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ABC MARTES 25 10 2005 Nacional 17 La Fiscalía avala que las penas por malos tratos sean más duras para los hombres Se opone a la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por una juez b Conde- Pumpido defiende la ac- Pumpido se apoya en estadísticas Conde- Pumpido aprovecha el informe en el que se opone a la admisión de la cuestión de inconstitucionalidad para recordar (como ya hizo la propia juez de Murcia en el escrito que planteó ante el TC) que los casos de violencia de pareja representaban, ya en 1999, un 78 por ciento de todos los supuestos de violencia doméstica y que la proporción de agresores varones era de un 91,5 por ciento frente a un 8,5 por ciento de mujeres agresoras. Según el informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial sobre violencia doméstica relativo a 2004, del que el fiscal general también se hace eco, las mujeres representaban ese año el 90,2 por ciento de las víctimas en el total de las 99.111 denuncias presentadas y el 94 por ciento de las víctimas amparadas con las 34.635 órdenes de protección que se adoptaron desde su entrada en vigor en 2003. Además, la Fiscalía señala que el agravamiento punitivo no sólo se produce en este ámbito específico de la violencia doméstica, sino que es extendida por el legislador a cualesquiera relaciones familiares ya sean parentales, maternales, filiales o de relación de pareja, cuando concurran en la víctima circunstancias objetivas de desprotección y en tales casos la agravación entra en juego, cualquiera que sea el sexo del agresor y del agredido tuación del legislador, pues se ha limitado a proteger a las víctimas de uno de los mayores fenómenos delincuenciales de nuestro tiempo N. VILLANUEVA MADRID. La Fiscalía General del Estado considera que imponer mayores penas a los hombres maltratadores que a las mujeres que hagan lo propio no atenta contra el derecho a la igualdad, por lo que la Ley de Violencia de Género aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero en diciembre de 2004 es perfectamente constitucional. De esta forma, y en lo que constituye una encendida defensa de la nueva normativa, el fiscal general, Cándido Conde- Pumpido, se opone a la admisión de la cuestión de constitucionalidad planteada ante el TC por la titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia, María Poza. La juez había planteado la cuestión el pasado 29 de julio con ocasión del caso de un vecino acusado de dos agresiones a su esposa y para quien el fiscal solicitaba un año y diez meses de cárcel. En su escrito, Poza señala que el agravamiento previsto en el artículo 153.1 del Código Penal- -que establece penas de seis meses a un año de cárcel cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad -es inconstitucional, pues atenta contra el derecho a la igualdad del artículo 14 de la Carta Magna. La juez alertaba, además, de que la diferencia en la imposición de penas (en función de si el sujeto pasivo es hombre o mujer) significaría un coste fáctico inasumible para los valores constitucionales En un informe de 45 folios, el propio Conde- Pumpido señala que el sexo de los miembros de una pareja carece en la realidad social de la neutralidad que se predica en el artículo 14 de la Constitución y es constatable que por los condicionamientos socioculturales hoy existentes las mujeres son objeto de agresiones en una proporción abrumadoramente superior a las que ellas ocasionan, que pueden tildarse de cuasi irrelevantes en su comparación Desprotección objetiva En este sentido, defiende a ultranza la nueva normativa y recuerda que la magnitud de este problema -que calificar de uno de los mayores fenómenos delincuenciales de nuestro tiempo -ha llevado al legislador a adoptar una pluralidad de medidas económicas, laborales, médicas, de asistencia jurídica o de alojamiento para que las mujeres que son víctimas de tal violencia puedan subsistir Conde- Pumpido argumenta que este extremo pone de manifiesto, además de una realidad social de posición desventajosa de las mujeres con respecto a los hombres, que su protección ante los actos de maltrato requiere la adopción de medidas distintas que las que han de adoptar para proteger en general a las víctimas La diferente imposición de penas puede suponer un coste fáctico inasumible para los valores constitucionales alertaba la juez