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ABC LUNES 17 10 2005 Opinión 3 LA TERCERA DE ABC YO ACUSO POR JUAN CARLOS GUERRA ZUNZUNEGUI DIPUTADO DEL PARTIDO POPULAR EN EL CONGRESO Deseo que muchos socialistas, que coinciden en la vigencia de nuestra Constitución y en no deshacer el camino de éxito de estos últimos 27 años, puedan convencer al señor Rodríguez Zapatero. Aún se está a tiempo... M E va a permitir el lector que use el mismo título que utilizó Zola hace casi un siglo cuando el asunto Dreyfus en Francia. España ha vivido uno de los períodos más positivos a partir de 1978, cuando, por primera vez en nuestra historia moderna, se redactó y se refrendó la Constitución vigente, tras un pacto de casi todas las fuerzas políticas, mediante concesiones y aportaciones mutuas de los constituyentes, entre los que tengo la honra de encontrarme. Cuando, a la muerte del general Franco, el mundo occidental y los países de nuestro entorno temían una vuelta atrás y una posible situación de enfrentamiento entre los españoles, conseguimos hacer una transición ejemplar, impulsada por la Corona y por el pueblo español, que tenía la firme decisión de convivir en paz y en democracia. Recuerdo cuando en el año 1977, después de las primeras elecciones, accedimos al Consejo de Europa sin tener todavía la Constitución ni siquiera redactada, y los parlamentarios españoles que formábamos parte de la citada asamblea pudimos asegurar a los del resto de la Europa democrática que España accedería a una plena situación de democracia, sin veto a ningún partido político. Pues bien, desde la transición y la aprobación por referéndum de la Constitución vigente, los españoles hemos conseguido una convivencia y unos avances importantes en nuestro desarrollo social y económico. Pensemos en la creación de un millón doscientos mil puestos escolares, tras los Pactos de la Moncloa. Pensemos, tras nuestro ingreso en la Unión Europea, las ventajas que ello nos ha producido para nuestras infraestructuras y para nuestra agricultura y ganadería. Pensemos en el cambio que han experimentado nuestras ciudades y sobre todo los municipios rurales. Pensemos en nuestro servicio sanitario, en la atención a la tercera edad, en la educación ya universal entre los tres y los dieciséis años, habiendo dado el paso entre tres y seis en la última legislatura. Pero, sobre todo, los españoles convivimos políticamente. Los cambios de diferente signo, en el gobierno central, autonomías o municipios, no han supuesto convulsiones. Ya sé que el 23- F fue una fecha triste, con un nuevo intento de golpe de Estado por parte de una minoría del Ejército, que se resolvió positivamente, y que provocó que a los pocos días se celebrara en Madrid la mayor manifestación de apoyo a la Constitución y al sistema democrático. En la cabeza de la citada manifestación, codo con codo, estaban los líderes de todo el arco parlamentario. Ya sé que desde antes de la transición, hace más de treinta años, venimos sufriendo un terrorismo criminal de aquellos que son incapaces de defender sus ideas democráticamente, sin utilizar el tiro por la espalda o el secuestro. Pero reitero, el conjunto de estos casi treinta años es francamente positivo y nuestro acontecer es similar al de los países desarrollados de nuestro entorno. El partido socialista ganó las elecciones el 14 de marzo de 2004 sin mayoría absoluta, y tras el atentado del 11 de marzo. El señor Rodríguez Zapatero fue investido presidente; todos pensamos que sería una legislatura difícil, pues el Gobierno no tenía mayoría absoluta, como por otra parte tampoco la tuvo el Partido Popular en la legislatura 1996- 2000. Pero creíamos que el Gobierno sería similar a los gobiernos socialdemócratas de otros países de la Unión Europea. Han pasado dieciocho meses desde la investidura del señor Rodríguez Zapatero y, junto con decisiones paralizantes como el plan hidrológico, el plan de regadíos, la ley orgánica de calidad de la educación, el cambio mediante un decreto de nuestra política exterior, etc. etc. nos encontramos con que desde el principio de la legislatura se inició una política de revisión de los estatutos de las autonomías, asunto que no preocupaba al ciudadano, sino solamente, en su caso, a ciertos políticos de algunas de las autonomías. El señor Rodríguez Zapatero cometió un error incalificable desde el balcón del palacio de la Generalitat de Cataluña cuando manifestó su apoyo al tripartito catalán, por cierto, integrado entre otros por un partido, ERC, que se declara abiertamente, además de republicano, independentista, y cuyo líder se entrevista con dirigentes de ETA y pacta con la banda criminal para que ésta no actúe en Cataluña. El resto de España no cuenta para el señor Carod. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno declaró que apoyaría la reforma del Estatuto que venga del parlamento catalán. Posteriormente, el conjunto de declaraciones y actuaciones durante el transcurso del debate del nuevo estatuto en el parlamento catalán son realmente incompresibles e intolerables. Así, cuando el presidente, en el Senado, manifiesta que nación es un concepto discutido y discutible o cuando posteriormente define la patria como la libertad, o cuando declara que él no es españolista ni nacionalista Pero lo peor de sus declaraciones es que ha apoyado a su correligionario y presidente de la Generalitat en la redacción de un nuevo estatuto de autonomía que rompe la Constitución, violenta la convivencia y enfrenta entre sí a los españoles. ¿Cómo es que Rodríguez Zapatero no ha parado a tiempo al Partido Socialista que gobierna en Cataluña, ya que por principio no puede admitir un trato de desigualdad entre los españoles por el hecho de vivir en diferentes autonomías? ¿Cómo es posible que se conciba un Poder Judicial independiente del Estado atribuyéndose competencias exclusivas y propias del Consejo General del Poder Judicial? ¿Cómo es posible que se establezca un modelo educativo propio que no esté supeditado a la normativa básica en esta materia común a los españoles? ¿Cómo es posible que se exija la reforma de la ley del Tribunal Constitucional, de la ley Electoral, de la ley de la Administración General del Estado? ¿Cómo es posible que se pretenda que la Generalitat catalana recaude, gestione y tenga capacidad normativa y que tras recaudar los impuestos se cree una comisión bilateral del Estado y la Generalitat para discutir qué parte aportaría Cataluña al Estado? ¿Cómo es posible que en la primera de las disposiciones adicionales se manifieste que la aceptación del estatuto no implica la renuncia del pueblo catalán a los derechos que le corresponden en virtud de su historia? ¿Qué significa este texto? Se pretende dar un gran paso para, en el futuro, una declaración de independencia. Sería prolijo seguir detallando el texto de referencia, que es absolutamente anticonstitucional. Pues bien, el responsable último de este gran y dramático embrollo es el señor Rodríguez Zapatero. Primero, por no parar a tiempo el inicio de este conjunto de desatinos; y segundo, en sus conversaciones con Mas o con el representante de ERC, a quienes tenía que haber comunicado la no admisión de un proyecto de estatuto que no estuviera dentro de la Constitución española, ya que lo que se pretendía, a través de una trampa saducea, era presentarlo como una simple reforma del estatuto vigente. ¿Se da cuenta el presidente del Gobierno de que en cualquier caso su actuación va a enfrentar a los españoles y va a poner en riesgo la estabilidad institucional? Deseo que muchos socialistas, que coinciden en la vigencia de nuestra Constitución y en no deshacer el camino de éxito de estos últimos 27 años, puedan convencer al señor Rodríguez Zapatero. Aún se está a tiempo. Pero mucho me temo que por la irresponsabilidad del presidente del Gobierno se han dado unos pasos que nos pueden conducir a una situación muy grave, que desembocará en la ruptura de nuestra Constitución y de España.