Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
ABC DOMINGO 9 10 2005 Nacional 19 bre estas entidades de ahorro, que ahora son sólo de la Administración central. ¿Qué supone esta situación? La ruptura del sistema financiero español, ya que pueden decidir sobre la constitución del consejo de administración y convertir las cajas en entidades privadas o públicas, a su antojo. En la actualidad, existe una Ley Financiera, de ámbito estatal, que es un principio básico que rige sobre todas las cajas de ahorro. En ella se indica quiénes forman parte del consejo de administración y en qué porcentajes. Si la Generalitat decidiera aumentar la presencia pública en las Cajas, éstas quedarían en manos de las instituciones. Este artículo va en contra de la Constitución, que en su artículo 149 recoge que es ley básica y que no cabe en el sistema legislativo español. Este es uno de los artículos del Estatuto que se podrían enmendar en su tramitación en el Congreso de los Diputados. La patronal de Cajas ya ha anunciado la creación de una comisión en el seno de la organización, para hacer oír su voz ante una circunstancia que puede provocar una situación financiera donde unas Cajas sean totalmente privadas y otras completamente públicas. SISTEMA DE FINANCIACIÓN CAPACIDAD NORMATIVA SOBRE TODOS LOS TRIBUTOS, TAMBIÉN SOBRE LOS ESTATALES Un concierto económico insolidario con las regiones pobres El sistema de financiación propuesto por el Estatuto rompe todas las reglas del juego actuales. La Generalitat recaudaría, gestionaría, tendría capacidad normativa e inspeccionaría todos los impuestos que se pagan en Cataluña, sean o no autonómicos. Después, una comisión bilateral, formada por representantes del Estado y de la Generalitat, decidiría qué parte de esta recaudación aportaría Cataluña al Estado en pago por los servicios prestados y como cuota de solidaridad con el resto de autonomías. Esto supondría que Cataluña podría tener impuestos diferentes, incluido el Impuesto de Sociedades, y podría hacer competencia fiscal al resto de España. Esta posibilidad, coinciden en señalar todos los expertos consultados, atenta contra el principio de unidad de mercado consagrado por la Constitución. Además se producirían paradojas como que empresas que desarrollan su actividad en todo el territorio nacional y tienen su sede en Cataluña, pagarían allí el tributo y la Generalitat consideraría suyos estos ingresos. Se trata, además, de una propuesta insolidaria, ya que los mecanismos de apoyo al resto de autonomías se definen desde Cataluña y tienen, en todo caso, un carácter transitorio, ya que se establece un tope de quince años para alcanzar la financiación per cápita del cupo fijado en el País Vasco. Para calcular la cuota de solidaridad, el Gobierno catalán exige que se tengan en cuenta aspectos como el esfuerzo fiscal de los ciudadanos. Lógicamente, los contribuyentes de Cataluña, como los de Madrid o Baleares, al tener rentas más altas, pagan más. Si se tiene en cuenta este esfuerzo para fijar la cuota de solidaridad Cataluña aportará mucho menos al resto de España de lo que hace ahora. Y las regiones que más perderían, y en eso también hay unanimidad entre los economistas consultados, serían Andalucía, Extremadura y Castilla- La Mancha. Horarios comerciales Hacia la ruptura del mercado nacional y la creación de uno catalán Regula, sin límite, cuándo y cómo abren los comercios Con el articulado relativo al comercio, el Estatuto catalán quiere ya asumir completamente las competencias en esta materia, que le darían plena libertad para decidir sobre el horario de apertura del comercio y de las grandes superficies comerciales. Un asunto sobre el que, en la actualidad, debe someterse a la ley estatal, que establece un mínimo de aperturas en domingos y festivos, que se ven obligados a cumplir. Si llegara el caso de que la Generalitat no estuviera sometida a ninguna norma estatal, el caos normativo en el conjunto del territorio supondría la ruptura de la unidad del mercado nacional. En la actualidad, Cataluña ha apostado por una política restrictiva contra las grandes superficies, en favor del pequeño comercio. Además, sería la Administración la que regulara, sin ningún límite, cómo, cuándo y dónde se pueden instalar las grandes superficies, ya que sería competente en la clasificación y la planificación territorial de los equipamientos comerciales y la regulación de los requisitos y del régimen de instalación, ampliación y cambio de actividad Otro de los aspectos claves relativos al comercio es la obligatoriedad del etiquetado en catalán de los productos. Transporte Los trenes, también bajo su competencia Dueños de puertos, aeropuertos, carreteras y red ferroviaria La Generalitat quiere ser dueño y señor de todas las infraestructuras situadas en Cataluña, sean estatales o autonómicas, siempre y cuando no tengan calificación de interés general por ley del Estado. Esta calificación requerirá el informe previo de la comisión bilateral Generalitat- Estado. Pero, además, en su articulado, asegura que su competencia es exclusiva en materia de red viaria en toda Cataluña, con independencia de su titularidad y calificación. Además, la Generalitat quiere emitir un informe si hay una modificación del régimen económico y financiero de los elementos que integran la red viaria de Cataluña, siendo su posición determinante para el Estado. En materia ferroviaria quieren la exclusividad sobre todas las infraestructuras de titularidad estatal situadas en Cata- luña. El intervencionismo del Gobierno autonómico se extiende también al ámbito de la industria, donde se reserva la competencia exclusiva, y la de la energía. Turismo Creación de oficinas de turismo catalán en el extranjero Certifican el final de la Red de Paradores Nacionales El Estatuto catalán certifica el fin de la red de Paradores Nacionales, ya que la Generalitat quiere las competencias exclusivas en materia de turismo, incluyendo la regulación y clasificación de estos establecimientos ubicados en Cataluña. En esta línea, van más allá y llegan a adjudicarse la promoción del turismo, incluyendo la suscripción de acuerdos con entes extranjeros y la creación de oficinas en el extranjero. Relaciones laborales Apuesta por un marco de relaciones laborales propio Adiós a la unidad de negociación en los convenios colectivos Los convenios colectivos se negociarán en Cataluña al margen del resto de España, ya que el artículo 170 afirma que la Generalitat tendrá competencia ejecutiva en materia de trabajo y relaciones laborales incluyendo un marco de relaciones laborales propio Por lo tanto, se pierde la unidad de negociación en las relaciones laborales. El Ejecutivo catalán quiere tener, además, competencias ejecutivas en el control de las agencias de colocación con sede en Cataluña, en las políticas activas de ocupación, que incluyen la formación de los demandantes de ocupación y de los trabajadores en activo y el control de la legalidad. También se reserva la Generalitat la competencia exclusiva sobre inspección de trabajo en la función pública. Propone un marco laboral propio, regular sin límites los horarios comerciales y más control ambiental Medio Ambiente Vuelta de tuerca en la protección del medio ambiente Mayor control medioambiental en la emisión de olores La regulación en materia de medio ambiente supone una vuelta de tuerca más a la presión que ya existía en la comunidad autónoma. En el Estatuto, se atribuye la competencia para el establecimiento de normas adicionales de protección. El mayor control medioambiental puede derivar en la fuga de empresarios, ante la obligatoriedad de realizar inversiones para cumplir con estos controles. Además, se fijan competencias en la aprobación del estudio de impacto ambiental en las actividades que se desarrollen en su territorio, con independencia de la administración competente; y competencias exclusivas en materia de espacios naturales, declarando las figuras de protección y gestionando los espacios naturales. Actualmente, la declaración de parque natural es competencia estatal. Llegado el caso, no descartan participar de forma autónoma en las entidades internacionales que ejercen funciones meteorológicas.