimismo antropológico al tiempo que desarrolla prácticas que atentan contra los Derechos Humanos, justamente criticadas por el Defensor del Pueblo. Deben tomar buena nota los Ministerios afectados para no incurrir de nuevo, si llega la ocasión, en tan merecidos reproches, pero sobre todo debe replantearse en su conjunto una política de inmigración errática, que sienta las bases para que se produzcan hechos tan lamentables. PIERDEN GAS E injusta y dolorosa calificó ayer el presidente de Freixenet, José Luis Bonet, la situación generada por los acontecimientos que nos han mezclado con la política de forma completamente equivocada Se refería, claro está, a lo que comúnmente se llama boicot y que en mayor o menor medida está afectando a los productos catalanes, especialmente a raiz de la polémica del Estatuto. Freixenet, ante un escenario interno desfavorable, ha decidido potenciar su presencia en el exterior- -Alemania, Francia y Japón- -en previsión de que las burbujas sigan perdiendo gas- -tres millones de botellas menos en 2004- D