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12 DOMINGO 9 10 2005 ABC Nacional España no firma convenios de readmisión con países subsaharianos desde principios de 2003 Falta acuerdo con Camerún, Gambia, Mali, Senegal y Ghana, de donde procede la mayoría de inmigrantes b Rabat, que ha incumplido de for- ma sistemática sus compromisos, tiene la llave para la devolución de los sin papeles si atiende a la petición del Gobierno español C. MORCILLO M. A. BARROSO MADRID. En 2003, España firmó acuerdos con Mauritania y Guinea- Bissau para la readmisión de sus inmigrantes. Desde entonces, el intento por ampliarlo a otros países subsaharianos ha sido una travesía en el desierto similar a la que emprenden los sin papeles en busca de su sueño europeo, con la diferencia de que algunos de éstos lo consiguen. No hay convenios con los seis mayores donantes de clandestinos: Camerún, Gambia, Guinea- Conakry, Mali, Senegal y Ghana. Con los dos últimos existe una colaboración operativa que el Gobierno intenta formalizar a marchas forzadas. Pero el sarampión viajero se extiende poco a poco a otros países africanos donde la pobreza no es una opción- -como la República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Liberia, Níger, Sierra Leona y Togo- así que los problemas se acumulan en los Ministerios de Exteriores y de Trabajo, que son los que coordinan las negociaciones. La crisis desatada con los asaltos a nuestras fronteras de Ceuta y Melilla ha vuelto a poner en cuestión este asunto esencial: si no hay acuerdo de readmisión, los inmigrantes ilegales se quedan en España. El traslado de esta semana a Marruecos ha sido la única excepción. He aquí las claves de este viaje sin retorno. gestionados por Trabajo a través de ONG, hasta que éstos se colapsan, como ha ocurrido ahora. En el caso de las pateras que arriban a Canarias, los sin papeles a los que se les abre procedimiento de expulsión ingresan en los centros de retención o internamiento un máximo de 40 días. Dos inmigrantes charlan en el Centro de Internamiento de Melilla AFP Acuerdo con 16 países Por orden de antigüedad, estos son los países con los que España ha firmado convenios de readmisión: Marruecos (13 de febrero de 1992) Portugal (15 de febrero de 1993) Rumanía (29 de abril de 1996) Bulgaria (16 de diciembre de 1996) Lituania (18 de noviembre de 1998) Eslovaquia (3 de marzo de 1999) Letonia (30 de marzo de 1999) Estonia (28 de junio de 1999) Italia (4 de noviembre de 1999) Nigeria (12 de noviembre de 2001) Polonia (21 de mayo de 2002) Argelia (31 de julio de 2002) Francia (26 de noviembre de 2002) Guinea- Bissau (7 de febrero de 2003) Mauritania (1 de julio de 2003) Suiza (17 de noviembre de 2003) parte del periplo a pie. Entre las numerosas mordidas que padecen, llegan a pagar más de 100 euros a las mafias por cruzar la frontera de Marruecos. Una vez en este país, les quedan dos opciones: las pateras o los asaltos a Ceuta y Melilla. El Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) ha provocado un descenso notable en el número de embarcaciones que inician esta aventura. Pero sólo el anterior fin de semana llegaron 300 sin papeles a las costas canarias y andaluzas, con drama añadido: 5 muertos y 14 desaparecidos. Ahora se han impuesto las avalanchas masivas en la frontera: desde el 26 de agosto, once en Melilla y una en Ceuta, con la participación de más de tres mil subsaharianos y un resultado de 14 muertos. Más de 1.500 individuos se han alojado en el colapsado Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, en cuyo exterior Cruz Roja ha instalado tiendas habitacionales ¿Qué ocurre cuando cruzan la frontera? Los subsaharianos que logran saltar la valla saben que sólo tienen una opción para quedarse en España: conseguir una orden de expulsión, por lo que acuden de inmediato a la Comisaría para obtenerla. Ésta es una de las mayores paradojas de la Ley de Extranjería. Se inicia el expediente de expulsión; entretanto, el afectado no puede ser devuelto a su país si no hay convenio, y la orden se convierte, de hecho, en su pasaporte de entrada. Ese documento administrativo, al tiempo, les impide trabajar legalmente por no poder conseguir papeles (al final de la regularización extraordinaria sí sirvió para acreditar la permanencia en nuestro país) Pocos de estos expedientes culminan con éxito, por lo que ese número de inmigrantes acaba quedándose en España en el limbo de la ilegalidad. Otro porcentaje importante se dirige a países como Francia, Holanda y Bélgica, según la Policía. Con la orden de expulsión, el inmigrante que llega a Ceuta y Melilla es acogido en los CETI (centros abiertos) ¿Se cumplen los acuerdos? España tiene firmados convenios de readmisión con 16 países (ver cuadro) que deben acoger a sus nacionales y- -en algunos casos- -a los inmigrantes que acceden a través de su frontera. Sólo cinco son africanos. En 2004 fueron readmitidos 2.086 ciudadanos de esa zona, si excluimos a los marroquíes, con los que existe un convenio distinto que permite la devolución automática. En 1992 Madrid y Rabat firmaron un acuerdo por el que el Gobierno alahuí debía asumir a los inmigrantes de terceros países que intentaban llegar al nuestro a través de su territorio. Se ha incumplido sistemáticamente y es el que ahora intenta revitalizar el Ejecutivo. Los vuelos a la Península. Cuando los centros se saturan, se ponen en marcha los traslados a la Península para aliviar la presión, tanto en las Ciudades autónomas como en Canarias. En este punto de la travesía se vuelven a dar dos modalidades- -también vigentes tras las avalanchas- que a veces se complementan. Los subsaharianos son enviados en avión o en ferry a los centros de internamiento (hay ocho en toda España) que dispongan de plazas libres hasta agotar el periodo máximo que marca la Ley. La otra vertiente se deriva del conocido como plan Canarias puesto en marcha en enero por el Gobierno tras la denuncia de los llamados vuelos de la vergüenza Entonces se presupuestó una partida para que los extranjeros irregulares no fueran abandonados a su suerte en las calles de distintas ciudades, concluido el internamiento. Ese plan se traduce en una acogida temporal en centros de todo el país gestionados por ONG, mayoritariamente Cruz Roja. Se da prioridad a las llamadas situaciones vulnerables pero como en su día señaló la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, la acogida no puede ser indefinida Los apátridas acariciado el sueño de la solución, vuelven al principio del proceso. El Gobierno no ha facilitado cifras de cuántas derivaciones se han llevado a cabo desde que funciona este plan, que se extendió a Ceuta y Melilla en abril tras solicitarlo ambas Ciudades autónomas. El final de la acogida. Tanto el internamiento como la acogida tienen fecha de caducidad, esta última más apremiante. Cuando llega el momento, los subsaharianos vuelven al círculo del peregrinaje y la supervivencia emprendido en sus países. Ahora, con su documento de expulsión como única acreditación. El Gobierno no responde. El Ejecutivo no aporta datos clave en esta historia: se ignora, por ejemplo, cuántos subsaharianos han logrado saltar la valla, cuántos viven de forma irregular en España, cuántos se han beneficiado del proceso extraordinario de regularización, cuántos han sido trasladados este año a la Península- -en 2003 y 2004 fueron más de 6.000 cada año- -y cuántos se han beneficiado del sistema de acogida. ¿Cómo llegan los subsaharianos a España? La ruta principal atraviesa Mali y Argelia, aunque hay una alternativa costera por Senegal y Mauritania y otra interior cruzando Níger. Lo normal es que viajen hacinados en viejos todoterrenos a través del desierto y hagan la última La orden de expulsión es un tesoro puede servir de documento acreditativo en procesos de regularización