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4 Opinión JUEVES 20 10 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil CORO DESAFINADO E BANQUILLO PARA UN GENOCIDA L A suspensión del juicio a Sadam Husein hasta el 28 de noviembre, acordada por el tribunal especial a petición de la defensa del ex dictador, es una incidencia que, si bien provoca una dilación del proceso, al mismo tiempo contribuye a mejorar la imagen y la calidad de un enjuiciamiento que bien puede calificarse de histórico. La opinión mayoritaria sobre este juicio está cuestionando la integridad de las garantías procesales, especialmente la independencia de los magistrados encargados de dictar sentencia y el derecho del acusado a una defensa efectiva. En este sentido, la suspensión acordada para que los abogados del reo puedan estudiar con tiempo los cargos y las pruebas presentados contra él es una decisión acertada y tranquilizadora. Sin embargo, es la posible imposición de la pena de muerte lo que, desde el punto de vista de la mayoría de las democracias occidentales, atrae el absoluto rechazo, ético y jurídico. La Administración estadounidense suspendió la pena capital en Irak en 2003, pero se reinstauró al transferirse el poder al Gobierno provisional iraquí. Si alguna presión pueden ejercer los gobiernos europeos sobre el de Bagdad, sin duda, habrían de procurar la exclusión o la conmutación de la pena capital, porque no se trata tanto de establecer una equivalencia entre los crímenes cometidos y el castigo merecido- -lo que siempre aboca a una exacerbación de los sentimientos sociales, no sólo en Irak- sino de asegurar un principio de proporcionalidad y contención en la respuesta penal, incluso a criminales de la talla de Sadam, repudiando cualquier acto que connote venganza y que, además, podría acabar mitificando al personaje. En el orden de las garantías del juicio, es evidente que el proceso es vulnerable y que no nos hallamos ante una justicia perfecta. Sadam no construyó un Estado de Derecho, con jueces independientes, sino un régimen al servicio de su tiranía. Por eso, al mismo tiempo que se denuncian las carencias evidentes de su proceso, sería ecuánime reconocer que Irak está en un proceso de reconstrucción constitucional y democrática y que el tribunal especial que juzga al ex dictador fue la primera decisión que tomó el Gobierno provisional iraquí en diciembre de 2003. Entonces no se optó por una ejecución sumaria, ni por un destierro impu- ne, destinos habituales de los dictadores cuando son derrocados. En todo caso, nadie se ofreció a los iraquíes para juzgar a Sadam Husein. El Consejo de Seguridad ni se planteó siquiera la creación de un tribunal internacional, a la vista de que la Corte Penal Internacional, creada en 1998, carecía de jurisdicción para juzgar sus crímenes. También se descartó un tribunal formado por las potencias aliadas, en lo que habría sido una versión actualizada de los Tribunales militares de Nüremberg y Tokio. Por tanto, este proceso que ayer se inició es criticable, si lo pasamos por el filtro del sistema de garantías al que estamos acostumbrados en Europa, pero es inevitable y necesario, porque su alternativa habría sido la impunidad o la venganza, como la que sufrió Ceaucescu. Entre tanta crítica, sería bueno resaltar también que el juicio a Sadam es un acto de soberanía de Irak y que da satisfacción de las demandas de justicia de millones de iraquíes, que han conseguido lo que en otros países más desarrollados, y víctimas igualmente de pasados regímenes tiránicos, no se ha logrado- -el banquillo para un dictador- -y andan reclamando a la Audiencia Nacional española. También es oportuno recordar que el Consejo de Seguridad de Naciones reconoció la legitimidad del Gobierno provisional iraquí en la Resolución 1.546, de 8 de junio de 2004, y, por tanto, el proceso político que se iniciaba en el país, incluido el calendario electoral y constituyente. La presencia de observadores internacionales y de medios de comunicación jugará un papel decisivo para valorar si Sadam Husein va a recibir o no un juicio justo. Presiones sobre los jueces, sin duda, las habrá, pero es probable que estos jueces sientan más la presión de las poblaciones chií y kurda, masacradas por Sadam, y teman más los atentados del terrorismo suní e integrista que cualquier otro tipo de influencia externa. En este aspecto, la publicidad del juicio, el respeto a las garantías procesales y la profesionalidad de los jueces serán determinantes para que este proceso histórico resista, por un lado, las convulsiones terroristas que asuelan Irak y, por otro, la doble moral que desde Occidente se resiste a considerar una buena noticia que Sadam Husein esté sentado en un banquillo. NTRE lo dicho ayer por Fernández de la Vega- la reforma del Estatuto de Cataluña no es una reforma constitucional -y lo expresado, también ayer, por Guerra- el Estatuto contiene aspectos que invaden competencias del Estado y de la Constitución -hay dos mundos enfrentados, por mucho que el socialismo pretenda reducirloa unacuestión de matices. Vistasambas opiniones, la de Guerra está sujeta a menos hipotecas y, por tanto, quizá se ajuste más a la realidad de las cosas. Las dos almas del PSOE, a las que se refirió recientemente la vicepresidenta, afloran cada día para exhibir las más profundas contradicciones de un partido fragmentado, mientras Zapatero se ajusta a la partitura y repite que el Estatuto catalán no es un problema de los españoles Coro desafinado que suena con estrépito sin que el director de orquesta oiga o quiera oír el griterío. Elena Espinosa EFE LAS DOS ELENAS E REFORMA LABORAL INAPLAZABLE ADA día parece más necesaria y urgente una reforma laboral en profundidad que garantice más y mejor empleo y facilite una mayor competitividad a nuestra economía. Por eso hay que recibir con cautela la propuesta hecha por el Ministerio de Trabajo para relanzar una negociación estancada desde hace más de un año. Podría haber sido más ambiciosa, incluyendo cuestiones de mayor calado, pero debe ser bienvenida por lo que supone de empuje al proceso negociador y como documento base que debe ser complementado con las aportaciones de patronal y sindicatos. Más allá de las lógicas discrepancias y rechazos que han mostrado a estas propuestas del Gobierno, es de aplaudir la disposición al diálogo tanto por parte de la CEOE como de UGT y CC. OO. Buscar reformas consensuadas es la mejor forma de aprobar esta asignatura pendiente que ayer mismo nos recordaba la Comisión Europea, advirtiendo de las debilidades estructurales de nuestro mercado laboral. Mayor flexibilidad, la reducción de la temporalidad, apoyos a la incorporación al mercado de trabajo de personas o N su afán por salvar al pollo, la ministra de Agricultura es capaz de llevarle la contraria a la mismísima Organización Mundial de la Salud (OMS) que alertó sobre el riesgo de pandemia con la gripe aviar. Para Espinosa, hablar de pandemia es ciencia ficción pues estamos ante un problema que es sólo veterinario Pues bien, si estamos sólo ante un problema veterinario y las probabilidades de que las personas se vean afectadas son escasas, habrá que preguntarse por las razones por las que España comprará antivirales para proteger al 25 por ciento de la población. Algo falla cuando una Elena (Espinosa) sostiene una teoría distinta a la de la otra Elena (Salgado) titular de Sanidad. Y eso que se sientan frente a frente en el Consejo de Ministros. C colectivos con dificultades, la conciliación de la vida familiar y laboral y el fomento de la igualdad deben guiar la reforma de los distintos tipos de contratos, su duración, indemnizaciones o incentivos. Tampoco debería hurtarse el debate sobre las cotizaciones sociales, la protección por desempleo, la seguridad en el trabajo o la formación. Así se lograría una reforma integrada del mercado laboral, que debe ser bastante más ambiciosa que la propuesta hecha ahora por el Gobierno. Reforma que debería buscar el consenso y el acuerdo con la patronal y los sindicatos. Y debe hacerse ahora. Por la urgencia en adoptar medidas que hagan nuestro mercado laboral homologable al de nuestros competidores y para atajar al mismo tiempo algunos síntomas que anuncian una ralentización en la creación de empleo. Sería asimismo una gran ayuda para poner freno a una preocupante caída de la competitividad de nuestra economía. Pero debe hacerse sin interferencias de ningún tipo, aunque sea el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que más necesite y busque en estos momentos la foto del consenso social. BALONES FUERA ACE unas semanas, se animaba a las comunidades a gravar en el combustible el llamado céntimo sanitario para solventar sus deudas financieras. Ahora, y para salir del atolladero de la huelga de transportistas, esas mismas autonomías deberán eximir a ese sector del impuesto. No se soluciona el problema trasladando la patata caliente a otras administraciones, sobre todo sin contar con su opinión. Ya hay varias comunidades que han dicho no a esta invasión de competencias. La huelga del transporte se ha solventado por la vía del parcheo, que es la peorde las medidas. Grieta mal sellada que amenaza con hacer crónico un problema que no se resuelve a costa de derivar responsabilidades. H