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ABC MARTES 15 11 2005 Nacional 13 El estudio del CGPJ denuncia que el Estatuto crea un Poder Judicial catalán Avisa de una veintena de aspectos de compleja adaptación a la Carta Magna b Los vocales de la minoría progre- Reproches al Estatuto valenciano El dictamen que estudiará el Consejo General del Poder Judicial hace algunas menciones a la propuesta de Estatuto para la Comunidad Valenciana, proyecto que, a diferencia del catalán, sí contó con el consenso entre el PSOE y el PP. También en este caso, la conclusión a la que llega el texto de José Luis Requero es de inconstitucionalidad por tres motivos: porque crea un Consejo de Justicia cuyo régimen jurídico se determina de forma íntegra por una ley autonómica; porque, aunque de una manera menos concreta que la propuesta catalana, también crea un nuevo órgano judicial- -la Sala de garantías estatutarias- y porque prevé la convocatoria de oposiciones y concursos para ingresar en la carrera judicial. sista del CGPJ y el ministro de Justicia coinciden en que el dictamen hace a la propuesta de Estatuto las mismas críticas que el PP NIEVES COLLI MADRID. El estudio sobre la propuesta de Estatuto para Cataluña elaborado por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José Luis Requero incluye hasta diecinueve advertencias sobre la inconstitucionalidad de este texto, cuya tramitación aprobó el Congreso de los Diputados el pasado día 2 y que ya se encuentra en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja. Además, dice, su reconducción constitucional es compleja El dictamen de Requero, muy técnico, advierte de que el proyecto alumbrado por el tripartito asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal cuyo gobierno se encomienda a un órgano- -el Consejo de Justicia autonómico- ni previsto ni deducible de la Constitución sino plenamente integrado en la órbita de las instituciones de la Generalitat El CGPJ se convertirá en Cataluña en un órgano subsidiario con lo que quedará roto el principio constitucional de unidad de gobierno judicial El estudio ha nacido marcado por la polémica, ya que a su elaboración se han opuesto en bloque los vocales de la minoría progresista del CGPJ. Desde este grupo, el vocal Juan Carlos Campo aseguró ayer que el informe responde a una orquestación para rendir tributo a lo que defiende el Partido Popular Muy similar fue la crítica lanzada por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien denunció que las conclusiones del texto de Requero tienen una sintonía muy llamativa con el PP Panorama de confusión Lejos de las consideraciones políticas, el estudio que el próximo jueves se someterá a votación en la Comisión de Estudios e Informes del CGPJ- -es previsible que se apruebe con los votos de la mayoría- -explica que el Poder Judicial no es una materia que por su propia naturaleza sea susceptible de transferencia ya que es un poder único, de titularidad estatal Sin embargo, esa es la dirección en la que apuntan las últimas reformas legales- -la de la El dictamen señala que el Estatuto seguirá siendo contrario a la Carta Magna aunque la Ley Orgánica del Poder Judicial asuma sus pretensiones Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y estatutos catalán y valenciano- por lo que el panorama de la Justicia aparece lleno de confusión e incertidumbre sobre el modelo final El texto del Estatuto gira en torno a la idea de que el nuevo Consejo de Justicia autonómico será un órgano creado por el Estado y sus competencias, desconcentradas del CGPJ. Esta idea, sin embargo, es puramente instrumental afirma Requero, ya que el resultado final será el de aplicar al Poder Judicial el principio autonómico un principio de naturaleza política que no se previó en la Constitución para el Poder Judicial y que lleva a la descentralización política y territorial del gobierno judicial En el modelo diseñado por la Carta Magna, añade, no hay cabida para órganos autonómicos, ya que el único órgano de gobierno de los jueces es el CGPJ, que se conforma desde el Parlamento nacional y no desde los parlamentos autonómicos El estudio de Requero sostiene que se acude a un fraude para dar apariencia de constitucionalidad al Consejo de Justicia: es un órgano creado por el Estado- -de hecho es también una de las novedades que introduce el proyecto de reforma de la LOPJ impulsado por el Gobierno- y automáticamente es cedido a la comunidad autónoma. La naturaleza estatal- -avisa Requero- -es sólo formal, de apariencia, de envoltorio Las conclusiones del estudio El estudio elaborado por José Luis Requero- -que se someterá el jueves a la Comisión de Estudios del CGPJ- -hace 19 advertencias de inconstitucionalidad a la propuesta de Estatuto para Cataluña. Entre otras, las siguientes: Un Poder del Estado. El texto regula sólo para Cataluña el sistema de gobierno de un Poder del Estado que es único y de exclusiva titularidad estatal. Principio autonómico. Pretende aplicar al ámbito del Poder Judicial la idea del reparto territorial, propio del poder político. El CGPJ, residual. En Cataluña, el CGPJ queda relegado a un segundo plano. El gobierno de la Justicia será ejercido por el Consejo de Justicia, una institución de la órbita de la Generalitat y nombrada por el Parlamento catalán. Reconcentración y duplicidad. No descarga al CGPJ, sino que asume competencias que el CGPJ ya tiene atribuidas a las Salas de Gobierno de los juzgados y tribunales. Además, duplica en el Consejo de Justicia el modelo de gobierno del Poder Judicial que la Constitución reserva al CGPJ. Usufructo institucional El Estado crea un órgano estatal- -el Consejo de Justicia- -y cede su uso y explotación a la Comunidad autónoma en claro fraude constitucional En definitiva, Cataluña tendrá su propio órgano de gobierno del Poder Judicial. Sustrae competencias al CGPJ. Entre otras, la potestad clave de nombrar al presidente del tribunal superior de justicia, a los presidentes de Sala de ese tribunal y a los presidentes de las audiencias provinciales. Sala de garantías estatutarias. De nueva creación, garantizará los derechos fundamentales que reconoce el Estatuto. Es manifiestamente inconstitucional ya que ningún estatuto puede crear nuevos derechos fundamentales al margen de los ya previstos en la Carta Magna. Demarcación judicial. Obliga al Estado a transferir o delegar a la Generalidad la competencia de fijar la demarcación judicial- -es decir, el mapa judicial En la propuesta desaparecen las provincias y en su lugar aparecen las veguerías como entes supramunicipales Oposiciones y concursos. Permite que Cataluña convoque sus propias oposiciones y concursos para ingresar en la carrera judicial, cuando esta materia es de las llamadas inaccesibles a las CC. AA. La selección por las CC. AA hace quebrar el carácter de la carrera judicial como cuerpo único y genera desigualdad por razones territoriales. Lengua catalana. Impone a jueces y magistrados la obligación de conocer el catalán cuando el idioma no debe ser considerado requisito, sino sólo mérito. Los jueces y magistrados, que pertenecen a un cuerpo único, podrán ser gobernados por el Consejo de Justicia, un órgano que ni está previsto ni es deducible de la Constitución Medios personales. El Estatuto parte de la premisa inconstitucional de que la Generalitat ostenta la competencia legislativa sobre secretarios judiciales y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, que son cuerpos nacionales. La propuesta asienta las bases para la creación de un Poder Judicial estrictamente catalán, distinto del estatal. La propuesta de Estatuto seguirá siendo inconstitucional aunque sus determinaciones sean asumidas por el Estado mediante reforma de la LOPJ; y también aunque se opte por rebajar sus pretensiones a la espera de que éstas se introduzcan en la LOPJ, que está en trámite de reforma.