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4 Opinión MIÉRCOLES 9 11 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil LA ÓPTICA DE PUJOL C ZAPATERO Y EL ESTADO ANORÉXICO E ha hecho esperar, pero parece que el presidente del Gobierno ha decidido por fin explicar a los españoles cuál es el modelo de Estado que guardaba con tanto secreto. Esa venturosa novedad se produjo ayer en la segunda jornada del debate sobre el estado de las Autonomías en el Senado, otorgando así a la Cámara Alta un protagonismo poco frecuente en su lánguida trayectoria institucional. Sin embargo, el discurso de Zapatero no ha servido para llevar el sosiego a una opinión públicaseriamente preocupada ante el rumbo que toman los acontecimientos. Sucede en rigor todo lo contrario, ya que Zapatero parece construir su artificio teórico para dar satisfacción a las conveniencias del tripartito catalán, de manera que las hipotecas partidistas del PSOE y del PSC se convierten en hilo conductor del futuro régimen autonómico. De hecho, sólo Maragall se mostró favorable a tales planteamientos; en cambio, otros socialistas, como Rodríguez Ibarra (cuyas palabras transmitió el vicepresidente de Extremadura) acertaron de lleno al resumir el asunto en la idea de que España no puede ser un residuo El jefe del Ejecutivo ofrece, en efecto, un Estado débil, con una presencia mínima sobre el territorio, obligado a ejercer funciones puramente normativas y de coordinación administrativa. Un Estado anoréxico, para decirlo de manera gráfica, que se traduce en términos jurídico- políticos en un poder central más débil que el ejercido por los órganos centrales en cualquier sistema federal genuino. La oferta del Gobierno a las comunidades autónomas ha pasado de ser generosa a convertirse en temeraria. Habla de competencias sobre inmigración, régimen local, asuntos laborales, nuevas tecnologías, gestión de aeropuertos, incluso de una reordenación de los temas de Justicia- -materia especialmente delicada- además de un incremento en el proceso de toma de las decisiones estatales y de presencia en la Unión Europea. Todo ello, añadido a las competencias que ya le son propias, configuraría, en esencia, un Estado cuasi federal. Se trata, sin duda, de hacer de la necesidad virtud. Pero también debe resaltarse que la oferta encierra trampas políticas de largo alcance: por una parte, permite elevar el techo competencial de Cataluña eludiendo el repro- S che de las demás comunidades autónomas, que podría dispararse si las distancias se marcaran en exceso; por otra parte, intenta romper la unidad de acción entre la dirección nacional y los líderes territoriales del PP, por medio de una táctica ya utilizada en la financiación sanitaria. Ayer, sin embargo, nadie mordió el anzuelo. En presencia de Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre hizo un discurso contundente, buscando el cuerpo a cuerpo y demostrando con cifras solventes la discriminación que sufre la Comunidad que preside. Más aún, lejos de cualquier particularismo, puso de manifiesto la inviabilidad del sistema de financiación que propone el estatuto catalán si se aplicara también a Madrid. Desde una óptica partidista, Zapatero no estuvo hábil al conceder a la presidenta madrileña un protagonismo tan relevante. Aguirre acusó al Gobierno de la ruptura del pacto constitucional y el presidente replicó con sus consabidos argumentos sobre el supuesto aislamiento del PP. Todo ello está más cerca del grandebate nacional que del interés particular de una autonomía determinada. Acertado en el anuncio de su visita a Ceuta y Melilla, el jefe del Ejecutivo no salió bien parado en relación con el proyecto de reforma constitucional para reforzar la naturalezadel Senado como Cámara territorial. La negativa rotunda de los presidentes del PP demuestra que cualquier modificación resulta imposible, pero también es buena prueba de la inconsistencia del modelo gubernamental. Asimismo, parece imprescindible regular el funcionamiento y las competencias de la conferencia de presidentes, extraño órgano de facto que ha venido funcionando hasta ahora en una especie de limbo jurídico. Reducido a un esqueleto casi inservible, el modelo que se propone opta por liquidar el Estado y dejar huérfano de competencias al Gobierno. Mal asunto si se trata de garantizar el apoyo de los socios parlamentarios, y peor todavía si se hace por convicción. El debate que hoy concluye nació viciado desde su origen, porque el estatuto catalán plantea un desafío a los fundamentos del vigente Estado de las Autonomías. Una vez que las cartas están sobre la mesa, se hace imprescindible reforzar la apuesta en favor de la fórmula actual frente a una extraña aventura que no conduce a ninguna parte. OMO hiciera hace unos días Pasqual Maragall, Jordi Pujol también ha elegido las páginas de ABC para exponer su mensaje al centro- derecha. Desde la Tercera de ABC elabora una fórmula- -tan novedosa como complicada en el presente contexto- -para intentar desentrañar el modo ideal de encaje de Cataluña en España. En vez de partir de los derechos, se trata de tomar los deberes de Cataluña y los deberes del Estado como punto de partida. Concluye el histórico dirigente de CiU que con este procedimiento de delimitar las responsabilidades de unos, de otros y de todos, sería más sencillo abordar el debate de la reforma estatutaria. Serenidad y autoexigencia, reclama Pujol. No es mal principio, pero en el bien entendido de que hay bases inalterables, las famosas líneas rojas, que no se pueden rebasar sin el consenso que exige el actual texto constitucional. Jordi Pujol YOLANDA CARDO OPA AL SPRINT OS organismos reguladores españoles se están dando más prisa que los de Bruselas en analizar, y hasta el momento autorizar, laopa deGas NaturalsobreEndesa. Al dinosaurio europeo le pesa demasiado su tonelaje burocrático. Mientras llega el sí o no de las autoridades de Competencia de la Unión, estaba dentro del guión que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) -en la que los consejeros propuestosporel PSOEy ERCtienen mayoría- -diera el visto bueno a la operación. De los cuatro propuestos por el PP, tres votaron en contra y el otro, José Sierra, se abstuvo. El Gobierno se anticipa e intenta marcar el camino a Bruselas, mientras que la CNE queda dividida tras el cambio brusco de doctrina: ahora dice lo contrario de lo que sostenía hace dos años y medio en el intento de opa de Gas Natural sobre Iberdrola. L ABSOLUCIÓN POR PRIVILEGIO ESDE que el fiscal general del Estado decidió retirarse de la acusación contra Atutxa y los otros dos acusados por desobediencia al Supremo y desde que el Gobierno dejó claro que ya no era oportuno aplicar la legalidad desobedecida- -Ley de Partidos- la absolución se convirtió en la opción más probable para la sentencia que había de dictar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Y así ha sido. Pero no se contaba- -pese a que la defensa de los acusados lo propuso- -con que la absolución se iba a basar enuna interpretación extensiva e injustificada de la inviolabilidad parlamentaria. Para el TSJ vasco, los acusados eran inviolables en su decisión de no dar trámite a la disolución del grupo parlamentario Socialistas Abertzales, resuelta por el Supremo. Según la sentencia, tal decisión fue tomada por los acusados en el ejercicio de susfunciones parlamentarias, lo que les exime de toda responsabilidad penal. Este razonamiento se antoja, tal cual, una quiebra de la soberanía judicial y la instauración de un principio de exención jurisdiccional contrario a la Constitución y a la propia esencia de la inviolabilidad parlamentaria. Conforme a es- D ta interpretación, cualquier presidente de asamblea autonómica puede llevar el cumplimiento de una resolución judicial a la mesa de su parlamento, reconvertir la ejecución de la sentencia o auto en asunto parlamentario y generar así, artificial y voluntariamente, su propia inviolabilidad. Lo que ordenó el Supremo no tenía nada que ver con el ejercicio de las funciones parlamentarias, en sentido estricto, sino con la administración o gobierno interno de la Cámara vasca, lo que constituye una diferencia decisiva en este caso. Simplemente, había que traspasar al Grupo Mixto a los parlamentarios de Socialistas Abertzales. Atutxa y los demás acusados actuaron en su calidad de responsables de un órgano administrativo para tratar un asunto que no tenía relación con la actividad legislativa y de control político a cuya protección se orienta el privilegio de la inviolabilidad parlamentaria. Ladecisión del TSJ vasco encierra una inadmisible visión mutilada del imperio de la ley, vulnera el principio de igualdad y reinstaura las zonas exentas de jurisdicción, tan impropias del Estado democrático y de Derecho. El Supremo tendrá la última palabra. A UN ALTO PRECIO E N su afán por evitar la presión de la calle, el Gobierno lleva gastados 136 millones de euros de más en el apaciguamiento de las huelgas de mineros, pescadores y transportistas. Todo en apenas un mes. Y ahí no termina todo, pues ahora son los agricultores quienes echan un pulso a un Ejecutivo que llega derrotado a la negociación. Cesión tras cesión, el Gabinete de Zapatero no encuentra argumento para no conceder a este colectivo lo que ya ha dado a otros. ¿Con qué fuerza moral? Plantear una negociación por sectores, en vez de abordar el problema de manera unitaria, se divisa ya diáfanamente como un error sin matices que señala la bisoñez de un Gobierno superado por las circunstancias.