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14 Nacional SÁBADO 12 11 2005 ABC El Gobierno suaviza el régimen de inviolabilidad de los magistrados del TC b Las críticas del CGPJ obligan a El juez reactiva la causa del genocidio en Guatemala tras la sentencia del TC El sumario abarca ahora todos los crímenes, no sólo los sufridos por 7 españoles cursa una comisión rogatoria para interrogar en ese país a diez personas: a dos de ellas en calidad de imputados y a ocho como testigos NATI VILLANUEVA MADRID. Apenas un mes después de la sentencia del Tribunal Constitucional que permite que España investigue cualquier genocidio cometido en el extranjero, con independencia de la nacionalidad de las víctimas, el juez Santiago Pedraz ha dado el primer paso en la instrucción de la causa de Guatemala, devuelta a la Audiencia Nacional. Y lo ha hecho cursando una comisión rogatoria a ese país para poder interrogar allí a diez personas: a dos de ellas en calidad de imputadas y a ocho como testigos de los crímenes, torturas, terrorismo y detenciones ilegales presuntamente cometidos en Guatemala entre los años 1978 y 1986. Pero la sentencia del TC ha tenido una implicación mayor que el hecho de retrotraer las actuaciones a un momento anterior a la inadmisión a tráb El juez Santiago Pedraz suprimir del proyecto de ley la coletilla de que no podrán ser perseguidos en ninguna forma ni ante ninguna jurisdicción J. L. L. MADRID. El Gobierno ha suavizado el régimen de inviolabilidad de los magistrados del TC que fue tachado de inconstitucional por el Consejo General del Poder Judicial, al considerar que convertía a los miembros del Tribunal Constitucional en irresponsables de modo absoluto ante cualquier instancia por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de su función. Según informaron a Ep fuentes de Justicia, el Consejo de Ministros, que aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ha introducido ligeros retoques respecto al Anteproyecto, precisamente en algunos de los aspectos cuestionados por el CGPJ en su informe preceptivo al nuevo texto legal. El Consejo había criticado el régimen de inviolabilidad de los magistrados del Constitucional por extenderse no sólo a las opiniones que expresen en el ejercicio de sus funciones, sino también a los votos que emitan al dictar sus resoluciones. Además, censuraban que se subrayase que los jueces del TC no podrían ser perseguidos ni encausados en ninguna forma ni ante ninguna jurisdicción En este último aspecto coincidieron tanto la mayoría conservadora como la minoría progresista del órgano de gobierno de los jueces. Jurisdicción universal La resolución del Tribunal Constitucional asegura que la persecución y sanción del genocidio constituyen un interés compartido por todos los Estados y su legitimidad no depende de intereses particulares de cada uno de ellos Hasta la sentencia del TC, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo rechazaban todas las querellas sobre genocidio que no afectaran a víctimas nacionales, aquéllas en las que los denunciantes no aportaran pruebas de la inactividad del país de origen para investigar los hechos (lo que se convertía en una empresa imposible) y los asuntos en los que España no tuviera un interés directo (lo cual no deja de ser algo muy subjetivo, tal y como denunciaban las víctimas) Después de conocerse la nueva doctrina del TC sobre al genocidio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional adoptó un acuerdo no jurisdiccional que, aunque no tiene carácter vinculante ni consecuencias jurídicas, contradice el principio de jurisdicción universal sobre el que el TC se ha pronunciado de forma muy clara. Comparecencias parlamentarias El proyecto mantiene la protección de inviolabilidad a los votos que emitan los magistrados, pero ha suprimido la coletilla de que no podrán ser perseguidos en ninguna forma ni ante ninguna jurisdicción. Además, resalta que deben actuar con respeto al principio de responsabilidad y especifica que las comparecencias en el Parlamento de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional elegibles por el CGPJ se producirán a efectos meramente informativos. El Consejo había puesto reparos a estas comparecencias, ya que consideraba que suponían una injerencia del Poder Legislativo en la competencia del Consejo para estos nombramientos. (Hay que recordar que el CGPJ nombra a dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional cada nueve años) Otro de los cambios introducidos en el texto es en relación a los procesos de declaración de nulidad, en los que se da audiencia previa al Ministerio Fiscal y al tribunal ordinario afectado. mite de la querella (por parte de la Audiencia Nacional) Y es que ahora, el juez Pedraz- -el mismo que reabrió la investigación del asesinato del cámara de televisión José Couso en Bagdad- -podrá ampliar la instrucción a todas las víctimas del genocidio del pueblo maya y no centrarse sólo en los siete ciudadanos españoles a los que se refería la denuncia presentada hace ahora seis años en la Audiencia Nacional por, entre otros, la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. (Tres de los españoles murieron durante el asalto a la embajada de nuestro país en la capital guatemalteca el 31 de enero de 1980 y los otros cuatro eran sacerdotes asesinados en los años 1980 y 1981) Además de la comisión rogatoria, que de llevarse a cabo sería la diligencia más importante que practica el Juzgado Central de Instrucción número 1 desde la sentencia del TC, fuentes jurídicas aseguraron que Interpol tiene ya localizados al ex presidente de Guatemala Fernando Romero Lucas García y al ex ministro de Gobernación Donaldo Álvarez Ruiz, ambos imputados en esta causa. Sin embargo, y aunque Interpol ha confirmado la orden de detención, todavía no ha procedido a la entrega de estos altos cargos políticos a España, lo que probablemente nunca sucederá en el caso del ex presidente guatemalteco, pues no está en pleno uso de sus facultades según precisaron las fuentes antes citadas. Antes de la llegada de Santiago Pedraz al Juzgado Central de Instrucción número 1, el magistrado Fernando Grande- Marlaska, ahora en comisión de servicios en el Juzgado de Garzón, había cursado sendas órdenes de detención internacional contra Lucas y Álvarez por los crímenes cometidos de Guatemala. Polémico acuerdo de la Sala Aunque la aplicación del principio de jurisdicción universal no tendría por qué toparse con ningún obstáculo- -pues el TC ha sido muy claro en su sentencia- -hay quien asegura que no es oro todo lo que reluce pues un acuerdo adoptado por la Sala de lo Penal en reunión no jurisdiccional, que unifica criterios en materia de genocidio (y del que ya informó ABC) choca frontalmente con la resolución del TC. Este acuerdo, que no es vinculante, requiere la inactividad del país de origen, o en su caso, de la comunidad internacional para que España pueda investigar; es decir, contradice la sentencia del TC e insiste en los argumentos de las resoluciones impugnadas por ese tribunal (tanto la de la Audiencia Nacional como la del Tribunal Supremo, favorables al archivo) Por contra, el Tribunal Constitucional propugna la admisión a trámite de todas las querellas por genocidio con independencia de la nacionalidad de los sujetos activos ni de los pasivos.