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4 Opinión VIERNES 11 11 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil DOS LÍDERES EN APUROS A entrevista en París entre Chirac y Zapatero se saldó con el anuncio de un consejo de defensa y seguridad hispanofrancés y con cierta coincidencia de criterios sobre cuestiones de política general. Escaso bagaje, quizás porque ambos andan en horas bajas: el primero ha llegado tarde y con escasa fortuna a los graves incidentes de orden público de los suburbios y el segundo afronta las tensiones generadas por el inoportuno debate territorial que él mismo ha promovido. Respecto a las revueltas callejeras, ambos coincidieron en mantener el principio de tolerancia cero En este apartado, conviene para hacerse creíble que Zapatero pase de la semántica a la práctica, pues su política se basa más en las cesiones y la amable complacencia. El presidente español debería tomar nota de la situación francesa. Prevenir es la clave. L AMMÁN Y BAGDAD, EL MISMO TERROR A matanza cometida por terroristas suicidas de Al Qaida en la capital de Jordania, Ammán, demuestra que esta organización criminal tiene fijados como objetivos prioritarios aquellos países de la región que mantienen relaciones fluidas con Estados Unidos y con las demás democracias occidentales, y que, además, han reconocido al Estado de Israel. En esta estrategia se deben enmarcar los atentados contra intereses turísticos de Egipto y los cometidos el pasado miércoles contra tres hoteles de lujo en Ammán, con un balance de 57 víctimas mortales y decenas de heridos. Tales actos criminales han merecido ya una repulsa general, como no podía ser menos, aunque no es suficiente para dar respuesta íntegra a una agresión continuada e indiscriminada. Al Qaida no es una simple amenaza, sino una realidad destructiva a escala planetaria. Si realmente hay voluntad de acabar con esta agresión, la persistencia del terrorismo integrista debería provocar coincidencias de mayor calado que la repulsa unánime, y no sólo en el ámbito de las actuaciones conjuntas policiales y, en su caso, militares. Cada vez que se comete un atentado de estas dimensiones se ponen de manifiesto las carencias de las sociedades occidentales y de sus gobiernos para formar un estado de opinión común que refuerce sus políticas de seguridad con una política de convicciones sólidas y compartidas. No tiene sentido que los que atentan en Ammán sean calificados de terroristas y si asesinan a 30 personas en un restaurante de Bagdad se les denomine insurgentes o rebeldes. Y son los mismos, porque los atentados de Ammán han sido asumidos por el terrorista jordana Abu Musad al Zarqaui, autoproclamado emir de Al Qaida en Irak y responsable de las más horribles masacres en este país. Esta diferencia de terminología- -en la que se proyectan los prejuicios europeos hacia la hegemonía de Estados Unidos- -encierra todo un abismo de actitudes a la hora de deslegitimar radicalmente los objetivos del terrorismo, porque da lugar a un doble rasero del que sólo salen beneficiados los terroristas. No ver en los atentados L de Ammán, de Bali, de Sharm el Sheik o de Bagdad un designio similar a los de Washington, Nueva York, Madrid o Londres- -con todos los matices operativos que se quieran- -es abonarse a la confusión sobre la entidad real de la agresión terrorista que está llevando a cabo sistemáticamente Al Qaida para forzar el aislamiento de los países que deberían integrarse en la comunidad islámica teocrática, y que es incompatible con toda clase de democracia y libertades individuales. Los atentados de Ammán, como los de Bagdad o Bali, demuestran la escasa solvencia de los análisis que hablan de la pobreza y de la opresión como causas de este concreto terrorismo integrista, y desmienten algunos principios biempensantes de propuestas como la Alianza de Civilizaciones, basada en la errónea segregación de la comunidad internacional en dos partes incomunicadas, cuando lo cierto es que el terrorismo de Al Qaida atenta por igual contra las democracias occidentales y contra los países musulmanes que no aceptan la sumisión al integrismo. Conociendo las pretensiones de los terroristas, las prioridades occidentales deberían ser tan claras y comprometedoras como aquellas lo son para los terroristas. Es fundamental que la democracia se asiente en Irak y que el terrorismo integrista fracase en su intento de llevar a esta país a un Estado fallido, lo que abortaría toda posibilidad de un movimiento democratizador en la región. También resulta moral y políticamente inaplazable una percepción común del terrorismo integrista como una agresión a la estabilidad mundial por parte de un fanatismo totalitario, que allí donde pudo demostrar su capacidad para generar los beneficios que predica de su doctrina, como era el Afganistán de los talibanes, sólo extendió la represión y la pobreza. Y, en todo caso, las sociedades occidentales deben revertir el complejo de culpa que aplican al terrorismo internacional- -y, en general, a las relaciones con el mundo musulmán, como se está viendo en algunas interpretaciones sobre las jornadas de violencia en Francia- -y demostrar mayor confianza en sus valores sociales y su sistema democrático de libertades y derechos. Francisco Camps ROBER SOLSONA PARA LA REFLEXIÓN A petición del presidente de la Generalitat valenciana de reformar la Ley Electoral para ir a un sistema mayoritario que permita gobernar a quien gana las elecciones presenta aspectos merecedores de una profunda reflexión. La propuesta, que no dista mucho de la que hizo en su día Juan Carlos Rodríguez Ibarra, plantea varias certezas y algunos interrogantes, porque- -más allá del certero diagnóstico de fondo de Francisco Camps- -podría provocar peligrosos efectos secundarios, entre ellos el del incremento de la radicalidad del nacionalismo más virulento. Además, claro está, de cerrar las puertas a un futuro imprevisible donde el juego de las alianzas puede ser vital para las aspiraciones políticas de un partido obligado a ganar por goleada. L URGENCIAS ANTE EL VATICANO L A visita a Roma de la vicepresidenta Fernández de la Vega para entrevistarse con el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado del Vaticano, se produce en un singular contexto político, marcado por la manifestación de mañana en contra de la reforma educativa. Con su habitual prudencia, la Santa Sede no ha hecho declaración alguna acerca de una entrevista de carácter formalmente privado Sin embargo, no es difícil adivinar la seria preocupación del Ejecutivo socialista ante una protesta ciudadana que se adivina multitudinaria y en la que la Iglesia ejerce un singular protagonismo. El Gobierno no vive sus mejores momentos porque se ha hecho un flaco favor a sí mismo al plantear el debate territorial en términos inaceptables para la gran mayoría. Tal vez intenta ahora encauzar sus relaciones con los sectores católicos, acudiendo para ello a un procedimiento sorprendente. En efecto, es lógico suponer que existe una plena coincidencia entre Roma y los prelados españoles a la hora de analizar el problema educativo y el resto de los asuntos que separan a día de hoy a la Iglesia y el Estado. El Ejecutivo que preside Rodríguez Zapatero ha querido dar desde el principio una orientación laicista a su acción legislativa, como bien refleja la ley sobre el matrimonio homosexual. El desencuentro es notorio en otras muchas materias, incluidas las que conciernen a medios de comunicación. En lugar de entrevistas urgentes de dudosa eficacia, el Ejecutivo debería revisar sus posiciones en asuntos que afectan gravemente a la conciencia de millones de personas. La Constitución ofrece al respecto pautas muy precisas. No estamos, ciertamente, en un estado confesional, pero tampoco puede ampararse en la norma fundamental una concepción laicista de la política. El artículo 16 determina con precisión que los poderes públicos tendrán en cuenta la realidad sociológica y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones. Los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede regulan con rigor y precisión dichas relaciones y no hay razón objetiva para promover su reforma, aunque algunos sectores del PSOE (con fuerte discrepancia interna, por cierto) hayan reclamado públicamente su revisión. En el contexto actual, el viaje de urgencia de la vicepresidenta al Vaticano es una expresión de debilidad política y no aporta nada al entendimiento imprescindible entre el Gobierno y los católicos españoles. PROBLEMAS REALES M ILES de trabajadores de Seat se manifestaron ayer por el centro de Barcelona en protesta contra el expediente de regulación de empleo presentado por la empresa. Los dirigentes sindicales hicieron entrega de un escrito en el que se pide a Pasqual Maragall que los reciba para abordar la salida a una crisis ante la que los trabajadores demandan al tripartito catalán que descienda de las alturas políticas y coja el toro por los cuernos. Críticas que reflejan el malestar con una clase dirigente que se eleva por encima de los problemas reales para perderse en disquisiciones teoréticas ajenas al clamor de la calle.