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ABC MIÉRCOLES 2 11 2005 Nacional 23 La Guardia Civil investiga si los okupas de Jun tuvieron un cabecilla El Ayuntamiento será acusación particular y el PP pedirá que comparezca Alonso b El juez de Granada ha citado hoy Un alcalde que vendió la vanguardia tecnológica La localidad granadina de Jun fue la primera en utilizar el voto electrónico no presencial en las últimas elecciones autonómicas, el 14- M de 2004, convirtiéndose en un municipio pionero en el mundo, tal y como su alcalde no se cansa de repetir. Los habitantes de Jun que participaron en esta experiencia disponían de una tarjeta electrónica y una clave para emitir su voto a través de un ordenador situado en cualquier punto del mundo. El alarde tecnológico no fue el único. Jun fue, además, el primer pueblo en declarar Internet derecho universal de los ciudadanos, y en celebrar plenos interactivos. Además, desarrolló un programa de alfabetización digital para el uso de nuevas tecnologías. a los inquilinos legales e ilegales para que justifiquen sus motivos o aporten títulos de propiedad y contratos de alquiler R. M. C. M. GRANADA. Medio centenar de guardias civiles volvió ayer a las casas okupadas de Jun, en esta ocasión, con un mandato judicial en el bolsillo: debían identificar de nuevo a los intrusos, citarlos para comparecer hoy ante el juez que investiga el caso y realizar una inspección ocular de los pisos. En la operación, en la que no se registraron incidentes, los agentes entregaron a los okupas una citación para que hoy presenten al juez documentación que justifique su residencia en dichas viviendas o las alegaciones oportunas para justificar su ocupación. La Guardia Civil identificó en total a 17 familias que, presuntamente, habían entrado de forma irregular en las viviendas vacías del municipio granadino, pese a que el subdelegado del Gobierno, Antonio Cruz, había hablado de inicialmente de 30. En el caso de seis viviendas, que ya figuraban en las diligencias de la Benemérita por identificaciones previas, la Policía Judicial requirió a sus ocupantes que presenten el título de propiedad o el contrato de arrendamiento. Entre tanto, centenares de vecinos, convocados mediante mensajes por SMS, apoyaron ayer en una manifestación al alcalde socialista, José Antonio Rodríguez, cuyo ayuntamiento se personará como acusación particular. Las decisiones del juez, que va a dar hoy audiencia a los intrusos antes de decidir si los desaloja o no, confirman que el asunto se reduce a una okupación de casas deshabitadas. Un delito de usurpación de bienes inmuebles penado con multas de tres a seis meses de cárcel. Los encargados de esclarecer el El regidor socialista recibió ayer el apoyo de 300 vecinos en una manifestación convocada por SMS caso tratan de deslindar, según informaron fuentes del caso, si se trató de una ocupación espontánea u organizada. Se sabe que el primer okupa llegó en mayo y se adueñó de tres pisos; se sospecha que actuó de cabecilla para traer al resto de los sin techo Casi todos son de etnia gitana y proceden de distintos pueblos de la provincia de Granada, especialmente de Baza. Ahora bien, si el primer inquilino ilegal obtuvo algún beneficio por mover los hilos está aún por determinar. Hay quien asegura que se le ha pagado hasta 3.000 euros. Las familias que llegaron a Jun a lo largo del último mes y que ocuparon, según datos oficiales, 28 viviendas, tendrán que dar cuenta hoy al juez sobrecómo llegaron y qué tipo de papel o argumento justifica la estancia en estas viviendas. No todos han sido citados, dado que algunos ya han abandonado los pisos. Al respecto, el diputado del PP por Granada Juan Santaella aseguró ayer que su grupo exigirá la comparecencia del ministro del Interior, José Antonio Alonso, en la Comisión de Interior del Congreso, para que aclare los hechos que rodean a la ocupación ilegal del edificio. Para Santaella, es intolerable que el alcalde y el subdelegado del Gobierno den versiones de los hechos que no son coincidentes