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18 Nacional VIERNES 28 10 2005 ABC El Gobierno ultima una ley para dar más dinero a los Ayuntamientos y restar poder a las Diputaciones Confía en contar con el respaldo de ERC y CiU, que lo condicionan al tono de las correcciones al Estatuto b La nueva ley regulará las compe- tencias específicas de las corporaciones locales para proteger su autonomía de los abusos de las Comunidades autónomas MANUEL MARÍN MADRID. En paralelo a la tramitación parlamentaria de los Estatutos de autonomía de la Comunidad Valenciana y Cataluña, el Ejecutivo llevará a las Cortes- -previsiblemente en enero- -la nueva Ley del gobierno y de la administración local para reformar la vigente normativa del régimen local, que data de 1985 y que tanto Gobierno como Ayuntamientos juzgan desfasada. Tres son los objetivos de esta reforma, que cuenta con el visto bueno de la Federación Española de Municipios y Provincias- -en España hay más de 8.000 Ayuntamientos- -y que el titular de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, pretende esté en vigor en 2007, cuando se celebran las próximas elecciones locales. El primer objetivo es regular las competencias específicas que asumirán las entidades locales y dotarlas de los recursos financieros suficientes para afrontar esas competencias; el segundo es regular la vida local otorgando más autonomía a los Ayuntamientos en la toma de decisiones, pero con controles y contrapesos que eviten criterios de discrecionalidad y arbitrariedad con los que actúan muchas entidades locales; y el tercero es redefinir las competencias de las tradicionales Diputaciones Provinciales, de modo que se les reste buena parte del poder del que ahora gozan y que se solapa con funciones propias de las Comunidades. El proyecto del Gobierno propone que las Diputaciones se conviertan en entidades al servicio de los Ayuntamientos, especialmente de los medianos y pequeños, y no en núcleos de controversia con las Comunidades. Jordi Sevilla, que ayer presentó las líneas fundamentales del proyecto- -aún no el articulado- -tanto a la FEMP como a la Comisión de Entidades Locales del Senado, considera que esta reforma, la tercera pata de la llamada agenda territorial del Gobierno, supondrá una revolución brutal para la organización y gestión del municipalismo en España. Durante años, los Ayuntamientos han visto cómo la obligación de asumir y costear competencias que legalmente corresponden a la Administración central o a las Comunidades han mermado sus arcas, limitado su poder y desprotegido su autonomía. La ley incluirá un guiño a las autonomías para que, al igual que la administración central, decidan cuáles de sus competencias pueden ser desplegadas por los Ayuntamientos, financiación incluida. Hasta ahora, los Ayuntamientos asumen gastos que no Jordi Sevilla recibió ayer el aval del presidente de la FEMP, Francisco Vázquez, a su proyecto de reforma local les corresponden en labores de ordenación e integración social de los inmigrantes o en la puesta en práctica de leyes como la de violencia de género. Respecto a las Diputaciones, uno de los aspectos que se prevé más polémico, la ley pondrá fin a las cláusulas genéricas y difusas que permiten a estos órganos tal autonomía de gestión que llegan a suplantar funciones de las Comunidades. Se trata, según dijo Sevilla, de recortar veleidades expansionistas -de acotar su poder- -y de que encaucen sus ingresos a mancomunar servicios para colaborar con los Ayuntamientos que, por sus limitaciones, no pueden satisfacer por sí mismos servi- EFE Cláusula general de competencia La ley incluirá una cláusula general de competencia a favor de los Ayuntamientos que les otorgue plena libertad para la gestión de sus intereses- -e incluso para que descubran nuevas competencias que asumir- -y un listado concreto de las materias sobre las que ya tienen poder, pero que aún no está claramente regulado: gestión del padrón, del patrimonio municipal, prestación de servicios sociales de asistencia primaria, creación de centros docentes municipales, gestión de instalaciones deportivas, formación ocupacional, abastecimiento de agua, gestión de cementerios, etcétera. El Ejecutivo pretende recortar las veleidades expansionistas de Diputaciones que acumulan mucho poder cios básicos para el ciudadano. El Gobierno calcula que en 2006 se transferirán 12.000 millones a los Ayuntamientos, cuando en 2004 fueron 10.000. La subida será de un 15 por ciento, la más alta desde 1990. En principio, el Gobierno es optimista ante la tramitación parlamentaria. Cree que no habrá una enmienda a la totalidad del PP, aunque alberga dudas por su oposición radical Respecto a ERC y CiU, todo dependerá de cómo se reconduzcan los artículos del Estatuto referidos al municipalismo sobre los que el PSOE y sus expertos constitucionalistas han puesto serios reparos, especialmente a la alteración de los límites privinciales de Cataluña; e IU plantea que, más allá de una ley básica, la reforma regule de modo más amplio las competencias y financiación de los Ayuntamientos. El PSOE pregunta qué hace Valcárcel tras la amenaza de Barreda y Aguirre al trasvase EP MURCIA. El portavoz de los socialistas murcianos, José Ramón Jara, se preguntó ayer qué está haciendo el presidente de la Comunidad de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ante las amenazas al trasvase Tajo- Segura de los presidentes de Madrid, Esperanza Aguirre, y Castilla- La Mancha, José María Barreda En este sentido, Jara recordó que en la reunión celebrada entre ambos en el Gobierno regional madrileño el pasado martes, tildada por ellos mismos de cordial y agradable y en el mejor espíritu para llegar a acuerdos y defender los mismos intereses decidieron inyectar a Madrid 100 hectómetros cúbicos adicionales de agua, en detrimento de la cuenca del Segura Por esta razón, el líder de los socialistas murcianos expresó la preocupación de su partido ante este tipo de acuerdos, ya que mientras se producen no sabemos qué está haciendo Valcárcel para defender los intereses de Murcia. Parece más interesado en atacar al Gobierno de España, que es precisamente quien está defendiendo los intereses de esta Región, que en frenar las bravuconadas de otros afirmó Jara. De igual forma, el portavoz del PSOE también indicó que fue el Gobierno de España el que, a través de una enmienda en el Plan Hidrológico Nacional, consiguió garantizar por primera vez los derechos de la cuenca receptora, la del Segura, frente a los de la cedente, Castilla- La Mancha y Madrid, entre otras regiones Al mismo tiempo, Jara dijo que esa enmienda, que no gustó nada a Valcárcel, es precisamente la que nos protege ahora de Barreda y de Esperanza Aguirre