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ABC VIERNES 14 10 2005 Nacional 23 Detenido un alcalde de la Costa del Sol y su cuñado por la operación Ballena Blanca Sólo una de las operaciones investigadas asciende a 150 millones de euros b La Policía acusa al regidor de Secretario general de la Asociación Unificada de Militares MARIANO CASADO Familiares y militares protestan por el secretismo oficial mientras Rajoy anuncia que pedirá explicaciones a Zapatero en el Congreso sobre lo ocurrido en Afganistán Defensa quiere controlar la información del Cougar para que haya una sola versión D. MARTÍNEZ tráfico de influencias, adopción de resoluciones injustas a sabiendas y aceptación de dádivas para dictar una determinada resolución JOSÉ MARÍA CAMACHO MÁLAGA. El alcalde de Manilva, Pedro Tirado, del Partido Democrático, fue detenido ayer por su presunta vinculación con el denominado caso Ballena Blanca la mayor operación de blanqueo de dinero desarrollada en la Costa del Sol, que comenzó el pasado mes de marzo. La Policía, bajo la super- Pedro Tirado Del PA a fundar un partido, pasando por el GIL El alcalde arrestado por su presunta implicación en la organización de blanqueo desmantelada en la operación Ballena Blanca es concejal del Ayuntamiento de Manilva desde 1991. Primero formó parte del Partido Andalucista y luego del Grupo Independiente Liberal (GIL) partido fundado por Jesús Gil. En 1995 perdió la alcaldía gracias a un pacto entre el PSOE, el PP e IU. En 2000, abandonó el GIL y pasó al grupo Mixto, formando parte del equipo de gobierno con Izquierda Unida y el PSOE. Finalmente, en 2002, fundó el Partido Democrático de Manilva, que ganó en minoría las últimas municipales. Desde entonces gobernó la localidad por un pacto alcanzado con IU, alianza que se rompió esta legislatura. visión del titular del Juzgado de Instrucción número 5, Miguel Ángel Torres, y el fiscal Anticorrupción, arrestó también dentro de esta nueva fase de la investigación a Francisco C. A. cuñado del regidor, y a Sonia María R. G. quien actuaba de testaferro de las organizaciones Sophian Hambli. Tirado está acusado de prevaricación y cohecho al existir indicios de su participación en hechos relacionados con el tráfico de influencias, adopción de resoluciones injustas a sabiendas y aceptación de dádivas para dictar una determinada resolución, según el Ministerio del Interior. El cuñado del regidor está acusado de hechos similares, ya que hay pruebas de su participación en el tráfico de influencias y en el intento de corromper a la autoridad con regalos para obtener una determinada resolución. Según la Policía- -su director general, Víctor García Hidalgo, afirmó ayer en el Congreso que va a seguir reforzando el número de agentes destinados a combatir el blanqueo de dinero- -el alcalde de Manilva, Pedro Tirado, de 43 años, y su equipo de gobierno recalificaron suelo rústico en urbanizable no programado en 2003. El convenio firmado por el Ayuntamiento con la sociedad Royal Marbella Estates, propiedad de otros imputados en el blanqueo, permitió duplicar el terreno edificable en los terrenos La Parrada El convenio autorizaba recalificar una finca rústica de 700.000 metros cuadrados por 900.000 euros, unos 150 millones de pesetas. Luego se vendió en 2.500 millones y, posteriormente, en 25.000 millones de pesetas (más de 150 millones de euros) El mayor pelotazo urbanístico de Manilva según el portavoz de la Agrupación Socialista de Manilva, Emilio López Berenger. En los registros realizados por la Policía en los domicilios de los acusados, se han intervenido documentos y casi 800.000 euros en efectivo, de los que 770.000 fueron localizados en la vivienda del cuñado del alcalde en bolsas de plástico, y el resto en el domicilio del regidor municipal de Manilva, además de relojes de oro de la marca Rolex, que fueron comprados por uno de los detenidos al inicio de la operación Ballena Blanca Aki Kujala, quien se encuentra actualmente en prisión. El cuñado del alcalde de Manilva, Francisco Calle, y Aki Kujala son socios en Gestierra, una de las sociedades de Royal Marbella States, que compró el suelo rústico de La Parrada y lo vendió a cinco sociedades tras ser recalificado por el Ayuntamiento. -El padre de uno de los heridos en el accidente del Cougar en Afganistán ha dicho que el Gobierno está ocultando la verdad sobre la muerte de los 17 militares ¿Comparte la denuncia? -Es evidente que quieren dejar pasar los días para que el asunto quede diluido en el tiempo. No se ha explicado el motivo por el que el informe definitivo, que tenía que haberse conocido el pasado día 6, aún no ha salido a luz. No sabemos las razones del retraso y eso hace disparar las hipótesis. Puede ser porque políticamente no sea el momento oportuno o porque los trabajos no estén terminados, pero lo cierto es que no se ha cumplido el plazo establecido por las normas y eso nos preocupa. ¿Fue un accidente o un ataque? -Nosotros hemos demandado que se conozca públicamente la investigación judicial, que no nos consta que se haya declarado secreta. En ella se ha tenido que tomar declaración a los militares que estaban en el segundo helicóptero, entre ellos el hijo del señor que ha hecho las denuncias. La declaración de estos militares será fundamental para despejar la cuestión. -Este señor ha dicho que su hijo, momentos antes del accidente, habló con los militares del helicóptero que se siniestró y que éstos dijeron que la situación estaba tranquila. -Eso es así, por lo que todas las circunstancias están abiertas, incluso las del ataque, porque los investigadores tampoco la han descartado. Esto debería también constar en la investigación judiciales a la que el Gobierno tiene acceso a través de Fiscalía. ¿No hay transparencia? -Defensa está actuando con poca transparencia porque hay una investigación, la del informe definitivo, de la que aún no ha informado. ¿Por qué? -Debe haber algún componente no militar, sino de carácter político detrás de este silencio. Los tiempos políticos son muy distintos a los militares. ¿Es normal que a los militares de Afganistán les dieran instrucciones para que no comentaron el siniestro con la prensa? -Es un hecho peculiar. Hay que preguntar a Defensa por qué en este caso ha dado una instrucción tan radical y en otros no. Más aún, esta instrucción no ha sido anulada, sino que sigue en vigor porque no tenía limitación temporal. No me atrevo a decir que esta orden persigue ocultar algo, pero sí controlar. Defensa quiere controlar la información del caso Cougar para que haya una única versión y eso lo ha logrado gracias a esa instrucción. ¿Cómo fue aceptada por los militares? -No la han valorado, sino que la han ejecutado. Una de las principales testigos del caso Roquetas dice que no vio nada EFE ALMERÍA. La empleada de una confitería ubicada frente al cuartel de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, que aseguró a principios de agosto haber visto la presunta agresión a Juan Martínez Galdeano, con resultado de muerte, por parte de varios agentes, declaró ayer ante la jueza Estefanía López que no pudo ver nada En manifestaciones a los periodistas a la salida del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, la letrada que sustituyó a José Ramón Cantalejo en la acusación particular del caso, Esther Cabañero, explicó que la testigo había declarado que lo vio todo de refilón y que lo que pasó en el patio del cuartel, le pareció una discusión entre los propios guardias civiles No obstante, apostilló Cabañero, la ex trabajadora de la confitería- -no ha renovado contrato tras los hechos- -incidió ante la jueza que por los gestos le dio la impresión de que los agentes le estaban dando patadas a algo aunque no lo apreció bien porque sólo podía ver a los guardias civiles de cintura para arriba.