Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC LUNES 14 11 2005 Nacional 13 parentesco, es un compromiso adquirido previamente por este Gobierno, está en la agenda y se puede cumplir sin ninguna prisa ni urgencia. -En 2003, el Parlamento vasco se negó a ejecutar parte de la sentencia del Supremo que ilegalizó Batasuna. ¿Es el Supremo el gran perdedor tras la absolución de Atutxa? -En un Estado de Derecho en el que la actuación de los poderes públicos está sujeta a la garantía del control judicial nadie resulta perdedor: ganamos todos. No entro a comentar ni a criticar las resoluciones de los tribunales, las acato respetuosamente. Hago ejercicio de responsabilidad política si afirmo que el PSOE votó favorablemente la ley de Partidos Políticos y su aplicación para ilegalizar Batasuna y que, a nuestro juicio, la sentencia del Supremo que ordenaba la disolución del grupo parlamentario de Batasuna debió ser cumplida. Así fue en Navarra, no en el País Vasco. Eso no sólo lo hemos deplorado sino criticado con firmeza. A partir de ahí, las acciones judiciales que han intentado depurar responsabilidades penales por esa negativa han sido resueltas por el órgano competente. No me corresponde hacer ninguna valoración. Lo que sí constato es que el Estado de Derecho funciona cuando los tribunales resuelven las cuestiones que se les someten, tanto si sus decisiones resultan satisfactorias para alguna parte como si no. ¿Cómo se explica el giro en el criterio del fiscal? ¿Tuvo que ver el cambio de Gobierno para que pasara de querellante a pedir la absolución? -El fiscal general del Estado está haciendo su trabajo con autonomía y con el respeto del Gobierno. El criterio del fiscal general ha sido el de que la ley de Partidos esté en vigor y el de que las sentencias dictadas en su aplicación se acaten. Pero ello no implica que un comportamiento políticamente reprobable y criticable deba llevar aparejada responsabilidad penal. Ésa es una posición fundada en Derecho y autónomamente fijada por el fiscal general y, por tanto, debe ser tratada con respeto tanto si se comparte como si no. -Si ETA declara una tregua, ¿la aceptaría el Gobierno como condición para iniciar una negociación? -El Gobierno ha fijado una política antiterrorista inequívoca: combatir el terrorismo con todos los instrumentos del Estado de Derecho. Y sólo contemplamos una salida, y es la finalización total, incondicionada y definitiva de la actividad terrorista y su amenaza. Ello quiere decir que nuestro horizonte no es ninguna tregua táctica ni ninguna tregua trampa ni ninguna tregua como pretexto para un diálogo, sino un abandono definitivo, total e incondicionado de la violencia y de su capacidad intimidatoria. -Las últimas reformas en materia de Justicia han recibido amplias críticas. ¿Pretende el Gobierno poner el colchón para adaptar las leyes estatales a los nuevos estatutos? ¡No! Todas las iniciativas que ha adoptado este Gobierno en materia de Justicia se corresponden punto por punto con compromisos expresos de nuestro programa electoral. El Gobierno está trabajando para 43 millones de españoles, usuarios actuales o potenciales de la Justicia. Estamos decididos a dialogar y a escuchar y, por supuesto, a modificar nuestras propuestas; muchas de las opiniones que hemos escuchado merecen ser atendidas, pero estoy en disposición de debatir donde haga falta mi plena convicción de que nuestras propuestas son conformes con la Constitución, el Estado de las Autonomías y con las necesidades de la ciudadanía. -Las críticas más unánimes se las ha llevado la Justicia de Proximidad. ¿Se plantea dar marcha atrás? -La Justicia de Proximidad es sólo una pieza de un proyecto muy ambicioso. Responde a la demanda sostenida de que incardinemos en la organización jurisdiccional un primer nivel que ayude a los jueces de primera instancia e instrucción a concentrarse en los asuntos que merecen la pena y les descargue de un enorme volumen de materia de muy escasa relevancia. Es una justicia que puede significar una respuesta ágil, sencilla, económica y pronta a la mayor parte de los pequeños conflictos civiles y penales que se plantean; una Justicia que, además, sea un escalón de acceso a la función judicial. Pero no se trata de una pieza principal en nuestros proyectos y por ello estamos dispuestos a aceptar modificaciones; y por ello también creemos sumamente artificioso que determinadas opiniones, desde luego las de la derecha, las del PP, hayan intentado focalizar la discusión sobre este asunto. Algunas de estas opiniones, provenientes de la judicatura, resultan legítimas, producentes y merecen ser atendidas; otras, sencillamente, responden al prejuicio o a la voluntad incondicionada de servir de caja de resonancia a las ganas de crispar del PP. Porque el PP miente con mucha furia, haciendo muchísimo ruido para confundir y lo- MANIFESTACIÓN CONTRA LA LOE Multitudinarias, de verdad, han sido otras protestas. Por ejemplo, las que hubo en toda España contra la guerra de Irak, donde, por cierto, no estuvieron los obispos que ahora han llamado a manifestarse grar que se haga inaudible la elemental verdad de lo que el Gobierno propone. Esto está sucediendo en lo relativo a la ley de Educación y a la Justicia. ¿Se cumplirán los acuerdos Iglesia- Estado para que la religión se equipare a las demás materias fundamentales? -Se están cumpliendo y los cumple la propuesta del Gobierno. La ley orgánica de Educación salvaguarda de manera íntegra la libertad religiosa, el derecho constitucional de que los padres obtengan para sus hijos una educación conforme a sus propias creencias y, desde luego, la presencia en condiciones adecuadas de la enseñanza de la religión en todo el sistema educativo público. La presencia de la religión católica en el sistema público está plenamente salvaguardada como lo prueban varios hechos: los colegios confesionales católicos configuran el espectro hegemónico de la enseñanza concertada en España y reciben una cuantiosísima financiación con cargo a los Presupuestos; el Estado sostiene los salarios de 18.000 profesores de religión católica, frente a las cifras casi irrelevantes de enseñantes de alguna otra confesión; el Estado garantiza que todos los alumnos puedan solicitar y obtener enseñanza de religión católica en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Esos son los hechos. Quiero señalar, por tanto, que eso no es objeto de discusión. Es bueno y honesto que los ciudadanos sepan que los legítimos puntos de discusión son otros: los relativos a la salvaguardia del derecho de aquellos padres que no quieren que sus hijos reciban enseñanza de religión católica y el derecho de que aquellos alumnos que no hayan cursado enseñanzas de contenido religioso no se vean perjudicados en la promoción académica, en la evaluación de sus calificaciones o en la obtención de becas. Estos asuntos merecen discutirse y el Gobierno está dispuesto a hacerlo. Pero lo que no resulta creíble es alegar ningún tipo de lesión para con la libertad religiosa de los católicos. ¿Cómo valora la multitudinaria manifestación contra la reforma educativa? -Con respeto, como valoro cualquier manifestación ciudadana. Pero multitudinarias de verdad, han sido otras protestas. Por ejemplo, las que hubo en toda España contra la guerra de Irak, donde, por cierto, no estuvieron los obispos que ahora han llamado a manifestarse. Este Gobierno es respetuoso con los derechos de todos, también con los oponentes y con sus críticas, y en eso marcamos una gran diferencia con respecto a los gobiernos del PP. Pero no vamos a aceptar que se diga que la libertad religiosa está cuestionada. Ni que se hable de malestar de los católicos, cuando en realidad eso sólo se refiere a cierto sector de la jerarquía eclesial. También en el PSOE hay muchos católicos. Distingamos la verdad de la mentira y llamemos a cada cosa por su nombre. Podemos discutir sobre cuál sea la trascendencia en el currículum de la enseñanza confesional, sobre el régimen del profesorado, pero no confundamos eso con la libertad religiosa ni con el derecho a conocer la religión católica o el hecho religioso. Esa libertad está plenamente garantizada. Así lo indican las estadísticas: en enseñanza primaria un ochenta por ciento de padres piden que sus hijos estudien religión y se les imparte. Sin embargo, esa demanda disminuye hasta un cincuenta y dos por ciento en bachillerato. Ésa es también parte de la realidad abierta, plural y diversa que es España, donde prima el valor de la igualdad y la cohesión que garantiza, sobre todo, la red educativa pública- ¿Qué espera del Tribunal Constitucional en relación con el recurso planteado por el PP y con las cuestiones formuladas por varios jueces contra el matrimonio homosexual? -El PP está en su derecho de interponer un recurso directo contra la constitucionalidad de la ley y lo acojo con respeto, al tiempo que afirmo que no se podrá demostrar que la Constitución prohíba el reconocimiento de otras formas de convivencia bajo el nombre de matrimonio. Distingo este recurso de las cuestiones de inconstitucionalidad interpuestas por jueces encargados del Registro Civil, que están haciendo un mal uso de la facultad que la ley confiere para controlar la constitucionalidad de la leyes. Creo honestamente que es revelador de un fenómeno inquietante: se ha hecho uso de esta técnica no para proteger mejor los derechos fundamentales de los ciudadanos sino para pedirle al TC que restrinja derechos que la ley ha reconocido. Es la primera vez que esto sucede.