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14 Nacional POLÉMICA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL JUEVES 20 10 2005 ABC Ataque al hotel de periodistas Un M- 1 Abrams responde a un supesto ataque con lanzacohetes Puente Al Jumuriya Zona occidental Centrales de energía Hospitales Aeropuertos Estaciones de tren Río Tigris Palacio Presidencial Al- Jamhoury y Palacio Al- Saojoud Centro de Telecomunicaciones Planta 14- 15 Hotel Palestina Zona oriental Hotel Ishtar Sheraton o Al Kazimiyah Casco antiguo Ministerio de Defensa Hotel Palestina Ataque al Hotel Palestina Shaykh Hamid Base aérea Muthenna Hotel Sheraton Centro de Comunicaciones Complejo Presidencial Palacio de Bagdad Radwaniyah Ministerio de Industria Aeropuerto Internacional Sadam Tigris Ar Rasafah Infografía ABC El juez justifica esta medida en que es la única efectiva para asegurar la presencia de los imputados a disposición de la autoridad judicial española a la vista de la nula cooperación judicial prestada por las autoridades estadounidenses para el esclarecimiento de los hechos Y ello, recuerda Pedraz en el auto, a pesar del vínculo de cooperación mutua entre España y aquel país establecido por el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal de 20 de septiembre de 1990 y de los repetidos recordatorios librados para la ejecución y cumplimiento de las solicitudes de auxilio enviadas al Fiscal General Norteamericano Los tres militares sobre los que el juez ha librado sendas órdenes de detención son: el sargento Thomas Gibson, autor material de los disparos contra el hotel Palestina; el capitán Philip Wolford, su superior, y el teniente coronel Philip de Camp, quien dio la orden de atacar el inmueble en el que se alojaban unos 200 periodistas extranjeros. Contracorriente Lo cierto es que Pedraz nada contracorriente en esta batalla que algunos ya se aventuran a dar por perdida. El juez no cuenta sólo con la oposición de las autoridades norteamericanas, sino también con la de la Fiscalía española, que ha anunciado que pedirá hoy la revocación del auto del magistrado alegando falta de jurisdicción, falta de competencia y falta de título extradicional informa Ep. Fuentes de la Audiencia Nacional han expresado cierta sorpresa ente la postura de la Fiscalía, ya que los mismos que hoy forman el Gobierno- -y han nombrado al fiscal general del Estado- -son los que, desde la oposición, denunciaron la muerte de Couso e instaron al anterior fiscal general, Jesús Cardenal, a que abriera una investigación y pidiera responsabilidades a las autoridades norteamericanas por aquellos hechos. Las fuentes consultadas explicaron que el juez carece de competencia para investigar la muerte de un ciudadano español producida en el ámbito de un conflicto bélico y añadieron que no existe ningún delito de persecución internacional sobre el que sustentar la orden de detención, que será oficiada a la Unidad de Cooperación Policial Internacional. El juez Pedraz ordena detener a tres militares de EE. UU. por la muerte de Couso La Fiscalía recurre la decisión por falta de jurisdicción y de competencia b El magistrado reprocha a las au- toridades norteamericanas su nula cooperación judicial para el esclarecimiento de los hechos a pesar de repetidos recordatorios NATI VILLANUEVA MADRID. Llegará un día muy frío en el infierno antes de que eso (el procesamiento de tres militares estadounidenses) ocurra Una fuente del Departamento de Estado norteamericano adelantaba el pasado mes de junio cuál sería la postura norteamericana ante cualquier iniciativa que partiera de España para investigar la muerte de José Couso, el cámara de Telecinco que murió en el hotel Palestina de Bagdad como consecuencia de los disparos efectuados por un tanque de EE. UU. el 8 de abril de 2003. Las autoridades norteamericanas respondían así a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de cursar una comisión rogatoria para interrogar como imputados a los tres militares responsables del carro de combate desde el que se disparó contra el hotel de la capital iraquí. Han pasado casi cuatro meses desde que Pedraz movió ficha en esta investigación- -estancada desde que en octubre de 2003 Guillermo Ruiz Polanco admitiera a trámite la querella- y como Estados Unidos no ha dado más respuesta que el silencio, Pedraz ha decidido dar un paso más y dictar sendas órdenes de busca, captura y detención internacional de los tres militares norteamericanos, a los que el magistrado imputa indiciariamente delitos contra la comunidad internacional y asesinato. La familia y la abogada de Couso muestran el auto del juez Pedraz EFE La familia del cámara pide que se agilice la extradición ABC MADRID. Nada más conocer la orden del juez Santiago Pedraz, la familia de José Couso pidió al Gobierno que tramite con toda celeridad la extradición de los tres militares estadounidenses. La madre y un hermano del fallecido, Maribel Permuy y Javier Couso, comparecieron ayer ante los medios en la Asociación de la Prensa de Madrid. Ambos se felicitaron por la decisión del juez y le pidieron al Ejecutivo que esté a la altura de la Justicia A juicio de la familia Couso, los tribunales cumplen su deber como garantes de la soberanía nacional y la legalidad internacional Con impunidad no hay democracia ni justicia- -afirmó Javier Couso- Por ello, queremos instar al Gobierno español a que realice los trámites de extradición con el mismo ímpetu que en otras ocasiones dijo. Preguntado por los periodistas, el hermano del cámara fallecido afirmó que con el anterior Gobierno la familia se sintió desamparada mientras que el actual ha cumplido el 90 por ciento de lo que le pedimos. Aho- ra sólo esperamos que esté a la altura dijo. Por su parte, Maribel Permuy dijo sentirse en deuda con el apoyo popular que ha recibido tanto de gente de España, como de Bagdad y de Estados Unidos. Quiero darles las gracias porque sin ellos, esto no habría sido posible añadió. Esta es la segunda ocasión en la que se reclama a Estados Unidos por la muerte de un periodista español por disparos del Ejército norteamericano, aunque nunca se había llegado tan lejos como ahora. La primera fue en junio de 1990, cuando la familia del fotógrafo español Juantxu Rodríguez, abatido en diciembre de 1989 durante la invasión militar de Estados Unidos en Panamá, presentó una demanda para reclamar una indemnización del Ejército norteamericano.