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20 Nacional POLÉMICA ORDEN DE DETENCIÓN DE TRES MILITARES POR EL CASO COUSO VIERNES 21 10 2005 ABC El fiscal descalifica el auto de Pedraz porque es una represalia contra EE. UU. Dice que la querella aún no ha sido admitida y alega falta de competencia b La familia del cámara pide al Año y medio sin respuesta El 20 de abril de 2004, Garzón cursa la primera comisión rogatoria a Estados Unidos ante el departamento de Cooperación Jurídica Internacional (dependiente del Ministerio de Justicia español) El 1 de octubre de 2004, Grande- Marlaska cursa un oficio a Cooperación Jurídica Internacional para preguntar en qué estado se encuentra la comisión rogatoria solicitada por Garzón e instar a su urgente cumplimiento. El 31 de mayo de 2005, Pedraz libra un nuevo recordatorio reiterando el incumplimiento de la primera comisión rogatoria y la solicitud de auxilio a la Justicia. Este oficio añade la solicitud de una segunda comisión rogatoria para interrogar como imputados a los tres militares norteamericanos. El 2 de junio de 2005, Cooperación Jurídica Internacional reconoce que hasta la fecha España no ha obtenido respuesta de las autoridades estadounidenses y anuncia que volverá a cursar esta segunda comisión rogatoria. El 6 de octubre de 2005 Pedraz cursa un nuevo oficio urgente que se presenta en mano en el Ministerio de Justicia. En él se requiere el urgente cumplimiento de las dos comisiones rogatorias. investigación, el embajador de EE. UU. en España, Eduardo Aguirre, mostraba su respeto por el auto del juez Pedraz y negaba que el mismo pudiera afectar a las relaciones bilaterales entre ambos países. fiscal general que no paralice la investigación y el Ministerio Público afirma que las órdenes de detención son desproporcionadas N. VILLANUEVA MADRID. El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira presentó ayer un recurso de reforma contra el auto del juez Santiago Pedraz en el que se ordena la busca, captura y detención internacional de tres militares estadounidenses por el asesinato del cámara de Telecinco José Couso en Bagdad. En el recurso, Rubira no sólo arguye la falta de jurisdicción y competencia de la Audiencia Nacional para investigar esos hechos, que tuvieron lugar el 8 de abril de 2003, sino que reprocha al magistrado que haya dictado las órdenes de detención internacional contra los militares sin que la querella haya sido admitida a trámite todavía. Fuentes jurídicas confirmaron que efectivamente no ha habido un pronunciamiento formal sobre dicha admisión a trámite, pero la práctica de diligencias -y entre ellas, el hecho de que el magistrado haya citado a declarar como imputados a los militares- -se puede interpretar como una admisión tácita de dicha querella, según señaló en su momento la Sección Segunda de la Audiencia Nacional al resolver un recurso contra uno de los autos de Guillermo Ruiz Polanco. (Hay que recordar que el caso Couso ha pasado hasta el momento por cuatro magistrados distintos) No obstante, y según las mismas fuentes, la falta de un pronunciamiento explícito del juez sobre la admisión de la querella es algo que se podría subsanar en cualquier momento. Hasta cinco requerimientos El fiscal sostiene que el juez ha dictado las órdenes de busca, captura y detención como consecuencia de no haber sido atendidas dos comisiones rogatorias internacionales (en realidad hubo cinco requerimientos en apenas un año y medio) En este sentido, a su juicio, es el silencio de Estados Unidos lo que convierte el auto recurrido más en una represalia que en una consecuencia lógico- jurídica Así, Rubira afirma que los cinco meses que trans- currieron entre la primera comisión rogatoria (abril de 2004) y el recordatorio de octubre de 2004 no constituyen demora sustancial en una tramitación de estas características. Además, reprocha al juez que no haya agotado las medidas para obtener auxilio judicial, incluso llamando la atención de las autoridades gubernativas españolas sobre lo que pueda considerarse falta de asistencia jurídica Lo que no puede hacerse- -dice el fiscal- -es convertir una medida dialéctica en una medida cautelar de gravísimas consecuencias para quien no ha tenido ocasión de defenderse de una inexistente imputación Rubira asegura que ni con arreglo al principio de territorialidad (los hechos sucedieron en Bagdad) ni al de personalidad activa (los presuntos asesinos no eran españoles) ni al de universalidad (los hechos no constituyen ni genocidio ni terrorismo) puede atribuirse la investigación y enjuiciamiento de este caso a los jueces y tribunales españoles. Mientras la familia de Couso pedía ayer al fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, que no paralice la