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18 Nacional DOMINGO 9 10 2005 ABC ESTATUTO DE CATALUÑA (Viene de la página anterior) en cualquier caso, revocable. Sin embargo, el Estatuto se atribuye una serie de competencias capturándolas unilateralmente por la vía de ese artículo. Es decir, quiera o no el Estado. Ocurre con la gestión de puertos y aeropuertos, el dominio público radioeléctrico, la red viaria, la extranjería, aspectos del tráfico, las consultas populares o la fijación de la planta judicial. Por otro lado, el Estatuto exige la reforma de varias leyes del Estado para que el Estatuto goce de plena efectividad es el caso de la ley del Tribunal Constitucional, de Estatuto del Ministerio Fiscal, de la Ley del Poder Judicial, de la Ley Electoral, de la Ley de la Administración General del Estado... La columna vertebral del Estado, en pocas palabras. ción, los objetivos de estabilidad presupuestaria, y el resto de temas que afectan a las relaciones entre el Estado y las Comunidades, el Estatuto establece un sistema de negociación bilateral, a través de la Comisión Mixta para Asuntos Económicos y Fiscales Estado- Generalidad Esta comisión tiene una presidencia rotatoria y su modelo de funcionamiento pone en pie de igualdad al Estado y a la Comunidad autónoma de Cataluña, como si se tratase no ya de un modelo federal, sino de una confederación de Estados soberanos. En este aspecto recuerda al plan Ibarretxe La Generalitat recaudará todos los impuestos que se paguen en Cataluña y, de forma bilateral con el Gobierno, negociará cuánto aportará al Estado Parlamento catalán atribuye al Gobierno autonómico la capacidad legislativa para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales. Esta referencia a la regulación de las haciendas locales tiene, por tanto, visos de inconstitucionalidad, según fiscalistas consultados. Éstos denuncian, además, que el Estatuto supone un atentado a la autonomía financiera de los municipios catalanes dado el excesivo carácter regulatorio e intervencionista que destila toda la propuesta. Fondos europeos Considera como propios los ingresos que provienen de la UE Haciendas Locales El Gobierno autonómico se atribuye competencias en los tributos locales Cataluña decidiría con el Estado qué fondos se destinan a la Comunidad Cataluña considera como propios los ingresos que el Estado le aporta y que provienen de la Unión Europea. Según la regulación comunitaria es España, como Estado miembro, quien recibe estos ingresos, y quien después hace el reparto entre las distintas Comunidades autónomas. El Estatuto pretende que el porcentaje de participación de Cataluña en la distribución territorial de los fondos estructurales se negocie en la citada Comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado- Generalitat. Por lo tanto, algo que ahora es competencia del Estado pasaría al ámbito bilateral. Este punto, advierten algunos economistas, debería ser inadmisible ya que supondría favorecer la aplicación de los fondos comunitarios en Cataluña en detrimento de otros territorios. Agencia Tributaria catalana Quitará a la Agencia estatal su potestad de recaudar e inspeccionar los tributos Los Municipios catalanes verían mermada su autonomía La Constitución deja en manos del Estado la regulación de las Haciendas Locales, pero el Estatuto aprobado por el AGUA DECIDIR EL TRASVASE DEL EBRO Vía abierta al fraude fiscal y más obligaciones para los contribuyentes Mientras los veinticinco países que componen la Unión Europea se plantean crear una Agencia Tributaria común, que permita una lucha más eficaz contra el fraude fiscal en un mundo cada vez más globalizado, el Estatuto catalán prevé la creación de una Agencia que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Cataluña, ya sean autonómicos o estatales, e incluso los locales, si así se lo requirieran los Ayuntamientos. De este modo, no sólo se roban competencias a la Agencia estatal, sino que, como coinciden en señalar economistas, inspectores de Hacienda e incluso como se ha advertido desde el Ministerio de Economía en numerosas ocasiones fraccionar la Agencia Tributaria estatal supondría pérdida de información, incremento de obligaciones para los contribuyentes y una merma de la eficacia en la lucha contra el fraude Además, se produciría una merma de la recaudación de impuestos tanto en el conjunto de España como en la Comunidad catalana. Inversiones del Estado en Cataluña Deben equipararse al peso del PIB regional en el conjunto de la economía española Anula al Estado para negociar una posible llegada de agua de Francia Si el Gobierno español tuviera que aprobar hoy un trasvase como el del Ebro, con la actual redacción del Estatuto catalán, la Generalitat tendría que emitir un informe favorable. Y ello sería así, porque el artículo 117 establece que la Generalitat debe emitir un informe determinante para cualquier propuesta de trasvase de cuencas que implique la modificación de los recursos hídricos de su ámbito territorial. El Ebro desemboca en Tarragona, con lo que, en caso de trasvase, el Gobierno español estaría supeditado a lo que dijera el catalán. Pero, además, la Generalitat va más allá, ya que se atribuye la competencia para ejecutar y regular la planificación hidrológica de los recursos hídricos que pasen o finalicen en Cataluña provenientes de territorios de fuera del ámbito estatal español. ¿A qué se refiere el Gobierno catalán? Pues al río Ródano, que desemboca en Francia. Una vieja aspiración de los nacionalistas es el trasvase de agua desde el sur de Francia a su territorio, a través de una tubería, pero siempre ha chocado con el Estado español. Además, quieren participar en la gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, hasta ahora de ámbito estatal. La Generalitat condiciona el Presupuesto estatal El Estatuto establece condiciones a las inversiones estatales en Cataluña. Asegura que éstas deben tender a equipararse progresivamente a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado y va más allá e incluso asegura que deben tenerse en cuenta los déficit acumulados en años anteriores. El texto establece que se debe constituir una comisión, integrada por las administraciones estatal, autonómica y local, eso sí, presidida por la Generalitat, que debe programar las inversiones estatales en infraestructuras, al menos un mes antes de la presentación en las Cortes Generales de los presupuestos del Estado. De este modo, la Generalitat limita la capacidad de decisión del Gobierno español sobre los Presupuestos del Estado. Es decir, si no se invierte lo que pide el Ejecutivo catalán se crea un conflicto para aprobar el Presupuesto estatal. Además, vuelve a ser una propuesta insolidaria con el resto de las autonomías. La única forma de que los territorios más pobres converjan con los más ricos es invertir más en ellos, de modo que puedan mejorar sus infraestructuras y crecer más. Si el Estado, en lugar de jugar un papel de redistribución invierte en función del PIB, las diferencias entre las regiones más ricas y las más pobres será cada vez mayor. Lo que propone Cataluña es lo contrario de lo que se exige en Europa. Cajas de ahorros El Estatuto establece quién forma parte de los consejos de administración Decisión sobre si una Caja es totalmente pública o privada Los negros presagios que lanzó el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el de la Confederación Española de Cajas de Ahoros, Juan Ramón Quintás, en relación a las Cajas de Ahorro, se han cumplido. La Generalitat quiere tener competencias exclusivas so- Comisión mixta de asuntos fiscales Cataluña negociaría de forma bilateral con el Estado sus intereses económicos Al estilo del plan Ibarretxe propone una relación de igual a igual Frente al actual sistema de relaciones fiscales multilaterales, donde todas las autonomías deciden conjuntamente con el Estado el modelo de financia-