Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC LUNES 31 10 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC LO INCONSTITUCIONAL Y LO ANTICONSTITUCIONAL POR MANUEL JIMÉNEZ DE PARGA DE LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS MORALES Y POLÍTICAS No se trata de plantear un debate sobre la posible inconstitucionalidad de unos o varios preceptos de la propuesta de Estatuto de Cataluña. La totalidad del ordenamiento resulta afectada. Eso es el proceder anticonstitucional... E regulan en la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional los recursos de inconstitucionalidad. No se prevén, en cambio, posibles leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de ley que sean anticonstitucionales. Sin embargo, lo anticonstitucional ha aparecido en el panorama español. Es inconstitucional, en términos generales, la norma que viola un precepto de la Constitución, verbigracia la convocatoria de un concurso- oposición para ingresar en un cuerpo de funcionarios civiles que excluyese a las mujeres, ya que el artículo 14 de la Carta Magna prohíbe la discriminación de los españoles por razón de sexo. La declaración de inconstitucionalidad afecta a un componente del ordenamiento, sin que resulte lesionado el conjunto de principios y reglas que lo integran. Podría afirmarse incluso que la eficacia de la Constitución se refuerza con la denuncia, y posterior eliminación, de desviaciones o incorrecciones jurídicas bajo su vigencia. Pero otra cosa es y significa el proceder anticonstitucional, que ni está presente en el sistema de reglas establecido ni puede estarlo, pues con tal operación se pretende destruir lo que jurídicamente existe. La disposición anticonstitucional aspira a cambiar los cimientos del edificio jurídico- político. Todo se derrumba. Sobre el solar de lo que antes había se pretende levantar otra manera de convivir políticamente. El proyectado Estatuto de Cataluña no es inconstitucional, a mi juicio, sino anticonstitucional. Quiero destacar con esta apreciación que, si fuese aprobado, la Constitución de 1978 se cambiaría radicalmente. La Nación española, de unidad indisoluble, patria común e indivisible de todos los españoles, dejaría de ser el fundamento del sistema constitucional. El artículo 2 se convertiría en letra muerta. Y la misma suerte correrían el Preámbulo y los artículos que son las paredes maestras de la actual Constitución. S titución. En el proyecto de Estatuto, por el contrario, se dedican 39 artículos (todo el Título I) a la proclamación de los derechos y deberes de los ciudadanos de Cataluña, que podrían ser distintos de los derechos y deberes del resto de los españoles. Las Cortes Generales ejercen ahora libremente la potestad legislativa del Estado (art. 66.2 CE) O sea, que son los diputados y los senadores los que deciden aprobar las leyes orgánicas y las otras leyes. Pues bien, según el proyecto de Estatuto de Cataluña, diputados y senadores tendrían que modificar, por ordenarlo así la Disposición Adicional Novena, las siguientes leyes: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, Ley Orgánica del régimen electoral general, Ley de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, Ley Orgánica reguladora de las distintas modalidades de referéndum, Ley Orgánica de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como las leyes de carácter general o sectorial que regulen un organismo o un ente cuando el Estatuto otorgue a la Generalidad la potestad para designar representantes en los órganos directivos del organismo o ente. Estado de ciertas facultades erróneamente delegadas. Primero era la transferencia, y luego la incorporación a los Estatutos de Autonomía. Lo novedoso es la consignación de la potestad en el Estatuto y la posterior ley orgánica de cobertura. Más aún: la Disposición Adicional Tercera de la propuesta de Estatuto de Cataluña ordena a diputados y senadores de las Cortes Generales que, por medio de la correspondiente ley orgánica, proporcionen cobertura a la asunción por la Generalidad de cada una de las facultades delegadas por el Estado, en virtud de lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución. Este blindaje es distinto del que hasta ahora, con la misma maniobra, pretende impedir el retorno al Yo deseo, como el que más, que pudiera encajarse la propuesta de Estatuto de Cataluña en el sistema que los españoles nos dimos en 1978. Sería un síntoma de vitalidad democrática acometer con éxito mejoras de las reglas estatutarias en beneficio de los catalanes y de todos los españoles. Pero, lamentablemente, no es una reforma del Estatuto de Autonomía lo que tenemos delante, sino la destrucción del presente ordenamiento jurídico- político de España. Ya no sería la Nación española la titular de la soberanía. En un Estado plurinacional coexistirían varios pueblos con una nación catalana soberana. El Estado perdería la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, según reza el artículo 149.1.1 de la Cons- Hay que recordar que el artículo 150.2 de la Constitución permite ciertamente que el Estado transfiera o delegue en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza son susceptibles de transferencia o delegación. Al amparo de ese precepto las Comunidades piden con frecuencia más facultades, y el Estado, en varias y distintas ocasiones, se las ha transferido. Ahora bien, son facultades del Estado, el cual conserva la titularidad de las mismas. Se trata de una delegación; no es una atribución concluyente e irrebatible. Pero la recuperación de las potestades transferidas se haría prácticamente imposible si figurasen en los Estatutos. Habría que proceder en cada caso a la reforma del Estatuto, una tarea que requiere la participación de los órganos de la Comunidad. Es así como se blindan esas competencias con clara violación- -hay que decirlo- -del presente ordenamiento constitucional. El proyectado Estatuto de Cataluña se orienta por el camino del federalismo, si lo leemos con ánimo benevolente de comprensión, o, leído más severamente, por la ruta de una Confederación de Estados. En el presente Estado de las Autonomías, sin embargo, no cabe establecer unas relaciones bilaterales en pie de igualdad entre la Generalidad y el Estado, ni relaciones de una Generalidad que actúa por su cuenta y riesgo con otras Comunidades Autónomas, a espaldas del Estado. No nos dimos en 1978 un Estado compuesto con partes que se relacionan entre sí, sino un Estado complejo en el que los diferentes componentes brotan de un tronco común, lo mismo que sucede con las ramas de un árbol. Ese tronco común se forma con la unidad jurisdiccional base de la organización y funcionamiento de los Tribunales artículo 117.5 CE) y con la unidad del sistema económico y financiero, entre otros principios aglutinantes. Las normas del Estado prevalecerán sobre las de las Comunidades Autónomas y el derecho estatal será supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas (art. 149.3 CE) Pero no se trata de plantear un debate sobre la posible inconstitucionalidad de unos o varios preceptos de la propuesta de Estatuto de Cataluña. La totalidad del ordenamiento resulta afectada: se echan por tierra las paredes maestras y se dinamitan los cimientos. Eso es el proceder anticonstitucional. Contra una operación de este calibre tienen que pronunciarse las Cortes Generales. Que cada institución asuma la responsabilidad que le corresponde. Es la hora de diputados y senadores.