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ABC MIÉRCOLES 2 11 2005 Opinión 7 to no es de reforma estatutaria es un proyecto para un nuevo Estatuto que deroga el anterior. Más claro, agua. LA ESPUMA DE LOS DÍAS CARLOS KILLIAN 1991, reformando los estatutos de Murcia, Madrid, Asturias, Valencia, Extremadura, Castilla- La Mancha y Cantabria... entre otras reformas estatutarias que se podrían citar. Por tanto, determinar si el proyecto del Parlamento catalán es o no una reforma no ofrece dificultades. La respuesta es muy clara. En el texto que se está discutiendo no se encuentra ningún precepto por el que se supriman artículos concretos del Estatuto de 1979; tampoco hay ninguna disposición que añadan nuevos artículos al Estatuto de 1979; y tampoco hay ningún texto que cambie la redacción de los actuales artículos del Estatuto de 1979. No hay, por tanto, ninguna reforma Lo que sí hay es una disposición derogatoria que, en catalán, dice textualmente: Es deroga la Llei orgànica 4 1979, del 18 de desembre, d Estatut d autonomiade Catalunya El proyec- ¿Por qué insisto tanto en distinguir entre reforma y derogación de un Estatuto? Por una razón muy sencilla. Porque la Constitución, por razonesvarias, sólo permite al Parlamento catalán promover la reforma pero no la derogación del Estatuto de autonomía. Los artículos 147.3 y 152.2 de la Constitución no dejan resquicio a ninguna duda. El último de los preceptos citados, que es el que afecta a Cataluña, dice que una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados... Se pueden indagar o discutir las razones de política constitucional que llevaron a establecer este precepto, pero el sentido del mismo es inequívoco. La Constitución de 1978 en ocasiones ha favorecido a las Comunidades Autónomas, como cuando, a diferencia de la Constitución de 1931, no contempla la posibilidad de que una provincia renuncie a formar parte de una comunidad autónoma. Pero también les impone límites. Y uno de ellos es, precisamente, impedirles promover un nuevo Estatuto. La razón no es difícil de alcanzar. Se trata de evitar, justamente, lo que ahora estamos viendo: a saber, que una autonomía con veleidades independentistas pueda promover una iniciativa que quiebre la unidad nacional. Cuestión distinta es la de si las normas que prevén el procedimiento para hacer el Estatuto (las del artículo 152.2 de la Constitución) se pueden utilizar para hacer un nuevo Estatuto. Sea cual sea la respuesta, lo que está claro es que esas normas no confieren al Parlamento catalán esa posibilidad, por razones de política constitucional que el tiempo hace cada día más evidentes. Si todo esto es así; si una reforma es algo distinto de una derogación si el proyecto del Parlamento catalán no es una reforma sino una derogación del Estatuto de 1979; y si la Constitución no permite a un parlamento autonómico promover la derogación del Estatuto de autonomía; si todo esto es así, digo, las Cortes Generales no pueden dar curso como reforma estatutaria a una iniciativa que es la derogación del Estatuto vigente. Y no pueden aunque el texto reciba el nombre de reforma estatutaria porque el contenido del texto, inequívocamente, no es de una reforma ¿Se están respetando las formas en la tramitación del proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña? Hay indicios para pensar que no. Cuanto más importante es el negocio político que tratemos, mayor relevancia tendrá el respeto a las formas. Por eso mismo, cuando el respeto a las formas deja de existir en unasunto de tantatrascendencia, el Estadode Derechoque consagra la Constitución queda herido. De muerte. QUEMAR LAS NAVES R PALABRAS CRUZADAS ¿Está de acuerdo con que se hagan exámenes de nacionalidad a extranjeros? SUSPENDERÍAMOS CASI TODOS tenor de las preguntas de examen que nos contaba ayer el corresponsal Emili J. Blasco desde Londres, a las autoridades británicas se les ha ido un poco la mano en esa dignificación de la nacionalidad que acaban de emprender. Apuesto a que un alto porcentaje de británicos suspendería la prueba. Y lo nuestro sería una catástrofe; la población española con nacionalidad podría reducirse a la mitad. Pero, menos mal, a los nacionales no nos examinan. Y si eso es así, si las constituciones democráticas no imponen la obligación de probar el conocimiento de las instituciones políticas, la cultura o la historia del país, ¿es justo exigírsela a los extranjeros? Creo que no, que los derechos no pueden asociarse a EDURNE un determinado nivel de conocimientos; URIARTE e incluso es más que discutible que el deber del conocimiento del idioma tenga que testarse en otro examen. Simpatizo con la intención originaria de las autoridades británicas, el esfuerzo por la integración y la puesta en valor del privilegio de una nacionalidad y de sus obligaciones. Y por eso me gusta la ceremonia civil de bienvenida a los nuevos ciudadanos. La nacionalidad nos protege, pero la construimos entre todos. Pero eso se refiere a los valores, y, lamentablemente, ni se pueden enseñar ni controlar en un examen. DEBER DEL CIUDADANO A exigencia de pasar un examen sobre la cultura, la sociedad y el sistema político del Reino Unido a los extranjeros que opten a la nacionalidad británica es muy pertinente y debería extenderse a otros países, incluido el nuestro. No cabe decir lo mismo cuando se trate de meros residentes o trabajadores eventuales. Pero la nacionalidad es otra cosa. La nación es una comunidad de personas que comparten valores, fines, costumbres y tradiciones. No puede obtener la ciudadanía quien ignora estos elementos fundamentales de la nación. La prueba puede servir para facilitar la integración y también para dificultar contaI. SÁNCHEZ minaciones culturales ajenas no deCÁMARA seadas. Sólo se aprecia lo que se conoce. La ciudadanía concede derechos, pero también acarrea obligaciones. No parece exagerado exigir unos conocimientos mínimos sobre la nación en la que uno desea integrarse. Para los británicos, serlo no es algo que carezca de valor. Por desgracia, no parece fácil imaginar algo semejante en España. La medida sólo tiene un aspecto negativo, acaso difícil de evitar: el pago de una tasa de examen de unos cincuenta euros cada vez que se realice el examen. Nada es perfecto. A L ¿Y usted qué opina? Déjenos su mensaje o su voto en la página web www. abc. es eldebate EPASO los periódicos de difusión nacional, incluidos, por supuesto, los de Barcelona. El nacimiento de la Infanta desplaza sin excepción al debate sobre el Estatuto catalán. Todas las portadas, los editoriales más sesudos, múltiples artículos de opinión... También, faltaría más, las anécdotas, las crónicas, las fotografías. En plena disputa sobre derechos históricos imaginarios, ganan audiencia los eruditos que nos ilustran acerca el nombre regio de Doña Leonor en la historia de España. Ya no se abre la Constitución por el confuso Título VIII, sino por el II De la Corona y por el X De la reforma constitucional Buenas noticias en mitad del BENIGNO largo puente festivo, PENDÁS mientras se dispone el escenario para el momento culminante de la legislatura. Valga mientras tanto una referencia menor, tal vez significativa. Léase el artículo 67.4 de la propuesta aprobada por el Parlamento catalán. Dice allí que el presidente o presidenta de la Generalidad es nombrado por el Rey y que la propuesta de nombramiento es refrendada por el presidente o presidenta del Parlamento y por el presidente o presidenta del Gobierno del Estado No voy a discutir sobre la moda que obliga a una reiteración farragosa de los géneros gramaticales. Me limito a constatar que, para ser coherentes, habría que decir también el Rey o la Reina ¿Hay algún secreto? Simple descuido, supongo, aunque es muy socorrido acudir en estos casos a la teoría de Freud sobre los actos fallidos. Dicho sea de paso: al atribuir el refrendo de este acto a la presidencia del órgano legislativo autonómico, se pretende- -una vez más- -equiparar a la Comunidad Autónoma con el Estado, también a efectos simbólicos. La gente prefiere hablar sobre la Infanta, pero resulta inevitable atender al duelo dialéctico del año. Zapatero menciona alguna vez a Kavafis, el poeta de Alejandría. He aquí una cita muy apropiada para la ocasión: A todo hombre le llega el momento en que tiene que pronunciar el Gran Sí o el Gran No Ha decidido quemar las naves. Se consuma una estrategia política que sitúa a la Constitución al borde del precipicio. Ojalá pueda detenerse en la frontera. No depende del maquillaje jurídidico- formal, sino de los principios. Nación, más o menos disfrazada, equivale a soberanía: éste es el núcleo del problema. ¿Pronósticos? La mayoría piensa que Rajoy ganará el debate, aunque el PP se quede solo a la hora de votar. El día después, las cosas se complican... Aguardan largos meses de tramitación, escaramuzas aquí y allá, transacciones que todavía nadie imagina. Pero, consumado el Gran Sí, ya no habrá manera de encauzar el asunto con criterios de prudencia y sentido común. ¿Quién prefiere jugar con fuego antes que procurar el acuerdo razonable entre socialistas y populares? Una respuesta correcta resuelve casi todos los enigmas sobre el futuro de España.