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ABC MIÉRCOLES 26 10 2005 Nacional 19 Hoy comienza en el Tribunal Superior vasco el juicio al ex presidente del Parlamento Juan María Atutxa y a los miembros de la Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (IU- EB) por negarse a disolver el grupo batasuno de Sozialista Abertzaleak en 2003 Fechas clave del proceso 24 de abril de 2003. El Tribunal Supremo remite un oficio a la Presidencia del Parlamento vasco instándole a suspender al grupo Sozialista Abertzaleak. 6 de junio de 2003. Resolución general de la Presidencia de la Cámara en la que se rechaza la disolución. 2 de diciembre de 2003. La Ejecutiva del PNV, presidida entonces por Arzalluz, canta el Eusko Gudariak ante la Audiencia de Vizcaya en la primera declaración de Atutxa. 22 de febrero de 2005. El TSJPV anula el archivo de la causa contra Atuxa, por estimar que existen indicios de responsabilidad criminal. 13 de abril de 2005. La juez Bolado decreta la apertura del juicio oral. 20 de julio de 2005. Admitida la recusación contra Piñeiro y los otros dos magistrados que reabrieron el caso. abrió el caso que ahora se juzga en un momento en el que el Gobierno socialista no instó al fiscal a recurrir la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas y, según el PP, ha permitido la vuelta de los proetarras a instituciones como el Parlamento vasco. La Sala estará presidida por el magistrado Pablo Sesma, a quien acompañarán Juan Carlos Iturri y Luis Javier Murgoitio. Retirada la acusación de la Fiscalía, en estos momentos se mantiene únicamente la de la asociación Manos Limpias, que pide penas de dos años de inhabilitación y multa de 108.000 euros para cada uno de los procesados. Atutxa, de titular al banquillo TEXTO: M. LUISA G. FRANCO BILBAO. Tres magistrados de la Sala de lo Social y de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco- -en obligada sustitución de los titulares de la Sala de lo Civil y Penal- -juzgarán a partir de hoy a quien fuera presidente del Parlamento de Vitoria, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa de la Cámara durante la pasada legislatura Gorka Knörr, de Eusko Alkartasuna, y Concepción Bilbao, de IU, que se sentarán en el banquillo de los acusados por negarse a acatar la orden del Tribunal Supremo de disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna. Los hechos juzgados se remontan a abril de 2003, cuando tras la ilegalización de Batasuna por formar parte de ETA, el Tribunal Supremo instó al Parlamento vasco a disolver el grupo que habían formado los parlamentarios elegidos en las listas de Batasuna, denominado Sozialista Abertzaleak. La Mesa del Parlamento vasco no acató la orden del Supremo, basándose en informes de la propia Cámara en los que se distinguía entre un partido político y un grupo parlamentario, en los que apelaba a la soberanía de la propia Cámara y, además, aducía lagunas del Reglamento. El Supremo replicó entonces que no cabía interpretación jurídica posible a su orden de disolver Sozialista Abertzaleak, como efecto de una sentencia firme. A Atutxa, sólo le quedaba obedecer, que es precisamente lo que no hizo, por lo que el Grupo batasuno continuó con prebendas hasta el final de la legislatura. De Cardenal a Pumpido La Fiscalía acusó entonces a Atutxa, Knörr y Bilbao de desobediencia a la autoridad judicial y de urdir un artificio para llegar a la conclusión de que no podían disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak cuando, según las primeras conclusiones de la Fiscalía, en aquellos momentos dirigida por Jesús Cardenal, los querellados nunca tuvieron la menor intención de respetar y cumplir el mandato judicial El criterio fiscal ha cambiado ahora ra- dicalmente y en estos momentos la Fiscalía pide la absolución para los acusados por entender que arbitraron sin éxito los mecanismos jurídicos adecuados para disolver a Sozialista Abertzaleak, por lo que a su entender no desobedecieron la orden del Tribunal Supremo. La juez instructora, Nekane Bolado, archivó la causa y el fiscal general, ya Cándido Conde- Pumpido, no recurrió su decisión para irritación del Tribunal Superior vasco, que llegó a censurar el volátil e incoherente criterio del fiscal. Cardenal, que había sido designado fiscal general por el Gobierno de José María Aznar, fue el promotor de la querella por desobediencia en un momento de fuerte presión policial, judicial y política contra ETA y su entorno; dos años después, Conde- Pumpido, nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, modificó el criterio del Ministerio Público a mitad de proceso. Pese a todo, el Tribunal Superior, presidido por Fernando Ruiz Piñeiro, elegido por la mayoría conservadora del CGPJ, re-