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6 Opinión MARTES 11 10 2005 ABC AD LIBITUM TRIBUNA ABIERTA JOSÉ MANUEL SALA ARQUER CATEDRÁTICO DE DERECHO ADMINISTRATIVO. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS UNA NACIÓN DE LUDÓPATAS E NTRE las responsabilidades que caben en la mesa del vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, no es la menor, y menos aún si se atiende a su volumen dinerario, la administración de las distintas Loterías y Apuestas del Estado, un disparate clásico que incita a los españoles a jugar más de 9.000 millones de euros anuales, billón y medio de pesetas: 225 euros per cápita, infantes incluidos. Sólo este dato justificaría el título que encabeza esta columna, pero hay más. El año pasado, según desmenuzaba ayer en sus detalles el gran reportaje de Juan Fernández Cuesta, los españoles nos jugamos un total de 27.286 millones de euros- ¡683 M. MARTÍN euros per cápita! Tan FERRAND elefantiásica cantidad se reparte entre los distintos juegos que administra Solbes, los de la ONCE, bingos, casinos... y, lo que más me alarma: las máquinas tragaperras. La cifra total de las maquinitas de marras supera los 10.000 millones, más que todas las Loterías y Quinielas juntas; pero, mientras los demás juegos limitan su presencia a unos escenarios concretos y, por ello mismo, exigen a sus practicantes la voluntad de jugar, las tragaperras, como una enfermedad con metástasis, se salpican por todos los escenarios de la vida nacional y centran su presencia en bares y cafeterías. Lugares a los que, sin grandes limitaciones, tienen acceso menores de edad a los que se les impide tomar una caña de cerveza, pero se les consiente probar fortuna en esas máquinas diabólicas de las que sólo sacan fruto sus fabricantes e instaladores en complicidad con el Estado que las tolera a porcentaje Algo escandaloso suavizado por la costumbre. Somos el país del mundo que aplica más porcentaje de la renta personal a los juegos, activos o pasivos, autorizados y legales; pero, insisto, lo intrínsecamente perverso, dentro del mal general, es la propuesta del azar indiscriminado, apto para menores, de las tragaperras a las que llaman B para distinguirlas de las C las de los casinos. Lejos de luchar contra la ludopatía que nos afecta, y que se extiende a temerarias partidas de naipes en los bares de los pueblos, aquí se forja como escuela de costumbres el que un chaval se juegue todo su capital -la cuota para sus gastos personales de que le provee la familia- -apretando el botón de unas máquinas que puede encontrar sin necesidad de buscarlas. Incluso he visto, como adheridos a ellas, a viejecitos de pensión asistencial tratando de ordeñar el euro que les falta en sus raquíticas cuentas vitales, a base de gastar los cinco o seis de su subsistencia diaria. Todo, eso sí, con la protección, el control y la participación del Estado. La moralina con la que nuestros abuelos aliñaban la más sosa vida española solía insistir en que no hay lotería como la del trabajo pero el cambio de tiempo, moral y cultura nos lleva al azar y al subsidio. Qué pena. REGLAS CLARAS PARA LAS CONCENTRACIONES EMPRESARIALES A cuenta de la opa lanzada por Gas Natural sobre Endesa, el autor analiza el confuso panorama que aportan las normas que rigen en España para este tipo de operaciones, a diferencia de lo que ocurre en el ámbito de la UE, donde las reglas no dan margen a la inseguridad E L sector eléctrico lleva ya tiempo sometido a un proceso de revisión o, al menos, de reflexión, cuyo penúltimo episodio- -hoy en un segundo plano- -fue el Libro Blanco hecho público el pasado mes de julio. En mitad de ese proceso, que parecía apuntar al diseño de un modelo eléctrico desde arriba ha irrumpido la opa de Gas Natural sobre Endesa, que- -de llegar a buen puerto- -significará una reestructuración del sector a partir de las fuerzas del mercado. Como es lógico, la última palabra la tienen los organismos reguladores y el Gobierno. Y así debe ser: que las empresas lancen en firme sus propuestas, de acuerdo con sus intereses y en uso de su libertad; y que el poder público las controle y atempere en última instancia (pero no en primera, como parecía sugerir el Libro Blanco) de acuerdo con las exigencias del interés público. Se abre un período en el que la neutralidad y la independencia de esos organismos reguladores van a ponerse a prueba. Sería bueno dejarles hacer su trabajo sin adelantar acontecimientos ni caldear el ambiente como si de un partido de fútbol se tratara. En los pocos días que llevamos desde que la operación se hizo pública, han proliferado todo tipo de opiniones acerca de lo que deberían hacer o dejar de hacer la Comisión Nacional de la Energía o el Tribunal de Defensa de la Competencia. No quisiera entrar aquí en ese debate de fondo- -doctores tienen los bancos de negocios- -acerca de la lógica industrial de la operación, la estructura del mercado o el mix de la empresa resultante. Tan sólo pretendo dejar apuntadas algunas consideraciones acerca de las formas con que, a mi juicio, sería deseable que se abordarse una operación de estas características. Se dirá que las formas ya se encuentran predeterminadas por la ley. Pero resulta que, sorprendentemente, la ley- -en particular la Ley de Defensa de la Competencia- -dice muy poco acerca de las concentraciones empresariales, y deja amplísimo margen a una excesiva discrecionalidad gubernamental. La Ley contempla, además de la aprobación o denegación de la concentración, la posibilidad de autorizarla con condiciones. En 2001, el legislador precisó que dichas condiciones podrían consistir, entre otras, en la obligación de transmitir ciertos negocios o activos o en la imposición de limitaciones. La experiencia de estos últimos años ha demostrado que esa amplia libertad en la imposición de condiciones ha terminado frustrando proyectos autorizados en teoría, pero inviables en la práctica debido a las condiciones que pesaban sobre ellos. Sólo los tribunales han introducido un estimable contrapeso a esos poderes, recordando que las condiciones deben ajustarse al princi- -Hay gente en el PSOE tan desleal que piensa en España antes que en el partido, que es quien nos da de comer.