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12 Nacional EL ENTRAMADO DE ETA, EN EL BANQUILLO MARTES 22 11 2005 ABC Xabier Alegría Caso Egin. Jefe de KAS, constituyó después Ekin. Se le ha considerado comisario de ETA en el brazo político. Ha defendido públicamente la legitimidad del terrorismo. El fiscal pide 51 años de cárcel. José María Matanzas Caso Ekin. Lleva casi 20 años defendiendo a presos etarras. En su día, dos miembros del comando Vizcaya le implicaron en labores de entrega de material, aunque el caso quedó archivado. Se le piden 15 años. Jokin Gorostidi Caso Xaki. Cofundador de HB y tesorero. Ha sido detenido a raíz de investigaciones sobre el impuesto revolucionario También ha visitado a etarras residentes en el extranjero. Se le piden 15 años. Pepe Rei Pieza separada. Como informador de Egin y Ardi Beltza se ha dedicado a señalar a personas de diferentes colectivos, algunos de los cuales fueron asesinados después por ETA. Se le piden 12 años. José Luis Elkoro Caso Egin. Cofundador de HB y empresario, fue alcalde de Vergara. Ha visitado a etarras en el extranjero, entre ellos a Antxon cuando era interlocutor de ETA en Santo Domingo. Se le piden 48 años. El tribunal impide a los acusados de Ekin utilizar el macrojuicio como altavoz político Las defensas intentan aplazar el proceso con cuestiones previas que la Sala rechaza b Comienza la vista más importan- Quién es quién te contra el entramado de ETA con la declaración del primero de los acusados, que se niega a responder a las preguntas del fiscal NATI VILLANUEVA MADRID. Los resquicios legales a los que intentaron agarrarse los abogados de los 56 acusados del entramado de ETA no impidieron el inicio del juicio oral contra los frentes político, social, cultural y mediático de la banda terrorista, que comenzó ayer en la madrileña Casa de Campo bajo un estricto control policial y sin que se registrara ningún incidente. A las nueve y media de la mañana, los procesados llegaban a Madrid en un autobús procedente del País Vasco y, al igual que el pasado lunes, intentaron acreditarse con el documento de identidad vasco. Previendo que esto podía suceder, en el control de la Policía ya estaban preparadas las fichas policiales de todos ellos, con lo que el trámite de identificación de los abertzales no se demoró demasiado. Pero hubo más intentos de aplazar este macroproceso, los promovidos por las defensas de los encausados, que expusieron una tras otra hasta cuatro cuestiones preprocesales que fueron inadmitidas por los magistrados de la Sección Tercera. Aunque todavía es pronto para aventurar cómo transcurrirá este juicio, el más importante contra los distintos frentes de la banda terrorista por cuanto han posibilitado su permanencia en el tiempo todo apunta a que el Tribunal no va a permitir que los acusados lo utilicen como altavoz de sus reivindicaciones políticas, al menos dentro de la sala. Prueba de ello ha sido la primera de las declaraciones de ayer, la de Vicente Ascasíbar Barrutia, acusado de pertenecer a ETA y cuyo interrogatorio continúa hoy. Tras señalar que se negaba a contestar a las preguntas del fiscal y de la Acusación Popular (ejercida por la Asociación El fiscal Enrique Molina. Nacido en Madrid en 1964, aterrizó en la Fiscalía de la Audiencia Nacional en 1997- -aunque ingresó oficialmente en plantilla en diciembre de 2003- -y, desde entonces, asignado al Juzgado del que es titular Baltasar Garzón, ha participado en las investigaciones del entorno de ETA, del que es un profundo conocedor. Riguroso y muy trabajador, ha estado destinado en las fiscalías de Madrid y Barcelona. Víctimas del Terrorismo) porque éste es un juicio político Ascasíbar, tesorero de KAS en Vizcaya, fue interrumpido por la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, que no dio lugar a que continuara con su alegato victimista. El macrojuicio comenzaba después de tres horas en las que las defensas abanderaron varias cuestiones previas, entre ellas, la indefensión que cau- saba a sus clientes el hecho de que las piezas de convicción no se encontraran visibles o que el Tribunal declarara procesados en rebeldía antes de tiempo a los acusados Unai Hernández Sistiaga y Francisco Aramburu Landa, ambos huidos de la Justicia. La letrada Arantza Zulueta sostenía que uno y otro tenían que haber sido requeridos judicialmente una vez más- -la prime- El Tribunal Ángela Murillo. En la Audiencia Nacional desde 1993, esta magistrada ejerció varios meses- -entre 1986 y 1987- -en un Juzgado de Instrucción de San Sebastián. Mujer con arrojo, fue ponente de uno de los casos de narcotráfico más conocidos- -la Nécora -y de la primera sentencia dictada en España contra terroristas islamistas- -la del GIA, en la que condenó a Allekema Lamari, uno de los suicidas de Leganés implicados en el 11- M- Murillo preside el Tribunal que juzga el sumario 18 98. Luis Martínez de Salinas. Miembro de este Tribunal desde 1998, este magistrado ejerció como juez de instrucción en Valladolid, entre otros destinos. Aficionado a la guitarra, ha sido ponente de casos tan sonados como el de las pensiones del Banco Santander y participó en la decisión de mantener en prisión, contra el criterio del fiscal, al ex dictador chileno Augusto Pinochet, investigado por Garzón. Una baja médica le alejó del reciente juicio a la célula de Al Qaida. Ya recuperado, es el ponente en este juicio Nicolás Poveda. De los tres miembros del Tribunal es el más nuevo en la Audiencia Nacional. Procedente de Almería, ingresó en la carrera por el turno de juristas. Ha formado parte del Tribunal que rechazó la recusación presentada contra el juez del 11- M, Juan del Olmo. Acusados y simpatizantes antes del comienzo del juicio. A la derecha, Martxelo Otamendi, antiguo director de Egunkaria