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6 Opinión VIERNES 4 11 2005 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA ENRIQUE PORTOCARRERO DIRECTOR DEL CÍRCULO DE EMPRESARIOS VASCOS EL RETORNO DE LA INTRANSIGENCIA FORTUNADAMENTE- ¿afortunadamente? -en la vida parlamentaria no se siguen las normas creadas por el marqués de Queensbury para el boxeo. Cualquiera, independientemente de su peso- -intelectual, político, representativo... puede enfrentarse con otro cualquiera, y así se dan casos como que un peso medio como Mariano Rajoy se las vea con un mosca tal que José Luis Rodríguez Zapatero. Quizás para hacer guantes, o, sencillamente, para mover las piernas, Zapatero, gran acuñador de frases sin sentido o, peor todavía, anfibológicas, proclamó al iniciarse la última gran velada en el Congreso, con la misma expreM. MARTÍN sión que cabe atribuirle FERRAND a Rodrigo de Triana después de vislumbrar América, que ha llegado el fin de la intransigencia Que Santa Lucía le conserve la vista al presidente del Gobierno, San Pancracio ampare el talento del secretario general del PSOE y San Tarsicio proteja la inocencia del hombre que se tiene en pie gracias al tripartito que gobierna en Cataluña. En tiempos de mistificación resulta conveniente cambiar el nombre de las cosas. Es el método más barato para, contando con la buena disposición de los espectadores, especialmente cuando constituyen parroquia, decir lo contrario de lo que se piensa y siente sin producir rechazos y contestaciones. Con la intransigencia, si no perdemos la memoria, acabó la Transición. Ese fue el mérito de las fuerzas políticas entonces presentes en España. Fue el logro de una derecha que supo renunciar al franquismo y de una izquierda sin rencor: un milagro social y político que se encarnó en el texto de la Constitución del 78; imperfecta, pero suficiente a partir de la buena voluntad de las piezas del mosaico. La llegada de Zapatero al poder, precedida por el sesgo nacionalista que Maragall le imprimió al PSC para poder llegar a ser Pujol su gran delirio existencial, ha determinado el retorno de la intransigencia, ésa que según su introductor había desaparecido. Tras el espectáculo parlamentario de todos contra el PP, saltando a pídola sobre un texto constitucional previamente quebrado con la redacción del nou Estatut, sólo el número, no la razón, pudo invertir el signo y el sentido de la norma de convivencia que nos habíamos dado como Nación y como Estado. Cierto es que el número es más democrático que la razón y la Historia juntas; pero sólo si se atiene a las normas previstas y no brinca sobre ellas. Habrá que esperar a ver cómo cuaja la redacción final del Estatut, que, para su aprobación, ayer merecía su entrada en el Congreso; pero sobre él pesará, a más de un daño para la Nación, la demostración de que Zapatero no es nadie y Rajoy, en las circunstancias y parámetros vigentes, no es nada. Una nada, eso sí, con diez millones de votos. Una desgraciada situación de la que no se desprenderá bien alguno para nadie. ¿COHESIÓN TERRITORIAL? El autor propone la creación de un modelo económico más descentralizado y que posibilite con mayor eficiencia el dinamismo empresarial, la capacidad de innovación y el crecimiento conjunto de nuestra economía S verdad que el actual debate territorial y las tensiones inherentes a las reformas estatutarias están ocasionando, con toda seguridad, una cierta sensación de zozobra en ese espacio común de entendimiento constitucional sobre el que se asentó desde la transición democrática nuestro modelo de convivencia. Pero es una sensación de zozobra, mucho me temo, que no se origina exclusivamente por la intención disgregadora de algunos nacionalismos extremos, sino también por una cierta incapacidad a la hora de ir más allá de una formulación teórica de lo que debe ser la cohesión territorial de la España plural. En otras palabras, junto a esa ya vieja tendencia de algunos nacionalismos a rechazar y romper deliberadamente los beneficiosos lazos de un proyecto común de convivencia asentado en nuestra Carta Magna, también existe la respuesta de un centralismo extremo que pretende asimilar unidad a uniformidad, defendiendo una noción de España donde no se entienden del todo ni los legítimos anhelos de mayor autogobierno ni una noción de pluralidad que es fundamental para lograr la cohesión. A E el imparable proceso de centralización económica y de concentración del poder de decisión empresarial registrado en España durante los tres últimos lustros, cuyo origen no sólo es atribuible a las decisiones neutrales de las propias empresas o a los efectos de la globalización, sino igualmente a decisiones políticas que en muchas ocasiones obedecen a puros intereses electorales del corto plazo. Algo bien evidente en el terreno económico y empresarial, donde por un lado se atiza por igual el fuego del encono interregional y el infierno de las asimetrías insolidarias en el modelo de financiación autonómica, mientras por otro se impide una más efectiva descentralización económica, esgrimiendo para ello el miedo a la ruptura de la unidad de mercado. De esto último también da testimonio Así, y aun a riesgo de que uno pueda ser acusado de liquidacionista constitucional o de fervoroso partidario del localismo empresarial, lo cierto es que no se puede por menos que criticar el hecho de que en las últimas tres legislaturas las decisiones estatales hayan favorecido un notable proceso de centralización, tal y como se demuestra por la deslocalización del poder de decisión de muchas empresas o, incluso, por la realidad de que todos los más recientes organismos de regulación pública surgidos del proceso de liberalización de los mercados hayan sido instalados en Madrid (Comisión Nacional del Mercado de Valores, Comisión de la Energía, Tribunal de Defensa de la Competencia, etc... lo cual no está en sintonía ni con la visión constitucional de una España cohesionada territorialmente en lo económico ni con la práctica de una Unión Europea en la que es frecuente la descentralización de los órganos regulatorios en sus estados miembros. Obviamente, tampoco es admisible que la simple necesidad de apuntalar una cierta matemática parlamentaria determine el traslado de una importante institución regulatoria. Y mucho menos,