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4 Opinión LUNES 10 10 2005 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA LUCA DE TENA CONSEJERO DELEGADO: SANTIAGO ALONSO PANIAGUA DIRECTOR: IGNACIO CAMACHO Directores Adjuntos: Eduardo San Martín, Juan Carlos Martínez Subdirectores: Santiago Castelo, Rodrigo Gutiérrez, Carlos Maribona, Fernando R. Lafuente, Juan María Gastaca, Alberto Pérez Jefes de área: Jaime González (Opinión) Mayte Alcaraz (Nacional) Miguel Salvatierra (Internacional) Alberto Aguirre de Cárcer (Sociedad- Cultura) Ángel Laso (Economía) Jesús Aycart (Arte) Adjunto al director: Ramón Pérez- Maura Redactores jefes: V. A. Pérez, S. Guijarro (Continuidad) A. Collado, M. Erice (Nacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) E. Ortego (Deportes) F. Álvarez (TV- Comunicación) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) Director General: Héctor Casado Económico- financiero: José María Cea Comercial: Laura Múgica Producción y sistemas: Francisco García Mendívil PRESIDENCIALISTA medida que lo vamos conociendo- -por sus actos, por sus decisiones y hasta por sus gestos- el Zapatero del trabajo en equipo y el de las decisiones consensuadas va cediendo paso a un presidente del Gobierno muy distinto al del estereotipo. Reveladora resulta la foto fija de los Consejos de Ministros, en la que un Zapatero presidencialista reparte juego sólo entre unos pocos, ante la callada por respuesta de una mayoría cada vez más silente. Especialmente significativo es el papel que juegan las ministras, condenadas a un segundo plano, mientras Fernández de la Vega ejerce una coordinación más técnica que política. Sus colaboradores niegan que se trate de un talante autoritario, sino una evolución lógica de la profundización democrática que eleva la exigencia del control del poder Está claro. A NINGÚN ESTATUTO DEL PERIODISTA L A profesión periodística no necesita ningún Estatuto, por mucho que algunos, fieles a esa visión intervencionista de la sociedad que les caracteriza, se empeñen en sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. La semana pasada empezaron las comparecencias de los expertos citados por la Comisión Constitucional para informar sobre el texto, impulsado por Izquierda Unida y admitido en la Cámara gracias al apoyo del PSOE. A continuación serán discutidas las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios. El proceso de tramitación, que se prevé largo y conflictivo, llevaba casi un año paralizado. El proyecto ha merecido con toda razón críticas desde muy distintos sectores sociales y profesionales. Tratándose de un texto que afecta a la profesión periodística, ABC se siente autorizado a criticar la esencia de un proyecto con ribetes estalinistas. Nuestra posición es clara, contundente y sencilla. Por supuesto, rechazamos el texto presentado, pero también cualquier alternativa de la misma naturaleza que se pudiera elaborar. Simplemente negamos la necesidad de ningún Estatuto para la profesión periodística, aunque es cierto que el presentado resulta especialmente rechazable por su intervencionismo y su aversión a la libertad. Toda regulación legal de este tipo representa una indeseable intervención del poder político sobre la actividad profesional, en este caso, de los periodistas, y resulta siempre lesiva tanto para la libertad de informar como para el derecho a recibir información. Sobre todo porque subvierte gravemente la filosofía democrática: son los medios de comunicación los que cumplen el papel de controladores del poder, nunca al revés. Cualquiera que conozca la hipersensilidad con la que la clase política en general trata los asuntos periodísticos y el interés que demuestra por controlar la información podrá hacerse una idea de lo que supondría un Estatuto de esta naturaleza. El texto presentado en el Parlamento extrema los males intervencionistas y lesiona profundamente los derechos de las empresas periodísticas. Impone la acreditación mediante el correspondiente carné, expedido por el Consejo Estatal de la Información o sus equivalentes autonómicos, que deciden quién es periodista y quién no, algo que no corresponde determinar ni siquiera a los profesionales de la información. El texto contiene, además, un código ético que recuerda peligrosamente a los tribunales de honor. Las violaciones graves de estos deberes éticos por parte de las empresas pueden acarrearles sanciones con multas que pueden llegar al 1 por ciento de sus beneficios netos. En caso de reincidencia, la sanción puede aumentar hasta alcanzar el 10 por ciento. Por lo demás, la composición del Consejo Estatal se encuentra fuertemente mediatizada por el poder político e incluye a representantes de sectores alejados de la profesión periodística. Casi la totalidad de sus integrantes son designados por mayoría de dos tercios en el Congreso y el Senado. No es difícil imaginar las consecuencias de la existencia de un órgano político encargado de velar por el cumplimiento de los deberes establecidos en el código ético y de castigar a las empresas infractoras, vigilando la fidelidad de sus respectivas líneas editoriales al cumplimiento de los deberes éticos. También establece criterios asamblearios en el funcionamiento de los comités de Redacción. Su contenido, por otra parte, afecta a derechos constitucionales y a leyes orgánicas en vigor. En suma, se trata de un proyecto más propio de regímenes totalitarios que de países que, como España, son democráticos y reconocen y garantizan las libertades de información y de expresión. Regula mal muchas cosas que no deben ser reguladas, ni siquiera bien. Existen casos, como éste, en los que todo intervencionismo es ilegítimo. En el mejor de los casos incurrirá en un indeseable paternalismo; en el peor, provocará la muerte de la libertad de información. El texto lleva el sello ideológico indeleble de Izquierda Unida y de su concepción controladora. La información sometida al poder político deja de serlo para convertirse en propaganda y manipulación. Pero este texto no merece ser criticado sólo por estos excesos, sino por su propia naturaleza, hostil a la libertad. No es necesario un Estatuto del Periodista. Ni éste, ni ningún otro. El código ético puede ser sustituido, con ventaja para la libertad, por las normas jurídicas vigentes, incluido, por supuesto, el Código Penal, y por la autorregulación de los profesionales. Ir más allá sólo puede conducir a los intentos orwellianos de controlar políticamente la información. Otra cosa es la regulación concreta de algunos asuntos, como el secreto profesional o la cláusula de conciencia. Un proyecto legal de naturaleza totalitaria que aspira a sovietizar el ejercicio de la profesión periodística no merece sólo ser reformado profundamente en su tramitación parlamentaria, sino que debe ser rechazado en su totalidad. José Luis Rodríguez Zapatero EFE ADICCIÓN AL JUEGO AS cifras cantan y asustan: el sector del juego en España mueve más de 27.000 millones de euros al año en loterías, bingos, casinos y tragaperras. Sólo a estas últimas los españoles dedicaron 10.000 millones en 2004. Así, en crudo, los datos pueden no decir nada, pero si se comparan con otras magnitudes adquieren su verdadera dimensión. Entre bingos y tragaperras, lo jugado es el doble del presupuesto conjunto de los Ministerios de Educación, Agricultura, Sanidad y Vivienda. Lo que se invierte cada año en juegos de azar es más de lo que habrá en la hucha de las pensiones, el denominado Fondo de Reserva, al final de 2005: 26.600 millones de euros. Después de este aluvión de datos, el Gobierno ya ha emitido su diagnóstico: España sufre adicción al juego L EL DRAMA INTERMINABLE L AS avalanchas de inmigrantes en las fronteras de Ceuta y Melilla concentran una vez más la atención política e informativa sobre estas dos ciudades. En su visita de ayer a Melilla, Mariano Rajoy exigió razonablemente al presidente del Gobierno que hable en serio con Marruecos y que plantee alternativas en el marco de la Unión Europea. Se anuncia para hoy la visita a dicha ciudad autónoma del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, así como la llegada de una delegación de Naciones Unidas, organismo que no debe permanecer al margen de un asunto que afecta de modo crucial a las relaciones norte- sur, que constituyen uno de los ejes de su razón ser como organización internacional. Ha hablado también al respecto el ministro alemán del Interior, reconociendo que va a aumentar la presión migratoria y aportando algunas ideas (como el apadrinamiento de un país africano por parte de cada país desarrollado) que necesitan sin duda un mayor proceso de maduración. Parece, en todo caso, que algo se mueve en una Euro- pa que no puede contemplar impasible cómo se desarrolla en la puerta de su casa un drama de hondas raíces morales y socioeconómicas. Mientras se llega a un enfoque sensato para afrontar el reto a medio y largo plazo, se impone una elemental exigencia humanitaria en el trato a las personas afectadas. No sirve ahora rasgarse las vestiduras ante la imagen de cientos de subsaharianos deportados al desierto en condiciones penosas, carentes de agua y alimentos, muchos de ellos deambulando en tierra de nadie. Es imprescindible emprender sin dilación una lucha a fondo contra las mafias que explotan la miseria y una acción internacional concertada para devolver a los ilegales en condiciones dignas a su lugar de origen. La demagogia conduce por definición a resultados lamentables. En el fondo de estas avalanchas se encuentra un real o supuesto efecto llamada sin duda malinterpretado por algunos como una promesa de algo que ni España ni el mundo desarrollado en su conjunto están en condiciones de ofrecer. PARIDAD FORZADA H ASTA ocho reuniones celebraron el pasado septiembre Gobierno y agentes sociales para tratar de desbloquear la reforma laboral. Objetivo frustrado por la polémica Ley de Igualdad que ultima el Ejecutivo y la regulación de subcontratas. Especialmente polémica resulta la primera, auténtico caballo de batalla de las negociaciones. Los empresarios se cierran en banda y consideran una intromisión un artículo en el que se obligaría a las empresas de más de 250 trabajadores a igualar la participación de hombres y mujeres en todos los niveles, desde los inferiores a los consejos de administración. Paridad a la fuerza.