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28 Nacional JUEVES 3 11 2005 ABC El Gobierno cree ahora prioritaria la repatriación de menores a Marruecos b La Junta de Andalucía, cuyos centros están colapsados, exige al Ejecutivo que ponga en marcha las devoluciones, paralizadas por una instrucción de Pumpido C. M. MADRID. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, considera prioritaria la repatriación asistida de menores no acompañados a sus países de origen, según explicó en el Senado, y aseguró que se estudiarán fórmulas para agilizar estos trámites. La declaración de intenciones se produjo horas después de que la Junta de Andalucía pidiese al Gobierno que empiece a repatriar a estos jóvenes ante el colapso de los centros de protección andaluces, que ha obligado a habilitar alojamientos temporales en los puertos de Motril y Almería, informa Efe. La Junta andaluza y el Ejecutivo no acaban de ponerse de acuerdo en el asunto de los menores inmigrantes. Según la consejera de Bienestar Social de esta comunidad, 268 menores acogidos en centros tienen ya toda la documentación en regla para poder ser repatriados con sus familias por lo que el presidente de la Comunidad, Manuel Chaves, abogó porque se pongan en práctica las repatriaciones. Algunos de los ocupantes ilegales de Jun a su llegada ayer al juzgado de Granada donde fueron citados EFE Una juez ordena el desalojo inmediato de las veinte familias okupas de Jun La Guardia Civil les notificará hoy la decisión judicial, puerta a puerta sin contratos ni escrituras, amenazaron con irse a vivir al Ayuntamiento si eran desalojados; el auto no recoge que se produjera allanamiento R. MENDOZA GRANADA. El Juzgado de Instrucción número 8 de Granada ordenó anoche el desalojo de las personas que ocuparon una veintena de viviendas en la localidad de Jun y que no pudieron acreditar ningún derecho sobre las casas. Como era previsible, estas familias carecían de escrituras de propiedad y de contratos de alquiler, por lo que la juez decidió que la Policía Judicial de la Guardia Civil intervenga inmediatamente y desaloje a los vecinos ilegales b Los inquilinos ilegales, Vía encubierta para quedarse La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, replicó que la cosa no es tan fácil, ya que aunque se localice a los parientes del menor, si éstos rechazan acogerlo el fiscal tiene que denegar la devolución. A renglón seguido, advirtió que el Gobierno no permitirá que esa estrategia de las mafias con niños se convierta en una vía encubierta para quedarse en España. No aclaró, sin embargo, qué se va a hacer para evitarlo. Hay que recordar que España y Marruecos firmaron en 2003 un Memorando de entendimiento sobre repatriación de menores no acompañados que abría la puerta a estas devoluciones. Poco antes, el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ordenó a los fiscales que pidieran la repatriación de los inmigrantes ilegales mayores de 16 años ante la insuficiencia de medios para acogerlos- -los datos señalaban que cada año llegaban a nuestro país 6.200 menores- El acuerdo con Marruecos está vigente, pero en la práctica se cumple en contadísimas ocasiones. La instrucción de Cardenal, en cambio, fue anulada el pasado año por el actual fiscal general, Cándido Conde- Pumpido, al considerar que no garantizaba los derechos de los menores. Un carácter de urgencia relativo, tal y como explicaron fuentes judiciales, ya que deja abierto un plazo razonable a los agentes para organizar el dispositivo. Hoy está previsto que los funcionarios notifiquen puerta a puerta la resolución de la juez, incluidos los vecinos que llevan años viviendo en esas casas, aunque sin contrato. El auto se refiere a la existencia de un posible delito de usurpación (no se menciona el allanamiento) y acuerda la restitución de la posesión de las vein- Sólo tres personas pudieron demostrar que son propietarios de tres de las 47 casas de los edificios te viviendas dejándolas vacuas y expeditas y si fuera preciso con desalojo de las personas que las ocupan ilegalmente La decisión judicial se produjo a la vista de las diligencias encargadas- -atestado de la Guardia Civil- -y las manifestaciones tomadas ayer en el Juzgado a inquilinos y perjudicados. Se basa en la protección de éstos últimos y considera imprescindible restituir los inmuebles a sus titulares. Horas antes de que la juez ordenara el desalojo comparecieron todos los vecinos de los tres bloques de protección oficial en liza: los okupas recientes y los veteranos, los tres propietarios y los inquilinos legales. A todos se les preguntó los mismo: identidad, tiempo que llevaban en esas casas y documentos acreditativos. Sólo tres pudieron demostrar que son propietarios de tres de las 47 viviendas de los bloques. Los dueños de las 44 restantes, a su vez denunciantes iniciales, fueron los grandes ausentes. Y no faltó el alcalde de Jun, José Antonio Rodríguez Salas, quien quería ejercer la acusación particular en nombre del Ayuntamiento. El auto no se pronuncia sobre la denuncia del regidor que asegura haber sido amenazado, y será investigada en una causa distinta. Las familias que habían tomado las viviendas reconocieron los hechos, aunque negaron haber usado violencia y dijeron que estarían dispuestos a alquilar por un precio acorde a sus escasos ingresos. Contrariados, y aún sin saber cuál sería la decisión de la juez, amenazaron con irse a vivir al Ayuntamiento, si finalmente eran desalojados.