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80 Economía LUNES 31 10 2005 ABC JUAN VELARDE FUERTES EL INTERVENCIONISMO ACECHA EN CATALUÑA on muchísimos los asuntos preocupantes que se desprenden de la propuesta de Reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que ahora debate toda la opinión española. Pero es difícil no aludir a uno que muestra cómo, aunque esta propuesta fuese constitucional- -que no lo es- económicamente es un disparate. El que, de un modo u otro lo defiendan importantes empresarios catalanes es, sencillamente, inexplicable. Y es todo ello alarmante, en principio, porque esta propuesta está en la línea constitucional iniciada con la Ley Fundamental mexicana de Querétaro, de 1917, y la de Weimar de 1919, que tras la II Guerra Mundial, con el auge del socialismo lleno de mensajes keynesianos, llevó a los textos de este tipo mandatos intervencionistas, de impulso del gasto público, de ampliación del Estado del Bienestar, y de nula referencia a las garantías que precisa una economía presidida por el orden del mercado- -en España los mejores textos en este sentido proceden de la pluma de Ramón Trías Fargas- que exigen la restricción de la presencia del Estado, y la disminución del gasto público para poder ampliar la iniciativa privada, a lo que debe agregarse un equilibrio presupuestaria exquisito. Nuestra Constitución de 1978 aun experimentó las influencias del pasado, por coexistir con el Informe McCracken de 1977 que marcaba el cambio de rumbo, precisamente acogido con júbilo por los países todos de la OCDE y que es la que está detrás del Pacto de Estabilidad y Crecimiento así como de la Declaración de Lisboa para inten- S tar lograr el impulso tecnológico de la Unión Europea. Es más que preocupante montar ahora un modelo obsoleto como es éste, con artículos que responden al desarrollo de los siguientes párrafos del preámbulo de la propuesta, en los que se indica que los poderes públicos catalanes están al servicio del interés general y de los derechos de los ciudadanos, como son los derechos al bienestar, a la calidad de vida, a vivir en paz, a gozar de unos servicios públicos eficientes y de calidad, a la protección del medio ambiente y a disponer de un sistema de prestaciones universales que favorezcan la igualdad y la cohesión social, y la creación de riqueza y de ocupación plena y de calidad, con un compromiso permanente de lucha contra las desigualdades, las discriminaciones, las injusticias y la pobreza Su desarrollo se efectúa, esencialmente, en los artículos 21 a 27, al exponer la necesidad de crear un amplísimo Estado de Bienestar, o el 48, que señala que los poderes públicos deben fomentar la utilización de transporte público o bien el párrafo 3 del artículo 46, en relación con el medio ambiente, o la superintervención del párrafo 4 de este mismo artículo al referirse a que debe buscar la política económica catalana una distribución equilibrada al territorio de los distintos sectores productivos, los servicios de interés general y las redes de comunicación que muy fácilmente puede convertirse en algo asfixiante para la libre iniciativa empresarial; o bien el artículo 47, en relación con la generación de suelo que deben efectuar los poderes públicos en el sector de la vivienda; o el 120, de un intervencionismo enorme en relación con las cajas de ahorros; no cabe olvidar tampoco el intervencionismo en crédito, banca, seguros y mutualismo no integrado en el sistema de Seguridad Social, que se desarrolla en el amplísimo artículo 126, al que se debe añadir el 145, sobre mercados de valores y centros de contratación, así como sucede en el 128 y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, por cierto con un párrafo anfibológico, el a) que señala que corresponde a la Generalidad la determinación de los posibles niveles de protección de los productos lo que podría tener consecuencias notables, desde luego, para la homogeneidad del mercado; el superprolijo, que alcanza niveles reglamentarios, artículo 139, que se titula Industria, artesanía, control metrológico y contraste de metales donde se manifiesta también algo que se puede calificar de obsoleto, o si se prefiere de trasnochado, en el terreno de la política económica basada en el orden del mercado al contenerse en él, apartado 2, esto: Corresponde a la Generalidad la competencia compartida sobre la planificación de la industria de acuerdo con los principios que establezca el Estado en materia de planificación general de la economía. En todo caso, corresponde a la Generali- Aunque la propuesta de Estatuto catalán fuese constitucional- -que no lo es- económicamente es un disparate. El que, de un modo u otro, lo defiendan importantes empresarios catalanes es inexplicable dad la competencia, para ejecutar los planes estables de sectores industriales de reindustralización el artículo 144, sobre intervención en relación con el medio ambiente, aunque más amplio en este sentido intervencionista es el artículo 152, Planificación, ordenación y promoción de la actividad económica, donde se señalan cosas tan curiosas, como que la Generalidad puede establecer una planificación de la actividad económica en el marco de las directrices que establezca la planificación general del Estado conformando el artículo un conjunto de lindezas que hoy parecen reservadas para China, Cuba o Corea del Norte; es clarísima también la actividad intervencionista en todos los aspectos económicos relacionados con la sanidad y salud pública, como señala el artículo 162, desde la ordenación farmacéutica a la competencia ejecutiva de la legislación estatal en materia de productos farmacéuticos y de selección y registro de medicamentos que es, en el mejor de los casos, socialdemocracia rancia, de la que se huye ya en todo el mundo desde 1978, y que siempre acaba por generar un rechazo en un mundo empresarial globalizado. Sin ir más lejos, las Constituciones de los países del Este que acaban de incorporarse a la Unión Europea, o las propias líneas de toda la política económica española desde 1982- -digo bien, desde 1982- -hasta ahora mismo, están en contradicción con el resumen arriba presentado. Creer que esto, en las actuales condiciones de las orientaciones de la inversión internacional, no va a tener consecuencias, es absurdo. Por otro lado frenará, por sí mismo, el que en España exista un mercado económico homogéneo. Habrá uno, atractivo para la inversión, en casi todo el territorio nacional, y otro, residenciado en Cataluña, donde lo domina el intervencionismo- -y todo hay que decirlo, la arbitrariedad, porque su enlace con la corrupción parece una ley de la Naturaleza- que será rehuido por los buenos inversores. La OMC rechaza, por segunda vez, la tarifa de la UE para el banano P. C. GINEBRA. La Organización Mundial de Comercio (OMC) ha infligido un nuevo revés a la Unión Europa al rechazar la nueva tarifa aduanera que pretendía imponer al banano, por considerar que es demasiado elevada e impide el justo acceso de los exportadores iberoamericanos al mercado europeo. Los árbitros concluyeron que el nivel de la tarifa aduanera propuesta (por la UE) para las importaciones de banano no se corresponde con sus compromisos con la OMC y no permite a los países latinoamericanos mantener su acceso al mercado señaló a AFP el embajador de Costa Rica, Ronald Saborio. Galicia recibe el 60 de la cuota láctea repartida por el Gobierno PALOMA CERVILLA MADRID. La aplicación del Plan de Reestructuración del sector lácteo, aprobado en mayo, continúa siendo objeto de polémica, ya que un primer balance de su ejecución indica que Galicia, la comunidad a la que pertenece la ministra de Agricultura, ha recibido el 61 de la cuota láctea repartida por el Ministerio, según los datos facilitados a ABC por Prolec y el Partido Popular. Así, de un total de 287.870 kilogramos, a Galicia se le han distribuido 177.441, seguida de Asturias con 30.699 y Cantabria con 20.951. En este sentido, el portavoz del PP en la Comisión de Agricultura y Pesca del Senado, José Pérez Lapazarán, ha acusado a la ministra Elena Espinosa de llevar a cabo una redistribución de cuota orientada con criterios políticos, lo que gene- Claves del Plan del Ejecutivo El Ministerio justifica el Plan en la necesidad de dar transparencia al mercado de las cuotas lácteas, donde existía una espiral de precios difícilmente asumible por los ganaderos. Se modifica el sistema de transferencia de cuota. La Administración es la única que puede comprarla y redistribuirla después, a través de un Fondo Nacional de Cuotas, a un precio de 0,50 euros por kilogramo. Esta medida supone un programa de abandono en el que se indemnizará por cada kilo de cuota que se abandone, en función de la edad del ganadero. do sólo en manos del Gobierno la posibilidad de comprar dicha cuota para redistribuirla entre las autonomías. Esta decisión fue calificada de intervencionista por asociaciones agrarias como Asaja y Prolec, y el PP, que han pedido reiteradamente que se vuelva a abrir el mercado para fomentar la competitividad. ra una territorialización con una sola comunidad como única destinataria Los populares van más allá y aseguran que sólo una autonomía ha aumentado su cuota regional, lo que quiere decir que las otras 16 han perdido cuota. Curiosamente esa comunidad es la de la ministra, de lo que se deduce que el plan del cual ahora se conocen sus resultados estaba orientado a las elecciones y no a reestructurar el sector Las críticas también llegan de la Federación Española de Empresarios Productores de Leche (Prolec) que ha visto con satisfacción cómo el Senado ha aprobado una moción de CiU para modificar la normativa de cuotas. Cabe recordar que el plan puesto en marcha por Agricultura suponía la suspensión del mercado de compra- venta de cuota láctea entre los ganaderos, dejan-