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14 Nacional VIERNES 11 11 2005 ABC El Consejo de Estado apura sus últimos meses para responder al requerimiento del Gobierno sobre las cuatro reformas constitucionales. Rubio Llorente se ha repartido los trabajos con dos de sus vocales de la Comisión de Estudios Tres ponentes para cuatro reformas CRISTINA DE LA HOZ MADRID. A Landelino Lavilla, ex ministro de Justicia, ex senador real y ex presidente del Congreso de los Diputados le cayó a sus setenta años- -ahora setenta y uno- -el complicado encargo de recomendar al Gobierno cuál debe ser el Senado del futuro, ese del que tanto se ha hablado estos días, al objeto de convertirlo en la tan consabida, y auténtica, cámara de representación territorial. Lavilla fue el escogido por el presidente del Consejo de Estado, Francisco Rubio Llorente, para que atendiera tan peliaguda cuestión, después de que el Ejecutivo remitiera en marzo a este organismo un documento de treinta y nueve folios en el que solicitaba consejo sobre las cuatro reformas constitucionales anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero en su debate de investidura. Lavilla también es responsable, junto a Rubio Llorente, de estudiar la reforma del Título II destinada a eliminar la preferencia del varón en la sucesión a la Corona, hoy por hoy la única modificación con visos de prosperar por acuerdo de socialistas y populares, aunque no se sepa muy bien para cuándo. Rubio Llorente asume, por su parte, la inserción de la denominación de las Comunidades autónomas en la Carta Magna. Y el ex presidente del Tribunal Constitucional Miguel Rodríguez- Piñero la de incluir en alguna parte del articulado constitucional una mención sobre la no nata Constitución Europea, texto que está ahora en el limbo de las iniciativas legales tras su rechazo en referéndum por Francia y Holanda, lo que hará innecesaria, con toda probabilidad, su mención. Francisco Rubio Llorente Landelino Lavilla Miguel Rodríguez- Piñero El controvertido presidente Senado y Corona Un encargo sin objeto El presidente del Consejo de Estado tuvo una accidentada actuación una semana después de recibir el encargo del Gobierno cuando defendió el término comunidad nacional y dijo que Cataluña y el País Vasco exceden a sus actuales territorios. El PP exigió su dimisión, aunque es considerado (también por parte de muchos populares) un buen jurista. Se encarga de analizar la referencia a las Comunidades autónomas. las funciones que debe ejercer la Cámara Alta, su grado de participación en la potestad legislativa, cuál debe ser su composición más adecuada y qué posición institucional debe ocupar. Con tan pocas pistas, lo más probable es que Lavilla contraponga un estudio documentado sobre los sistemas bicamerales del mundo occidental al objeto de que Zapatero elija el que más le guste. El presidente del Gobierno propuso en el reciente debate del Estado de las autonomías que, en cuanto tuviera el informe del Consejo de Estado, propondría la creación de una ponencia en el Senado para que estudiara dicha refor- Miembro permanente del Consejo de Estado y ex presidente del Congreso, tiene en sus manos la propuesta sobre la reforma del Senado y, a medias con Rubio Llorente, la modificación para eliminar la prevalencia masculina en la sucesión a la Corona, de plena actualidad tras el nacimiento de Doña Leonor. El hecho de que sea uno de los principales ponentes para esta delicada tarea tranquiliza mucho en las filas populares. ma, en la que pudieran opinar, además, los presidentes autonómicos. Lo cierto es que Zapatero no anunció muchas novedades puesto que durante la friolera de 12 años (del 87 al 99) se trabajó en el Senado sobre este asunto y comparecieron los ponentes constitucionales, presidentes autonómicos y varios catedráticos y expertos en Derecho Constitucional y Administrativo. Fue la propuesta de CiU de dividir a las Comunidades en tres categorías- -asignándoles capacidades diversas en función del grupo en el que quedasen encuadradas- -la que dio al traste con el acercamiento PSOE- PP. Ex presidente del TC, este sevillano de setenta años recibió el encargo por parte de Rubio Llorente de que estudiara el encaje en la Carta Magna de una referencia a la Constitución Europea, de modo que se declarara apriorísticamente la constitucionalidad del ordenamiento europeo. El hecho de que Francia y Holanda rechazaran el texto lo ha convertido poco menos que en papel mojado La Fundación Alternativas aboga por reforzar la función de control del Congreso S. N. MADRID. La Fundación Alternativas, cuyo laboratorio de ideas dirige el ex ministro socialista Juan Manuel Eguiagaray, intenta impulsar la reforma del reglamento del Congreso, que ha tenido varios intentos fallidos desde 1986. En esta legislatura hay un acuerdo básico entre PSOE y PP, pero no ha salido de la ponencia que la elabora. Su planteamiento tiene como soporte principal un estudio de Enrique Guerrero, ex secretario general para Relaciones con las Cortes y ahora subdirector del Gabinete de Presidencia del Gobierno. En este documento- -elaborado sustancialmente antes de las elecciones del 14 de marzo- Guerrero defiende que las funciones tradicionales del Congreso deberían centrarse sobre todo en el ejercicio del control del Gobierno a partir de la consideración de que las funciones más tradicionales de los Parlamentos les han sido en buena parte expropiadas a lo largo del siglo XX por los gobiernos Como objetivo último, señala que sea una institución políticamente eficiente Retraso de los plazos El Consejo de Estado apura el plazo para elevar un dictamen al Gobierno que, tal y como informó ABC, no estará listo hasta los primeros meses de 2006, a pesar de que el Ejecutivo habló de la conveniencia de tenerlo sobre la mesa presidencial antes de fin de año. Lo cierto es que hasta este momento no ha habido ninguna reunión de la Comisión de Estudios, que debe redactar un informe para someterlo a consideración del Pleno del Consejo. El hecho de que Rubio Llorente invitara al líder del PP, Mariano Rajoy, al Consejo de Estado el pasado 18 de octubre- -a donde acudió acompañado por su secretaria ejecutiva de Política Autonómica, Soraya Sáenz de Santamaría, y por el portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, Federico Trillo- -y le sondeara sobre el contenido de estas reformas, da una idea de la complejidad de unos trabajos sobre los que el Gobierno no ha dado más que unas líneas muy generales aunque, a cambio, pida muchas concreciones. Así, Lavilla tiene que dar respuesta a una panoplia de interrogantes como Aznar tendrá voz y voto sobre la propuesta de reforma constitucional El 21 de abril la sede del Consejo de Estado fue objeto de una invasión informativa desconocida en un órgano que no forma parte de las rutas periodísticas de Madrid. El motivo fue que ese día José María Aznar tomaba posesión como miembro nato y vitalicio del Consejo y, además, con voz y con voto. Aznar, en un acto solemne y sencillo, advirtió que de forma modesta, pero sin vacilaciones, no dejaría de expresar su deseo de que por encima de las orientaciones políticas propias de cada Gobierno, prevalezca la continuidad histórica de España y la voluntad de convivencia en libertad Con esa voluntad vengo yo- -agregó en otro momento de su intervención- -a dar mi opinión de los asuntos que aquí se estudian Y pronto tendrá ocasión de dar su opinión, justo el día en que la Comisión de Estudios que analiza la propuesta de Zapatero de reforma constitucional eleve su informe a consideración del pleno del Consejo, del que forma parte el ex presidente. El hecho, sin embargo, de que sea Lavilla uno de los ponentes clave de la Comisión de Estudios tranquiliza mucho a los populares. Cabe recordar además que esta figura señera de UCD apadrinó la entrada de Aznar en el Consejo.