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4 Opinión MARTES 8 11 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil EL ESPANTO DE UNA TRAGEDIA COTIDIANA E DEBATE AUTONÓMICO SIN OBJETIVOS L debate sobre el estado de las Autonomías arrancó ayer con la paradójica intención del Gobierno del PSOE de evitar que se abordara el proyecto de Estatuto para Cataluña, a pesar de que la aprobación de esta propuesta- -tanto en su redacción actual como en la que previsiblemente resulte de las enmiendas pactadas por el PSOE con sus aliados- -supondría una transformación sustancial del modelo autonómico diseñado en la Constitución de 1978 y en el bloque estatutario aprobado en los últimos veinticinco años. Si precisamente se quiere dar al Senado voz sobre la organización territorial del Estado, la exclusión de un debate sobre el modelo confederal contradice la sinceridad del presidente del Gobierno de convertir a la Cámara Alta en algo distinto de la meraestación de paso, camino del Congreso, que ahora representa en los procedimientos legislativos. Evidentemente, es positiva tanto la recuperación del debate sobre el estado de la Nación, como la traslación al Senado de asuntos tales como su reforma constitucional o la financiación autonómica, pero, aparte del medio y largo plazo que pesan sobre estas cuestiones, el proyecto confederal que encierra la propuesta estatutaria para Cataluña es una premisa absoluta para toda revisión del Estado de las Autonomías. Por tanto, sin necesidad de que el Senado se vea monopolizado por la polémica del nuevo Estatut, realmente no hay otro asunto más condicionante del modelo autonómico que saber a dónde quiere llevar el PSOE el sistema de 1978. Ciertamente, Zapatero no contribuye a despejar las dudas más que fundadas sobre su capacidad de liderazgo si sigue empeñándose en culpar a los gobiernos del PP, como hizo ayer, de la fuerza con que se están planteando las reformas estatutarias. Ha pasado más de un año y medio desde que llegó al poder y el contador está a cero, entre otras cosas porque la reforma estatutaria catalana no responde a más impulso que el que él mismo le ha dado, de común acuerdo con Maragall y el tripartito catalán. Y en cuanto al Plan Ibarretxe, se aprobó en la Cámara vasca bajo su mandato y el nacionalismo vasco lo ha reiterado como programa de gobierno. Aun aceptando la legitimidad y la oportunidad de plantear otras cuestiones en este debate sobre el estado de las Autonomías, Zapatero no dio ninguna pauta con- E creta de lo que pretende su Gobierno sobre tales asuntos, como la reforma del Senado o la revisión de la financiación autonómica. Su intervención en la Cámara Alta se resumió en remitir a otros foros o tiempos las discusiones que concretarán ambas iniciativas. Así sucede que, tras año y medio de mandato, la opinión pública, los gobiernos autonómicos y los grupos parlamentarios siguen sin saber en qué reforma del Senado está pensando Rodríguez Zapatero. Primero se la endosó al Consejo de Estado, cuyo informe no estará concluido hasta enero de 2006, y ayer anunció que, una vez emitido dicho informe, una ponencia del Senado estudiará la propuesta de reforma constitucional. Pero lo que importa en un sistema parlamentario, en el que el Gobierno tiene reconocida la iniciativa legislativa, es que el jefe del Ejecutivo asuma la responsabilidad de señalar los objetivos de su legislatura y si, como es el caso, la abrió anunciando cuatro reformas constitucionales, tiene el deber de manifestar su criterio y no transferir su tarea a órganos no sometidos a control político. En este sentido, cuál haya de ser el Senado del futuro no es asunto menor si al mismo tiempo se está apostando oficialmente por implantar un modelo federal, cuando no confederal. En tal caso sería prudente aprender en cabeza ajena e incorporar el viaje de vuelta que se está produciendo en Alemania, especialmente sobre el excesivo papel condicionante que tiene el Bundesrat- -o Consejo Federal, cámara de representación de los Länder- -en la actividad legislativa del Parlamento alemán (Bundestag) Tampoco la financiación autonómica se salvó de la indeterminación en cuanto a objetivos y plazos- -en enero la estudiará un grupo de trabajo del Consejo de Política Fiscal y Financiera- cuando la ocasión era adecuada para que Zapatero dejara claros los límites sustantivos de cualquier pretensión autonómica, más allá de la obviedad de que debe ser aprobada por ley estatal y de que debe asegurar recursos suficientes para el Estado y las Autonomías. Tales precisiones habrían sido congruentes con el carácter multilateral que debe observar cualquier reforma legal en esta materia, aparte de servir de esas líneas rojas que Moncloa anuncia en los discursos presidenciales que Zapatero no concreta. l accidente registrado ayer en las obras de la Autovía del Mediterráneo en Granada viene a poner de manifiesto, más allá de la frialdad de las cifras, que la siniestralidad laboral sigue siendo una asignatura pendiente en España, por mucho que los distintos gobiernos se comprometan a erradicar un problema crónico. La subcontratación en cadena, la falta de prevención y el exceso de horas extraordinarias están detrás de una tragedia cotidiana que sólo ocupa los grandes titulares cuando, como ayer, nos sobrecoge la dimensión del accidente. Habrá que investigar las causas para determinar cualquier presunta responsabilidad. La mejora de las condiciones de seguridad en la Autovía del Mediterráneo fue una de las reivindicaciones del paro general que hace unos días secundaron los trabajadores de la construcción en Granada, una de las provincias con mayor índice de siniestralidad. Urge, antes de nada, conocer las razones por las que pudo desplomarse una plataforma de sesenta metros de largo por doce de ancho y veinte toneladas de peso. No cabe ampararse en el fatalismo, ni echarle la culpa al destino. Se impone saber la verdad y tomar medidas que vayan más allá de la pura retórica. ABC José Montilla EL GOBIERNO DIJO SÍ (QUIEN NO LLORA... PARÍS COMO SÍNTOMA ORREN malos tiempos para una Europa desorientada. La crisis derivada del no francés y holandés al proyecto de Constitución europea es fiel reflejo de un malestar profundo. El estado de bienestar parece incapaz de superar sus propias insuficiencias y las soluciones intervencionistas, empeñadas en dar cobertura a viejos privilegios, se muestran impotentes ante el impulso de la globalización. En este contexto, la segunda generación de inmigrantes- -en particular los que proceden del mundo islámico- -introduce un factor de singular complejidad. El perfil de los terroristas del 7- J en Londres sorprendió a quienes daban por resuelto el problema de la integración. Ahora, los barrios periféricos de París y otras muchas ciudades francesas son escenario de una auténtica rebelión urbana ante la impotencia de una clase política que pretende atajar las consecuencias cuando ha perdido el control sobre las causas. Influye, por supuesto, la coyuntura política y, en concreto, la rivalidad entre los aspirantes a suceder a Chirac, pero sería absurdo ignorar que la cuestión de fondo exige una reflexión profunda. A C Los hechos demuestran el fracaso de la política británica, que pretende la yuxtaposición de culturas diversas, y de la teoría francesa de la ciudadanía republicana plasmada en la ley que rechaza el uso del velo en las escuelas públicas. Son lecciones importantes para España, que percibe ahora los primeros indicios de un problema de máxima gravedad. Cerca de catorce millones de musulmanes viven en la UE y se agudiza el contraste entre el bienestar material que disfrutan y el rechazo de muchos de ellos hacia los valores de Occidente. Habrá que insistir en las políticas de integración al tiempo que se refuerzan los mecanismos para garantizar la seguridad ciudadana, entre ellos, el control de los mensajes que transmiten los radicales, beneficiarios de las libertades del Estado de Derecho para predicar el odio y la violencia. Hace falta un programa ambicioso para el desarrollo social y económico de las zonas afectadas, porque los comportamientos antisistemas tienen su caldo de cultivo en la marginalidad y la falta de horizontes. Más que un problema de orden público, estamos ante una prueba de fuego para la fortaleza de las sociedades democráticas. las primeras de cambio, el Gobierno cedió a las reivindicaciones de los mineros, que desconvocaron los paros tras firmar un principio de acuerdo con el Ministerio de Industria que recoge todas y cada una de sus peticiones. El Ejecutivo socialista cede y los agricultores siguen los pasos de los mineros, en el convencimiento de que no hay mejor instrumento para lograr sus objetivos que la protesta violenta en sus distintas manifestaciones. No falla: el corte de tráfico, marítimo o terrestre, provoca el sí a todo del Gobierno, respuesta que genera un peligroso efecto llamada. Los distintos sectores hacen cola y se agolpan a las puertas de los distintos ministerios para exigir al Ejecutivo una respuesta igual a la de transportistas, pescadores o mineros. Sobrepasado por los acontecimientos, la estrategia gubernamental puede volvérsele en contra. Sobre todo porque transmite la imagen de que, en medio del crispado paisaje económico social, quien no llora no mama.