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4 Opinión DOMINGO 20 11 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CIS: EFECTOS SECUNDARIOS OS efectos secundarios de la última encuesta publicada por el CIS, mal digerida por el Gobierno, siguen manifestándose a través del nerviosismo exhibido ayer por el propio Rodríguez Zapatero, que calificó de pura bazofia informativa y pura bazofia especulativa las acusaciones realizadas por el PP tras la reunión, discreta y casi secreta, que mantuvo con Durao Barroso un día antes de que la UE decidiera inhibirse de la opa de Gas Natural y dejar las manos libres a España para abordar la crisis de las compañías energéticas. El apóstol del buen talante comienza a perder la compostura y a mostrar los dientes que hasta ahora había ocultado su sonrisa, tensada por el movimiento de una opinión pública cada vez más alejada de las coordenadas de su Gobierno. Crudísima expresión de la adversidad, inédita en un personaje herido por los estudios demoscópicos, en una jornada marcada por la crispación entre el Gobierno y el Partido Popular, cuyo líder sacó su batería más pesada para denunciar la debilidad del Ejecutivo ante el nacionalismo y al que le sobró entrar en el desescombro de la II República- -terreno al que le quieren conducir sus rivales- -para tratar de desgastar a un Gobierno que, con esa estrategia, juega en casa. L GANA LA RECONCILIACIÓN NTRE los datos más significativos del reciente barómetro del CIS figura, sin duda, la apuesta de la sociedad española a favor de la reconciliación. Casi el 73 por ciento de los encuestados está de acuerdo con la idea de que las víctimas de la guerra civil estaban en ambos bandos y cualquier acción de reparación u homenaje hacia ellas debe incluirlas a todas frente a un escaso 9,9 por ciento que opina lo contrario. Son cifras a tener en cuenta, especialmente en un día como hoy, en el que se cumplen treinta años de la muerte de Francisco Franco. La distancia en el tiempo se sitúa ya en dos generaciones, según el cómputo de Ortega, lo que significa que para un sector importante de la población aquellas horas de incertidumbre y expectación, en espera de los famosos partes del equipo médico habitual no forman parte de sus vivencias, ni de su educación sentimental. España apostó con firmeza por pasar página, después de una Transición modélica, culminada en la Constitución de 1978. Nadie tiene derecho a contradecir la voluntad de la gran mayoría. Ningún interés partidista puede justificar una política de sedicente recuperación de la memoria histórica eufemismo bajo el que se oculta un afán de revancha que podría poner en peligro el éxito de la reconciliación nacional auspiciada por la Monarquía de todos. Son planteamientos que debe tener en cuenta el presidente del Gobierno, que sabe muy bien- -incluso por razones familiares- -hasta qué punto la tragedia de 1936 supuso un desgarro profundo para nuestra sociedad. La situación política, socioeconómica y cultural en estos comienzos del siglo XXI nada tiene que ver- -por fortuna- -con los días trágicos de la discordia civil. En este contexto, las iniciativas sobre el Archivo de Salamanca, sobre el Valle de los Caídos o cualesquiera otras que llevan consigo la reapertura de heridas que deberían estar cicatrizadas resultan perturbadoras y, además, anacrónicas. Aunque se trate, como es muy probable, de cortinas de humo para distraer a la opinión pública de otros problemas más relevantes y de la ineficacia de la acción gubernamental, que reflejan también las últimas encuestas. Toda sociedad madura debe asumir la historia, con sus E grandezas y servidumbres. La historia de España desde el segundo tercio del siglo XX se sitúa en un contexto internacional marcado por el conflicto ideológico que conduce a la Segunda Guerra Mundial y luego a la Guerra Fría. El régimen autocrático y la propia figura de Franco deben ser objeto de valoración objetiva por los historiadores. No tiene sentido a estas alturas reproducir batallas de una propaganda añeja, que induce a confusión y extrañeza a las generaciones jóvenes. El balance de aquel régimen (que concluyó de hecho el mismo día 20 de noviembre de 1975) exige un análisis riguroso de todos y cada uno de sus elementos: ausencia inaceptable de libertades públicas; aislamiento internacional; desarrollo económico notable, pero desigual; surgimiento de una sólida clase media, tal vez el secreto del éxito de la Transición; construcción de un sistema jurídico- administrativo (no constitucional) que facilitó el cambio pacífico sin ruptura de la legalidad vigente... Ponderar adecuadamente unos y otros factores es tarea que toca cumplir a los profesionales de la historia. También lo es distinguir entre las distintas etapas de un sistema que nació vinculado con los totalitarismos marcados por una fuerte impronta ideológica y terminó, en cambio, en un modelo autoritario que buscaba su legitimación en la eficacia y el progreso. Para los españoles de los años 70, la comparación con los modelos de referencia en Europa fue un enorme acicate. La base social para la democracia ya existía, producto de la mejora de las condiciones materiales y de la tímida apertura hacia las corrientes del pensamiento y los comportamientos de nuestros vecinos europeos. Es, sin duda, apasionante el análisis objetivo de aquellos acontecimientos. Por el contrario, resulta lamentable que el interés sectario de una minoría pretenda mantener vivos y operantes unos supuestos enfrentamientos fratricidas que los españoles de hoy no estamos dispuestos a repetir. La nación española hizo borrón y cuenta nueva a través de la Constitución, quizá porque es una nación mucho más firme y sólida de lo que algunos desearían. Las polémicas sobre el pasado nos hacen más débiles hacia el futuro. Tal vez sea ese el objetivo que algunos pretenden conseguir. José Luis Rodríguez Zapatero EFE LA OTRA GUERRA DE GEORGE W. BUSH LA LABOR DE LA IGLESIA NTRE la aconfesionalidad razonable y el laicismo hostil media un espacio que el Gobierno socialista parece empeñado en recorrer con velocidad. Ciertamente es una exageración decir que la Iglesia está perseguida en España, más aún cuando ha habido experiencias históricas suficientemente ilustrativas de lo que es una verdadera persecución. Por eso, no es bueno utilizar expresiones que distorsionan la realidad. Cada vez que la Iglesia ha criticado una reforma legal emprendida por el Gobierno, como la facilitación del divorcio, el matrimonio homosexual o el sistema educativo, la respuesta ha consistido en amenazar a la jerarquía católica con una revisión del modelo de financiación y de los Acuerdos con la Santa Sede. De esta forma, a la Iglesia se le opone el recordatorio de que estaría ocupando un estatuto privilegiado que podría perder si continúa por este camino de denuncias continuas. La reiteración de la amenaza de recortar los fondos que recibe la Iglesia se ha convertido en rutinaria, lo que reduce el impacto de su gravedad. Pero es grave y mucho. En primer lugar, porque revela una actitud política intimidante C E por parte del Gobierno ante una institución legitimada por el respaldo de millones de creyentes. En segundo lugar, porque si las amenazas se cumplen, las consecuencias de que la Iglesia reciba menos dinero las sufrirán todas las actividades sociales, asistenciales, sanitarias y educativas que están en manos de órdenes católicas. La contabilidad de los flujos económicos entre Estado e Iglesia, muy destacados últimamente a raíz de la manifestación contra la LOE, sólo reflejan lo que el Estado financia, pero no lo que el Estado se ahorra. Este Estado se puede llamar social y de bienestar gracias, en muy buena medida, a que miles de ancianos sin familia, mujeres maltratadas, enfermos desahuciados, niños abandonados e inmigrantes sin esperanza tienen cobijo en instituciones de la Iglesia Católica. No todo se reduce a los centros concertados, sin los cuales, por cierto, el Estado vería colapsado el sistema público de enseñanza. En las cuentas del Gobierno no entra el inmenso beneficio de la obra social de la Iglesia y que aquél sería incapaz de asumir actualmente. Por eso, en vez de estar todo el día ajustando cuentas, mejor que haga cuentas justas. ONTESTADO por buena parte de una sociedad que empieza a interpretar la guerra de Irak como una reedición de la crisis de Vietnam y contrariado por el imparable rebrote de la violencia en Oriente Próximo, George W. Bush acaba de salvar la bola de partido lanzada por el Partido Demócrata, desde cuyas filas se había cuestionado la presencia del Ejército en Irak. La maquiavélica estrategia del Partido Republicano, que forzó una votación sobre la inmediata retirada de las tropas norteamericanas del escenario de la guerra, provocó la desbandada demócrata y un resultado, apabullante (403 votos en contra; sólo 3 a favor) que revela el temor de la oposición estadounidense a mostrar cualquier rasgo que la opinión pública pudiera considerar antipatriótico. Bush salva los muebles, pero el runrún no se detiene. Las víctimas siguen cayendo en Irak mientras la sociedad norteamericana se cuestiona los desastres de una guerra que su presidente no consigue detener ni contener.